Falta de vivienda, indolencia gubernamental y pobreza: así se ‘favelizó’ el Valle de México

Mercedes tenía un mes de haber construido su hogar cuando el fuego lo redujo a cenizas. No sólo fue su casa. Las llamas devoraron la mitad de las chozas de cartón, lámina y madera que había en La Cuesta. El milagro de aquel Viernes Santo fue que nadie murió.

Han pasado once años del incendio y la vida de las más de 300 familias de la comunidad sigue siendo precaria. En cuartos de 40 metros cuadrados duermen hasta diez personas. Los niños juegan entre la basura y el excremento de los animales. Los robos, tiroteos y homicidios agravan la situación en una zona donde la policía rara vez entra.

Esta mezcla de miseria y crimen bien puede describir a una favela de Río de Janeiro o una comuna de Medellín. Pero la historia de La Cuesta tiene lugar en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la urbe más poblada del país con 20,1 millones de habitantes.

La ZMVM se compone oficialmente de las 16 delegaciones de la Ciudad de México — la capital del país, antes conocida como Distrito Federal — 59 municipios del Estado de México y otro más de Hidalgo, que conforman su periferia.

Ya sea que se viaje al norte o al sur, al oriente o al poniente, es común ver en la ciudad cerros cubiertos de casas hechas por gente que no puede pagar otro lugar para vivir. Las hay también sobre áreas naturales protegidas y aún cerca de colonias de clase media y alta. Se les conocen como "asentamientos irregulares" en el lenguaje formal; pero coloquialmente estas zonas son llamadas "cinturones de miseria" o "ciudades perdidas".

No existe un dato oficial sobre cuántos sitios de esta clase hay en el Valle de México; pero uno de los estudios académicos más ambiciosos que se ha hecho en el tema, estima que la población que habita en estos lugares creció de 8,5 a 9,4 millones entre 1990 y 2010. Es decir, casi la mitad de los 20 millones de habitantes que viven en la urbe lo hacen en un asentamiento irregular.

Para Priscilla Connolly, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y autora del estudio, los asentamientos irregulares nacen en general con la ocupación de un terreno por familias pobres.

Su trabajo se basa en los datos de los censos y conteos de población y vivienda levantados entre 1990 y 2010, los cuales sirvieron para generar un mapa que muestra la distribución de estos sitios y que se muestra al final del reportaje.

Las formas de ocupación van desde la invasión del predio sin consentimiento del dueño hasta la venta irregular de lotes por los propietarios de la tierra, por personas que se hacen pasar por dueños o por líderes de movimientos organizados que cobran cuotas a las familias para que puedan vivir allí.

Independientemente de la forma de ocupación, estos predios se caracterizan porque en un inicio carecen de infraestructura y servicios urbanos, lo que los hace muy baratos. Con suerte y con el paso del tiempo, experimentan mejorías en la calidad de las viviendas y la dotación de servicios.

En ocasiones, se venden ilegalmente tierras que son propiedad del Estado sobre las que es imposible construir, aunque la gente lo ignora hasta después de comprar el lote.

Éste es el caso de La Cuesta, situada en las faldas de un cerro del municipio de Ecatepec, a veinte minutos del norte de la capital viajando en auto. Aunque se formó hace quince años, sus pobladores no pueden tener agua entubada ni drenaje porque se encuentran sobre una zona federal por debajo de la cual cruzan ductos de gas natural. Instalar esos servicios implicaría dañar los ductos y exponer a la gente a una tragedia.

Para Alfonso Iracheta, director general de Centro Eure, una organización que contribuye a desarrollar soluciones a los problemas que enfrentan las ciudades, la causa de los asentamientos irregulares es económica.

"Nadie ofrece a esta gente desde el gobierno o desde los mercados un lugar legal que puedan pagar de acuerdo a su ingreso", advierte.

–¿El Valle de México se está "favelizando"? –preguntamos a Iracheta.

–-Sí claro, a la mexicana. Yo diría que todas las ciudades del país se están informalizando y en paralelo se están precarizando.

