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El gobierno mexicano obstruyó la verdad del caso Ayotzinapa: grupo de expertos

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se va de México con un último informe repleto de acusaciones de bloqueos deliberados, dilaciones sospechosas y omisiones por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Imagen por Miguel Tovar/Getty Images
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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se va de México con un señalamiento explosivo: el gobierno de Enrique Peña Nieto obstruyó su trabajo para impedir que se conociera la verdad en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa.

Este domingo, el grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó "Informe Ayotzinapa II, Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas", su segundo y último reporte antes de abandonar al país el siguiente sábado, luego de que el gobierno mexicano les negara una prórroga para continuar sus investigaciones en el país.

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El grupo está en México desde el 2 de marzo de 2015 a petición de las víctimas, quienes querían a especialistas no vinculados con el gobierno en la investigación de sus familiares.

La despedida de los especialistas es un texto de 608 páginas repleto de acusaciones de bloqueos deliberados, dilaciones sospechosas y omisiones de las autoridades mexicanas con el fin de imponer la "verdad histórica" de la Procuraduría General de la República, es decir, que los normalistas fueron entregados por policías municipales de Iguala al Cártel de los Guerreros Unidos y ni la Policía Federal o el Ejército estuvieron involucrados.

Un documental independiente sobre el papel del ejército en Ayotzinapa llega a los cines en México. Leer más aquí.

Pero el nuevo informe truena contra la versión oficial y concluye que durante la agresión a los jóvenes, un espisodio conocido como "la noche de Iguala", sí participaron las Fuerzas Armadas — "El ejército en Iguala conoció los ataques contra los normalistas a través de dos agentes de inteligencia", asegura el informe — y la Policía Federal — "que estuvo presente en al menos tres lugares la noche del 26-27 de septiembre de 2014" — así como la insistencia en que no hay forma de concluir el destino final de los normalistas.

"La lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica de muchas pruebas, las respuestas formales y no sustanciales a muchas de las inquietudes, la falta de formulación en peticiones dirigidas a otras autoridades o entidades involucradas con los hechos, la no investigación de otras líneas de investigación, no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Estas diferentes situaciones demuestran barreras no ocasionales, sino estructurales en la investigación.

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"Un ejemplo de falta de acceso a información es la negativa de la Secretaría de Defensa Nacional de entregar la información vinculada con el caso de Ayotzinapa que le ha sido solicitada por el GIEI", se lee en el texto.

Según el informe, el GIEI tuvo que sortear todo tipo de dificultades puestas por las autoridades: burocracia en el sistema penal mexicano, falta de investigación en violaciones a derechos humanos, fragmentación de procesos, ausencia de medios tecnológicos, deficiencias en inhumación y exhumación de restos óseos, actitud "soberanista" del gobierno, filtraciones a medios de comunicación para perjudicar sus labores, entre otras trabas.

"Con la llegada del GIEI al país, existió un discurso estatal de total apertura y cooperación, que inicialmente facilitó nuestro trabajo. Sin embargo, por el otro lado, algunos funcionarios públicos y sectores de opinión en particular se sintieron amenazados por este nuevo esquema de asistencia técnica proveniente de la comunidad internacional", afirma el estudio. "El GIEI escuchó expresiones como 'no conocen la ley mexicana' o 'acá las cosas se hacen de manera diferente', para descalificar su trabajo".

La viuda de un estudiante de Ayotzinapa brutalmente asesinado pide que se haga justicia. Leer más aquí.

En el pasado, el GIEI ya había dado dolores de cabeza al gobierno mexicano: el 6 de septiembre de 2015 publicó su primer informe, en el cual refutaba la posibilidad de que en el basurero de Cocula, municipio vecino de Iguala, se hubieran quemado los cuerpos de los normalistas para después verter los restos a un río y desaparecerlos. Y dejó ver la posibilidad de que el Ejército mexicano tuviera algún tipo de participación, directa o de omisión, en el caso.

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A partir de ahí, surgió una relación tensa entre la CIDH y el Estado mexicano, que escaló hasta la apertura de una averiguación previa en la Procuraduría General de la República contra el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, por presunto fraude. La acusación fue finalmente desestimada, pero los señalamientos contra una voz crítica al gobierno mexicano fueron ampliamente replicadas en medios de comunicación.

'Estas diferentes situaciones demuestran barreras no ocasionales, sino estructurales en la investigación'.

"El GIEI ha sido sometido a una fuerte campaña mediática que ha incluido numerosos ataques e intentos de descalificación personal a sus miembros. Estas acciones muestran que existen ciertos sectores que no están interesados en la verdad, ni en una relación de colaboración efectiva que ayude realmente a México a enfrentar los problemas de violaciones de derechos humanos con el caso Ayotzinapa que motivaron que el GIEI llegara al país", señala.

"La comunidad internacional puede contribuir a ayudar a superar algunos de los obstáculos que mantienen la impunidad e impiden gozar de una justicia pronta y eficiente respetuosa de los derechos humanos. Pero el papel central es de México, su pueblo y sus instituciones", finaliza el texto de los hombres y mujeres que tiraron la "verdad histórica" del gobierno mexicano.

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