La estrategia de lucha contra las drogas en México ha sido ineficiente, opinan expertos

La Asamblea General de las Naciones Unidas lleva a cabo esta semana una sesión especial para discutir la política global de drogas. Se trata de una reunión crucial para los países que están en medio de una guerra contra los cárteles, a la cual el presidente de México, Enrique Peña Nieto, había dicho que no asistiría.

Luego de una lluvia de críticas por el anuncio de su ausencia, a principios de este mes, el mandatario cambió de planes e informó que iría al cónclave en Nueva York, Estados Unidos, a presentar "la postura de México".

La inicial falta de entusiasmo del presidente por asistir a la conferencia fue extraña, ya que pocos países han sido tan afectados como México por la guerra contra las drogas y, consecuentemente, estarían en una posición privilegiada para proponer políticas alternativas.

Desde que el antecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, declaró en 2006 una campaña en contra de los cárteles de las drogas del país, más de 100.000 mexicanos han muerto. Esa cifra es similar al total de muertes de civiles en Iraq y Afganistán combinadas durante el mismo período.

Incluso, Calderón insinuó hacia el final de su presidencia que era tiempo de explorar otros métodos para combatir el tráfico de drogas. Fue su gobierno, junto con el de Guatemala y Colombia, el que solicitó que la sesión especial de la ONU sobre drogas se adelantara al 2016, cuando originalmente estaba prevista para 2019.

Sin embargo, la rectificación de último minuto de Peña Nieto para asistir a la reunión no significa que esté dispuesto a cambiar las políticas a las que muchos culpan de incrementar la violencia y que tienen poco impacto en el flujo de drogas a otros países o en el consumo local. El método mexicano también ha sido señalado por consentir los descarados abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del país.

A más de la mitad de su sexenio, el presidente ha hablado de llevar paz al país, pero, hasta el momento, sólo ha partido de una estrategia establecida de forma débil, ineficiente y a menudo, superficial.

"En cuanto a la política de drogas, solamente se habla por hablar, pero no han hecho algo", opinó Alejandro Hope, destacado experto en seguridad de México. Hope apunta al enfoque continuo del gobierno por las acciones militarizadas que tienen el propósito de capturar a los capos más peligrosos para después "presumir" que los aprehendieron.

Esta es una táctica característica del gobierno de Enrique Peña Nieto, al igual que lo fue para la gestión de Felipe Calderón.

En 2009, Calderón se jactó de la muerte del líder del poderoso Cártel de los Beltrán Leyva, Arturo Beltrán Leyva, a manos de la marina mexicana, en un tiroteo al puro estilo de Scarface. Peña Nieto se comportó de la misma forma cuando su gobierno capturó por segunda ocasión al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

Hope también mencionó que bajo el mandato de Peña Nieto, la cooperación con Estados Unidos ha sido tan sólida como lo fue durante la administración de Calderón, aunque "más discreta y de alguna forma más centralizada".

Por ejemplo, el gobierno mexicano insistió en que los Estados Unidos no se involucraron en la última captura de El Chapo en enero de este año, aunque diversos periodistas especializados en el tema han confirmado la ayuda extranjera.

Sin embargo, la estrategia tiene una desventaja visible desde el comienzo: algunas de las disputas más violentas por la guerra contra las drogas en México se han dado después de los arrestos o muertes de capos de renombre. Dichas acciones tienden a desencadenar intentos por parte de miembros menores de los cárteles para subir en la organización o incursiones de otros cárteles en el territorio, porque creen que la competencia está débil y sin líderes.

Por ejemplo, la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009 desencadenó problemas internos en su organización y detrás de esas disputas están algunos de los conflictos más sangrientos en el asediado estado de Guerrero. La destrucción del brutal cártel de los Caballeros Templarios en Michoacán por parte del gobierno, al capturar o matar a todos los líderes principales, ha hecho muy poco para consolidar la paz en los viejos bastiones del grupo.

Además, varios miembros de la administración de Peña Nieto también ostentaron puestos importantes en materia de seguridad durante la administración de Calderón. "Tienes a mucha gente en puestos altos y medianos que han estado ahí por mucho tiempo. Son parte del sistema", dijo Hope. "A las mismas personas se les ocurren las mismas ideas".

La incompetencia del presidente — o nula disposición — para implementar nuevas iniciativas ha sido evidente, opinan los activistas, por su evasiva respuesta a la ola de esfuerzos legales en todo el continente en años recientes.

Incluso, México tuvo su propia decisión histórica el pasado noviembre cuando la Suprema Corte dictaminó que, en el caso de cuatro individuos, la prohibición del cannabis era una violación a su derecho constitucional de poder hacer lo que quisieran con sus cuerpos.

El gobierno respondió anunciando cinco foros públicos para debatir las ventajas del consumo de la mariguana. Peña Nieto también dijo que, aunque estaba en contra de la mariguana, estaba abierto a ser convencido en el tema.

Desde entonces, los mandatarios mexicanos de alto rango han dicho que el resultado más probable será el respaldo del gobierno para la legalización de la mariguana con fines medicinales, al igual que para el incremento de 10 a 15 gramos de hierba para que los individuos puedan portar sin ser procesados como criminales.

Todo esto parece un esfuerzo tímido en el contexto de la legalización de la mariguana en Uruguay y varios estados de Estados Unidos. Y desde luego es mucho menos audaz que una propuesta de legalización de la cannabis presentada ante el Senado a principios de este mes. La medida tiene pocas esperanzas de llegar lejos sin el respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece Enrique Peña Nieto.

Tal vez el único ámbito donde el gobierno federal está considerando romper sus paradigmas está relacionado con el crecimiento de la producción de heroína en México y el auge de consumo de heroína en los Estados Unidos.