Aunque se trata de un problema serio, no existe un censo con el número exacto de asentamientos irregulares. Iracheta considera que esto es una muestra de que "a nadie en el gobierno parece importarle el problema".

Los datos más actuales que hay son más bien dispersos. En 2008, el gobierno de la Ciudad de México contabilizó 69 "ciudades perdidas". En 2014, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) contó 867 asentamientos irregulares sólo en suelo de conservación, es decir, en áreas destinadas a la preservación de la naturaleza y actividades agroforestales.

En la periferia, el Programa de Ordenación de la ZMVM actualizado a 2011 indica que 53 de los 59 municipios mexiquenses tienen asentamientos irregulares que albergan poco más de 95.000 lotes.

Vivir en la capital es un lujo que muy pocos pueden pagar. Cifras del portal inmobiliario Metros Cúbicos muestran que el metro cuadrado de una casa en venta puede ir de los 9.322 pesos a los 38.271 pesos [de 494 a 2.028 dólares], dependiendo la zona. Una casa de 60 metros cuadrados costaría entre 559.000 y 2.300.000 pesos [de 29.628 a 121.903 dólares].

Pedir un crédito bancario para el inmueble más barato al que hacemos referencia requiere comprobar ingresos de por lo menos 9.700 pesos mensuales [514 dólares] de acuerdo con un simulador de crédito hipotecario. El 62% de las personas que trabajan en la ciudad ganan menos que eso.

A esto hay que agregar que la mitad de los trabajadores del Valle de México labora en la informalidad, por lo que tampoco tienen derecho a los créditos que ofrecen los organismos públicos de vivienda.

A decir de los especialistas, el Estado dejó en manos privadas la política de vivienda. Las empresas, por supuesto, construyen casas para quienes sí pueden pagar.

Sólo el año pasado se financiaron 20.200 viviendas nuevas en la Ciudad de México, pero apenas 800 fueron para familias pobres. En cambio, la mitad eran de clase media y residencial.

En la periferia hay más vivienda económica gracias a los subsidios federales destinados a ese propósito. Una de cada dos casas nuevas se hizo pensando en la gente de bajo ingreso, pero aún es insuficiente.

México se está urbanizando a pasos muy acelerados. De acuerdo con Iracheta, casi todo el crecimiento demográfico hasta 2050 se dará en las ciudades, y "más de la mitad de esta diferencia va a ser población muy pobre, la pregunta es dónde se va a asentar. Ya lo estamos viendo, en lugares irregulares".

Quienes llegaron a instalarse en La Cuesta, lo hicieron porque ya no podían pagar el lugar donde antes vivían. La historia de este asentamiento irregular es la regla, más que la excepción. Ahora viajamos al sur de la ciudad para comprobarlo.

En una pequeña comunidad llamada Tlalpizaltli conocemos a Karen y Alberto. Hace dos años que el matrimonio se mudó a este lugar porque el dinero ya no les alcanzaba para seguir cubriendo la renta del cuarto que alquilaban.

Tlalpizaltli es un asentamiento irregular en la delegación Xochimilco y se encuentra sobre suelo de conservación. Comparado con La Cuesta, la vida aquí es más llevadera.

La vegetación y la tranquilidad que se siente al estar lejos del ajetreo cotidiano de la ciudad, atenúan la pobreza en la que vive su gente, aunque no por eso deja de ser severa.

Hace 30 años llegaron sus primeros pobladores y hoy les sigue faltando casi todo. No tienen agua entubada y tampoco pueden consumir la del río que corre a un costado porque está contaminada.

Los vecinos "jalan" el agua desde la tubería que pasa por la carretera más cercana usando mangueras improvisadas por ellos mismos. Con todo, el líquido sólo llega cada tercer día.

En lugar de drenaje, cuentan con fosas sépticas. Energía eléctrica sí tienen, pero corren el riesgo de que se las corten porque ya deben más de 200.000 pesos [poco más de 10.000 dólares].

