'Estamos para lo que venga, no vamos a rendirnos': estudiante de Ayotzinapa

Un mecanismo de investigación internacional, acciones legales contra funcionarios que hayan falseado información, y la insistencia de investigar al ejército, son los nuevos ejes que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa han anunciado para continuar con la búsqueda de sus hijos y esclarecer qué pasó con ellos.

A poco mas de año y medio del terrible acontecimiento que dio la vuelta la mundo, éste no ha sido esclarecido.

El anunció de los padres, se dio en conferencia de prensa este lunes, un día después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) diera a conocer su último informe sobre el caso Iguala, en el que contradice nuevamente la versión oficial del gobierno mexicano, que señala que los estudiantes desparecidos, habrían sido incinerados y reducidos a cenizas en un basurero.

El GIEI abandona el país luego de que se cumpliera la fecha para dar resultados en sus investigaciones respecto a lo que pasó el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, cuando fueron asesinadas seis personas, y 43 estudiantes desaparecieron después de haber sido detenidos por la policía local. Entre la polémica que desató la culminación del trabajo del grupo de expertos, y la negativa del gobierno federal para ampliarles el plazo de la investigación, los padres de familia reaccionaron.

Entre las nuevas medidas que tomarán, destaca la propuesta para la creación de un mecanismo de investigación regido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar seguimiento a las recomendaciones que el GIEI ha hecho a las autoridades mexicanas, las cuales, según los padres, no se han cumplido hasta el momento. Entre ellas se encuentran, ampliar las líneas de investigación y no sólo centrarse en una, investigar a las policías de los tres niveles de gobierno, y atender a las víctimas de los hechos.

En el mecanismo se contemplan visitas periódicas de miembros de la CIDH a México para revisar el estado de las investigaciones, reuniones de alto nivel con representantes del Estado, y el acceso a la información que se tiene sobre los hechos, de manera directa, no sólo a través de documentos.

"Nosotros estamos solicitando que sea el mismo presidente de la CIDH [James L. Cavallaro] el encargado del mecanismo, además también exigimos que a éste se integre a un miembro del GIEI", declaró Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Organización que acompaña el caso.

"Solicitamos un mecanismo del mayor nivel del sistema interamericano que venga periódicamente a nuestro país, para investigar los hechos y ver que se atienda a las victimas", expresó Patrón.

Por su parte, los padres señalaron: "No confiamos en que el gobierno realmente tome en cuenta las sugerencias del grupo de expertos, por ello se necesita crear el mecanismo que vigile que éstas se cumplan, y se avance en la verdad sobre el caso".

En entrevista para VICE News, Emiliano Navarrete padre del estudiante desparecido, José Navarrete, mencionó que estas medidas se toman no sólo porque el GIEI ha puesto en evidencia las irregularidades de la investigación gubernamental, sino que también lo han hecho el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuyos integrantes denunciaron que las autoridades mexicanas no habían tratado las pruebas periciales de manera adecuada; y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que señaló hace unos días, que la Policía Federal está involucrada en los hechos, sin que el gobierno lo hubiera tomado en cuenta.

"Nos sentimos respaldados tanto por el GIEI como por el EAAF, por ello vamos a seguir teniendo contacto con ellos para buscar la verdad en esto. Debemos de organizarnos junto a la sociedad para movilizarnos, pero también vamos a seguir insistiendo por la vía jurídica, si el presidente de la República tiene voluntad política para resolver esto, se va a acercar a nosotros", expresó Navarrete.

Asimismo, los padres junto con sus asesores legales y organizaciones que los acompañan, plantean la necesidad de "proceder legalmente contra los funcionarios que han cometido irregularidades respecto a la investigación", entre éstas mencionan el hecho de mentir en las declaraciones, falsear el expediente, e interrogar a supuestos culpables sin apego al debido proceso legal.