Un informe interno del gobierno filtrado a la revista Proceso, a principios de este mes, señala la necesidad de crear un mercado legal para la amapola, utilizada en la producción de medicamentos a base de morfina. Sin embargo, sólo se trata de un informe filtrado sin respaldo oficial.

Mientras tanto, la aspiración más grande del gobierno para cambiar la forma en que la guerra contra las drogas se lleva a cabo en México, yace en la propuesta para reemplazar los 1.800 cuerpos policiales de los municipios, por una sola fuerza en cada uno de las 32 entidades del país: el sistema llamado "mando único".

El anuncio de la iniciativa del mando único se dio tres meses después de la desaparición de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero en septiembre de 2014, un crimen supuestamente cometido por la policía municipal coludida con un cártel de la región. A pesar de que la ley sigue atorada en el purgatorio legislativo, ha sido implementada en varios estados.

El plan es todo, menos nuevo. Fue algo trabajado por Calderón, pero bloqueado por el partido de Peña Nieto. De acuerdo a Guillermo Valdés — jefe de la agencia de inteligencia mexicana en la administración anterior — , el plan original se enfocaba mucho más en la necesidad de "limpiar" a la policía, en lugar de simplemente echarle la culpa de los problemas al nivel municipal.

"Lo increíble es que han pasado cuatro años (de la actual presidencia), y seguimos sin tener una clara reforma sobre lo que va a hacer para mejorar a la policía municipal", dijo Valdés a VICE News.

Valdés destacó que Peña Nieto pensó en la idea del mando único como respuesta a la indignación provocada por la desaparición de los 43 estudiantes. Pero la insistencia del gobierno por culpar a las fuerzas municipales corruptas, y la agudización en la crisis de seguridad del país, tomó un giro inesperado esta semana cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló nueva evidencia que también apunta a la participación de la Policía Federal en el crimen de Ayotzinapa, ya que dos elementos de esta corporación se encontraban en el lugar de los hechos el día de la desaparición de los estudiantes.

El experto en crimen organizado global, Edgardo Buscaglia, califica el compromiso del gobierno para debatir la legalización, así como la nueva reforma de la policía, como una mera "distracción".

"Básicamente, lo que Peña Nieto ha hecho es ofrecer un mejor espectáculo, más retoque", dijo Buscaglia a VICE News. "Sin embargo, continúa la misma cantidad de basura política, desgraciadamente".

Peña Nieto ha destacado el compromiso de su gobierno para aplicar plenamente una reforma judicial aprobada en 2008, la cual cambia de un sistema penal basado en documentos y alegatos discutidos a puerta cerrada, a un modelo más abierto y con la inclusión de juicios orales similares al sistema en los Estados Unidos. Pero, hasta ahora, el nuevo sistema aún tiene que dictar mejores decisiones, incluso en casos de violación de derechos humanos.

El analista también recordó las promesas de Peña Nieto para llamar la atención sobre los programas de prevención del delito, pero afirma que los fondos han ido en gran medida a diferentes líderes estatales y municipales. Mientras tanto, hay pocos indicios de que la iniciativa está haciendo algo para detener el reclutamiento por parte de los cárteles, de la población joven vulnerable.

Mientras tanto, el problema más grande de todos, la corrupción política, se deja sin atención, insiste Buscaglia.

"Ellos no están abordando el núcleo del crimen organizado debido a que el núcleo es la política y sus vínculos con la financiación de las campaña políticas", dice el analista, haciendo hincapié en que las mismas empresas legales que financian las campañas están a menudo asociadas con los cárteles.

Según Buscaglia, con el fin de abordar esta cuestión, Peña Nieto necesita crear unidades de investigación económica a nivel estatal coordinadas con la unidad de inteligencia federal. Ellos deben centrarse no sólo en las finanzas, sino también en empresas legales que están trabajando en conjunto con los negocios ilegales, tales como compañías de autobuses en las que también puede haber drogas en movimiento.

"Hay que limpiar el Estado. Las reglas del juego tienen que cambiar y, básicamente, Peña Nieto no ha demostrado en modo alguno que él y su gobierno estén dispuestos a avanzar en esa dirección", dijo. "Cuando se trata de perseguir el núcleo de los negocios del crimen organizado — tráfico de personas, drogas, tráfico de armas, falsificación — , la administración no ha hecho nada nuevo desde la época de Calderón".

El analista sobre delincuencia mexicana, Raúl Benítez, duda que la reunión en la ONU sobre las drogas tenga algún impacto sobre la prioridad del gobierno en tener una estrategia basada en la fuerza. Lamentó especialmente la falta de más esfuerzos para perseguir el lavado de dinero.

"Hay muy pocas investigaciones al respecto. El gobierno de Peña Nieto no quiere investigar, porque muchos de los políticos del PRI están muy involucrados en la narcocorrupción. Sin duda afectaría mucho a su partido", dijo Benítez. "Vamos a verlos combatir el crimen organizado en las calles, pero no hay ningún intento de atrapar a los financieros reales detrás de las drogas".

Hope, el analista de seguridad, también destacó que el presidente de México tiene poco que ganar en el cambio de rumbo en esta etapa del juego — en cualquiera de las direcciones en que sople el viento predominante en la reunión de la ONU ­— porque él no quiere volver a hacer de la lucha contra las drogas un punto focal de su presidencia.

El gobierno de Peña Nieto pasó gran parte de sus dos primeros años de gobierno tratando de conseguir que los medios no hablaran de las drogas y la seguridad, hasta que se hizo imposible ocultar el tema en las noticias.

"No creo que la administración considere ver más allá respecto a las políticas cambiantes, porque [la guerra contra las drogas] no es su problema", dijo Hope. "Incluso si estuvieran tratando este problema, lo harían a un paso lento."

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