El gobierno olvidó a la gente de La Cuesta y Tlalpizaltli. De no ser por los proyectos que llevan a cabo organizaciones civiles como TECHO, su calidad de vida sería igual a la de cuando se formaron.

TECHO construye casas de madera que denomina "viviendas de emergencia". Dulce Colín, directora de comunicación de la organización, explica que se llaman así porque son una solución inmediata al problema de vivienda precaria de la gente, aunque no es una vivienda adecuada.

Para que sea adecuada, una casa debe cumplir con seis requisitos: tener un tamaño y materiales de construcción apropiados; disponer de luz, agua y drenaje; contar con espacios públicos de calidad; estar cerca de escuelas, hospitales y fuentes de trabajo; que sus habitantes tengan la seguridad jurídica de que nadie los va a desalojar y, finalmente, que su pago no comprometa la satisfacción de otras necesidades.

Karen y Alberto ocupan una de estas viviendas. Antes, ellos y sus dos hijas vivían con los padres de Karen hasta que la ONG hizo la nueva casa para separar los dos núcleos familiares.

En La Cuesta, las autoridades municipales impidieron que TECHO construyera las viviendas, así que fueron los propios vecinos quienes aprendieron a armarlas con el material que la organización les dejó.

Cuando cae la noche, las mujeres de Tlalpizaltli tienen miedo de pasar por el largo callejón que comunica al predio con la carretera. Y es que al lugar acuden personas extrañas que aprovechan la ausencia policiaca para drogarse y esconderse entre la hierba crecida para robar y acosar a las más jóvenes.

En La Cuesta la situación es peor. "Hay balaceras por aquí, por la avenida, asaltos en el día y en la noche, a todas horas es eso y con arma de fuego…

"Allí enfrente [en un terreno baldío] mataron a uno. En toda esa zona donde están las torres de alta tensión hacia abajo los dejan o allí mismo los matan", cuenta Balbina, habitante de la comunidad desde que se formó.

Debido a estos problemas, la gente de La Cuesta también tiene que luchar contra la estigmatización.

"Nos culpan de todo a nosotros, dicen 'esos de las casitas son unos malvivientes, unos rateros'. No te voy a decir que aquí no pasa nada pero piensan que todos somos iguales", se lamenta Balbina.

Terminamos nuestro recorrido por La Cuesta, cuando una madre de familia insiste por quinta ocasión en transmitir su súplica: "Queremos que el gobierno volteé a ver más que nada a nuestros niños, porque a nosotros no nos ven".

La gente de La Cuesta no se aferra a vivir allí. Ellos son conscientes del riesgo que corren. Si tuvieran otra opción se mudarían con gusto, pero hoy no la tienen. Tampoco demandan un terreno regalado, pero piden que les den condiciones para pagarlo poco a poco de acuerdo a sus posibilidades económicas.

Alfonso Iracheta, también investigador de El Colegio Mexiquense, presentó hace tres años una propuesta al gobierno mexicano para crear el Instituto Nacional del Suelo.

El plan contempla un programa de oferta masiva de lotes habitacionales bien localizados y accesibles a las familias más pobres en todas las ciudades del país, para que no vivan en la irregularidad y mucho menos en zonas de riesgo.

Pero el gobierno no parece tener prisa en resolver el asunto. "Lleva tres años y medio la propuesta y no se hace nada. El problema es que ya tenemos varios cientos de miles más de familias en la irregularidad y el gobierno no decide", advierte Iracheta.

VICE solicitó una entrevista al director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), responsable de impulsar la propuesta presentada por Iracheta, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

El mapa muestra la distribución de los asentamientos irregulares bajo el nombre de "colonias populares".

*Esta es la primera parte de una serie de seis reportajes que buscan analizar los grandes problemas de la Ciudad de México y sus alrededores: falta de vivienda accesible, destrucción de áreas verdes, escasez de agua, tratamiento de la basura, contaminación del aire y ausencia de movilidad.

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