"Desde septiembre pasado los padres señalaron la necesidad de crear una oficina para generar una investigación de responsabilidades internas, contra los funcionarios públicos que resulten responsables por obstrucción de la justicia, por posible fabricación de evidencias, y por posible tortura, para crear una teoría entorno al caso", explicó a la prensa Mario Patrón.

"Además, con los videos del día de ayer, tenemos diligencias que no están integradas en la averiguación previa y que por tanto son violatorias de debido proceso", señaló en referencia a un video difundido por el GIEI en el que se ve a funcionarios gubernamentales manipulando evidencia pericial — huesos — el 28 de octubre de 2014, sin que eso haya sido reportado en el expediente del caso. Es más, las autoridades argumentaron, según los padres, que esas pruebas las encontraron un día después.

El encargado de la investigación en ese momento era Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la dependencia encargada del área de la inteligencia en la Procuraduría General de la República (PGR), institución encargada de la investigación.

"Son irregularidades gravísimas que serían inaceptables en cualquier otro país, porque en el video se muestra que se mintió en el expediente, ya que la PGR llegó al lugar de los hechos un día antes de lo que se refiere por escrito. Además, el titular de la AIC entrevistó, sin la presencia de algún defensor legal, a uno de los inculpados, que posteriormente presentó lesiones", mencionaron los asesores legales de los padres de familia.

El 7 de noviembre de 2014, Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR mostró un video en el que, efectivamente, se ve a Zerón de Lucio entrevistando a supuestos responsables de la desaparición de los estudiantes, sin mediación de algún abogado defensor. Los presuntos asesinos narran con detalle ante la cámara cómo incineraron a los 43 jóvenes. En estas declaraciones se basó la llamada "verdad histórica" del gobierno mexicano. No obstante, los supuestos responsables mostraron huellas de golpes y heridas en su cuerpo.

Zerón de Lucio trabajó en 2007 para la Policía Federal pero fue destituido por fallas operativas en el seguimiento de un convoy con hombres armados que recorrieron buena parte del norte del país sin ser detenidos, según se dio a conocer en distintos medios de comunicación locales. Además, ha sido involucrado en investigaciones periodísticas, con la empresa de espionaje italiana Hacking Team, la cuál ha trabajado para el gobierno de México.

Finalmente, Nicolás Andrés, otro de los padres de familia, comenta que una de las principales trabas que pusieron las autoridades mexicanas al trabajo el GIEI, fue impedirles entrevistar a los militares que se encontraban el día de la desaparición masiva en el lugar de los hechos.

"El presidente Peña Nieto, nos dijo que también se iba a cuestionar a los militares, y no se hizo, por eso insistiremos en que es algo importante para que tengamos certeza de lo que pasó", señaló Nicolás.

En ese sentido, los asesores legales también hicieron evidente la necesidad de investigar al ejército mexicano, en concreto al Batallón 27 de infantería, con sede en Iguala, Guerrero, lugar de los hechos, ya que se tiene conocimiento de que al menos siete de los celulares que portaban los jóvenes ese día, se mantuvieron activos horas y días después de su supuesta incineración.

Ángel Mundo, representante estudiantil de Ayotzinapa menciona que a pesar de que el GIEI se retira, ellos se quedan. "Está en nuestra manos seguir peleando tanto en la parte política como en la cuestión legal. No creemos en las instituciones gubernamentales, en los que inventaron la verdad histórica, en los que nos querían entregar cuerpos que no eran de nuestros compañeros, por ello necesitamos supervisión internacional".

"En estos momentos la policía tiene cercados a mis compañeros y les impide llegar a Chilpancingo, Guerrero [capital del estado] para protestar legítimamente contra la salida del GIEI obligada por el gobierno. Hay retenes de fuerzas estatales y federales, pero estamos para lo que venga, no vamos a rendirnos sino a continuar adelante", concluyó.

Sigue a Rogelio Velázquez en Twitter: @roger_velav

_Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs_