Europa condena a España por no investigar torturas a un preso vasco

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo condenó este martes al Gobierno español por no investigar las denuncias de torturas que interpuso el presunto miembro de Ekin — supuestamente vinculado a ETA — , Jon Patxi Arratibel, durante su detención incomunicada en dependencias de la Guardia Civil en enero de 2011.

La organización terrorista ETA anunció en octubre de 2011 el cese definitivo de la lucha armada, poniendo de esta forma fin a 43 años de violencia que ha dejado 829 víctimas mortales. Después de numerosas ilegalizaciones, la izquierda independentista vasca ha vuelto a constituir una fuerza política y está tratando de conseguir la autodeterminación del País Vasco por cauces democráticos.

Según la sentencia de la corte europea, el Estado español vulneró el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos referido a la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.

El TEHD dictamina que la investigación llevada a cabo en este caso "no se hizo a fondo ni fue efectiva" para cumplir con el citado artículo. Una ausencia total de comunicación con el exterior exige "un esfuerzo más importante por parte de las autoridades nacionales para determinar los hechos denunciados".

La sentencia señala que la "situación de vulnerabilidad particular" de los detenidos incomunicados impone la aplicación rigurosa de medidas de vigilancia apropiadas para "evitar los abusos y proteger la integridad física de los detenidos".

"Estoy contento por todas la personas que han sido torturadas y no han tenido la opción de ir más allá de las instancias españolas y llegar a Estrasburgo", manifiesta Patxi Arratibel a VICE News.

"Supone un duro golpe a Madrid y seguiremos insistiendo hasta que se sepa cómo el Estado ha utilizado la tortura sistemáticamente con fines políticos", destaca Arratibel. "Esclarecer y erradicar los casos de tortura es fundamental si queremos que se resuelva el conflicto político en Euskal Herria", subraya este joven de Navarra.

Patxi Arratibel fue detenido en enero de 2011 junto a cuatro personas acusado de formar parte de la organización política Ekin. Finalizada la incomunicación y enviados a prisión, cuatro de los cinco encarcelados denunciaron haber sufrido torturas físicas y psicológicas.

Los denunciantes narraron al juez Grande-Marlaska haber sufrido métodos como "la bolsa" hasta llegar a la extenuación, así como "golpes por todo el cuerpo, simulacros de violación y de aplicar los electrodos" y constantes amenazas contra la familia.

Arratibel quedó en libertad año y medio después. Su denuncia recorrió de manera infructuosa todo el trayecto judicial español y en septiembre de 2013 acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

"El régimen de incomunicación ha facilitado la tortura, la cual ha sido sistemática en todo lo relativo al caso vasco como han demostrado numerosos informes de organizaciones internacionales", denuncia a VICE News, Jon Iñarritu, diputado al Congreso de la fuerza independentista vasca, Amaiur.

Iñarritu señala que "instituciones como la ONU exigen al Estado español que acabe con ese régimen". Además indica que "Madrid nunca ha tomado medidas y siempre se escuda en el famoso manual por el que militantes y activistas vascos tienen órdenes de denunciar torturas. No todas los detenidos denuncian torturas, pero cuando se producen es bajo el régimen de incomunicación". Iñarritu recuerda que "en Francia no se denuncian torturas porque los detenidos no están sujetos a ese régimen de incomunicación".

"Para prevenir denuncias falsas el Estado español solo tiene que seguir el protocolo de Estambul: instalar cámaras en los lugares de detención como obligan los estándares internacionales, acabar con el régimen de incomunicación, poner a disposición del juez a los detenidos en cuanto los soliciten sus abogados y poner médicos de confianza", explica Jon Iñarritu.

La de Patxi Arratibel es la séptima condena de la corte de Estrasburgo contra el Estado español por no investigar las denuncias por torturas. Seis de estos siete casos corresponden a ciudadanos vascos.

La primera condena al Estado español fue en 2004 y hacía referencia a la detención masiva de 45 personas que tuvo lugar en Cataluña antes de los Juegos Olímpicos de 1992 acusadas de pertenencia a la organización independentista catalana, Terra Lliure. En este operativo ordenado por el juez Baltasar Garzón, diecisiete de los detenidos denunciaron haber sido torturados a manos de la Guardia Civil.

En octubre de 2012, el TEDH estimó la demanda de Martxelo Otamendi, exdirector de Egunkaria y director de Berria, y condenó al Estado español a indemnizarle con 24.000 por no investigar suficientemente su denuncia de torturas y no poner los medios necesarios para ello.

"La sentencia deja muy mal al Gobierno español y le otorga muy mala nota a la democracia española. Pero parece ser que a España no le importa mucho porque una detrás de otra sigue acumulando ese tipo de condenas", comenta a VICE News Martxelo Otamendi en referencia dictamen de Estrasburgo por el caso Arratibel.

Ahora el Estado español dispone de tres meses para realizar alegaciones, pero los abogados de Arratibel creen que "Madrid no recurrirá porque Estrasburgo ha dictado sentencia por unanimidad".

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