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VICE World News

El Gobierno australiano encierra a aborígenes con discapacidad intelectual en prisiones de máxima seguridad

Una comisión del gobierno descubrió que el país no estaba cumpliendo las obligaciones de derechos humanos cuando permitió que los individuos que no podían ser juzgados en los tribunales sean encarcelados indefinidamente.
Imagen vía Flickr/Michael Coghlan

Una comisión del gobierno declaró el pasado martes que Australia ha fracasado en el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, al permitir que el Territorio del Norte encarcele a personas que no pueden ser juzgadas en un tribunal penal, debido a algún tipo de discapacidad intelectual.

La Comisión Australiana de Derechos Humanos (AHRC) investigó los casos de cuatro hombres aborígenes — identificados como KA, KB, KC, y KD en el informe — no obstante, éstos casos representan potencialmente solo la punta del iceberg.

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Estos casos exponen la lucha actual para gobernar a comunidades distribuidas en extensas zonas de Australia Central, perteneciente a una de las cinco regiones del estado del Territorio del Norte, y la manera en que la burocracia y la justicia del país tratan a las personas con discapacidad intelectual.

Según el informe de la AHRC, KA nació en Titjikala, una comunidad aborigen formada por unas 200 personas en el desierto de Simpson, en el corazón de Australia. La madre de KA aparentemente tenía "importantes discapacidades físicas y cognitivas, lo cual le impidió cuidar de él" cuando nació, y su padre, por otro lado, estuvo ausente durante toda su infancia.

Un pediatra le diagnosticó una discapacidad intelectual a KA cuando apenas tenía 6 años. KA se lesionaba a sí mismo, y era agresivo con otros niños. A los 13 años de edad se le diagnosticó epilepsia y una lesión cerebral. En 2007, ya con 16 años, apuñaló a su tío hasta la muerte con un cuchillo de cocina.

El informe dice que el tío de KA era alcohólico. Vivían juntos en Ltyentye Apurte, una comunidad indígena en el Territorio del Norte de Australia. El proceso judicial contra KA planteaba que la mañana del 17 de julio de 2007, KA escuchó a su tío diciendo que se lo iba a llevar con él a visitar a su tía en Titjikala. KA esperó en casa todo el día, empaquetó su ropa, su medicación y sus video-juegos. Cuando el tío de KA llegó a casa, demasiado ebrio para realizar el viaje, el adolescente supuestamente montó en cólera y cometió el asesinato.

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KA fue declarado como no apto mentalmente para someterse a juicio debido a su discapacidad intelectual. En su lugar, fue sometido a una audiencia especial, en la que el jurado emitió un veredicto declarándole culpable de homicidio con responsabilidad reducida. Un veredicto cualificado, en base a la legislación australiana, no constituye una base jurídica a partir de la cual se pueda hacer una constatación efectiva de culpa en relación con el delito.

A fecha de hoy, KA permanece todavía encarcelado en Alice Springs Correctional Center, una prisión de máxima seguridad que no cuenta con unidad de salud mental ni con el personal adecuado para presos con necesidades especiales. De hecho, si KA hubiese sido juzgado y condenado por homicidio, se le habría impuesto una condena de apenas un año en prisión.

El Territorio del Norte no cuenta con centros forenses de salud mental de larga estancia en la actualidad y, por consiguiente, el gobierno regional decidió en 2002 que si una persona era declarada no culpable debido a una discapacidad intelectual, el tribunal podía decidir, de forma independiente, si liberar a esa persona incondicionalmente o, por lo contrario, hacerle cumplir condena en prisión.

Si una persona es declarada como no apta mentalmente para someterse a juicio debido a una discapacidad intelectual, ésta bien puede ser puesta en libertad bajo supervisión de los servicios de salud mental de la comunidad, o sentenciada a cumplir condena en prisión tras someterse a una audiencia especial.

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Un comité restringido del Senado sobre salud mental en el Territorio del Norte expresó en 2005 su descontento con esta situación:

"Teniendo en cuenta que el encarcelamiento de muchas personas en estas circunstancias es por un período de medio o largo plazo, no hay duda de que estarían mejor atendidas en un entorno más apropiado, seguro y terapéutico, orientado a su rehabilitación y posterior reinserción en la comunidad. Tal entorno no existe en el Territorio del Norte. Establecer un centro de estas características en una jurisdicción tan pequeña requeriría de una inversión de capital y de una financiación operativa muy sustancial".

Después de haber cumplido sentencia varios años en prisiones de máxima seguridad, dos de los cuatro hombres han sido trasladados a un nuevo centro de atención, que abrió sus puertas en 2013. No obstante, KA permanece aún hoy en prisión.

El tutor legal del KA, Patrick Magee, dijo el miércoles en Radio ABC que su transición había sido más difícil porque KA tiene dificultades para entender los límites y las interacciones sociales. Magee expresó su preocupación por el bienestar de KA mientras permanezca entre rejas.

"Se trata de un joven que utiliza la violencia para comunicarse", dijo Magee, "así que cuando está enfadado o se siente frustrado como ahora, por el hecho de estar solo en una celda, golpea su cabeza contra los barrotes de la celda, a veces con tanta fuerza que acaba haciéndose heridas graves, y según consta, hasta ha llegado a perder el conocimiento en repetidas ocasiones. La respuesta de la prisión, — que no es un servicio de apoyo para personas con discapacidad o problemas mentales, sino una prisión de máxima seguridad — es contenerlo física y químicamente. Ahora, afortunadamente, parece que no se intenta autolesionar con tanta frecuencia, pero todavía vemos signos de ello de vez en cuando".

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El gobierno federal australiano que, según concluyó el informe de la AHRC, ha fracasado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, disputa su nivel de responsabilidad, asegurando que ésta es una cuestión que atañe al gobierno del territorio.

La Commonwealth, por su parte, "discrepa profundamente con las interpretaciones de las obligaciones internacionales de Australia en materia de derechos humanos", declaró el Gobierno en respuesta a las conclusiones de la AHRC.

La senadora del Partido Verde, Rachel Siewart, fue el único miembro del parlamento federal que asumió la responsabilidad de tomar las acciones pertinentes desde el gobierno, en base a los resultados del informe.

"La Comisión ha instado al gobierno a que los dos demandantes que aún se encuentran en prisiones de máxima seguridad, sean trasladados a centros adecuados conforme su estado de salud mental, y ha hecho una serie de extensas recomendaciones sistémicas, que la Commonwealth trabajará junto con el gobierno del Territorio del Norte, con el fin de que las personas con discapacidad cognitiva reciban el apoyo que merecen.

"El gobierno tiene la clara obligación de proteger los derechos humanos de todos los australianos, pero esta obligación está siendo ignorada. Pido al gobierno que acepte y promulgue las recomendaciones de la AHRC con carácter urgente".

El resultado de estos cuatro casos, sin embargo, es solo el principio del camino en la búsqueda de la mejor forma de abordar el contexto social, económico y jurídico que metió a estos cuatro hombres aborígenes con discapacidad intelectual en una prisión de máxima seguridad.