Hablamos de drogas con los partidos españoles. ¿Qué es lo que proponen?

La despenalización del cannabis ha dejado de ser un tema tabú en España. Las dos fuerzas emergentes y con opciones de formar gobierno tras las elecciones generales del próximo 20 de diciembre, Podemos y Ciudadanos, llevan en sus respectivos programas, o anuncian en boca de sus representantes, la legalización de esta substancia.

Y el socialdemócrata Partido Socialista Obrero Español (PSOE) asegura en un email que pretenden salir del "inmovilismo" y derogar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada el pasado 1 de julio en solitario por el conservador Partido Popular (PP), entre críticas de amplios segmentos de la sociedad. Esta reforma incluye algunos supuestos en los que se repenaliza el consumo y el cultivo de cannabis. ¿Pero qué pasa con el resto de drogas?

El pasado julio el Tribunal Supremo revocó la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya a favor de un club cannábico. Contradiciendo la doctrina establecida hasta el momento, se impuso una pena de tres a ocho meses de prisión a los tres responsables de la bilbaína Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo "Ebers" por un delito de tráfico de drogas, previsto en el artículo 368 del Código Penal.

La proliferación de estas asociaciones cannábicas se fundamentó en la jurisprudencia que asentaron varias resoluciones judiciales que reconocen al autoconsumo compartido al amparo de la ley, en algunos casos y siempre que no medie voluntad de tráfico — la de la audiencia provincial de Vizcaya es solo un ejemplo. La falta de regulación y el derecho de asociación establecido en la Constitución hicieron el resto: en 2014 había estimados 600 clubes cannábicos en España, la mitad de los cuales en la comunidad autónoma de Cataluña.

La sentencia delimitó los supuestos en los que se podría tolerar el consumo de este estupefaciente, aunque activistas por la despenalización siguen emplazando a una solución política. Cuerpos policiales españoles constatan la inseguridad jurídica con la que trabajan en casos en los que media este derivado.

El Alto Tribunal puede facilitar la tarea del legislador sobre la cuestión, pero una sola resolución no es vinculante.

Los clubes cannábicos españoles en el limbo legal — permanece la inseguridad jurídica. Leer más aquí.

"Las actuaciones del agente [de policía] vienen marcadas por lo que dice el Supremo. Pero vuelvo a decir que, tampoco es menos cierto, que lo que ayer era blanco hoy será negro. Por lo tanto, habrá que ver el seguimiento de todo esto", declara a VICE News Antoni Mariscal, inspector jefe del área de delitos económicos de la policía autonómica catalana, los Mossos d'Esquadra, principal epicentro de los clubes en España.

El pasado martes, en el Ateneo Barcelonés de la capital catalana, el fiscal antidroga de Barcelona Gerardo Cavero afirmaba ante una sala a medio llenar: "La persecución penal ha fracasado con el narcotráfico; la droga sigue estando igual de disponible y cada vez peor. Pero también ha fracasado en la violencia doméstica y en otras áreas".

Ante la pregunta de uno de los ponentes sobre la inseguridad jurídica que implica sostener su acción sobre la jurisprudencia, exclusivamente, el fiscal sugirió repetidas veces que las asociaciones judiciales requieren periódicamente legislación sobre la materia.

Las propuestas

Ante esta situación, Podemos es el único partido que lleva en su programa de manera explícita la despenalización de la tenencia y el cultivo de cannabis. Pero fuentes del partido reconocen a VICE News que no han extendido el debate a otras drogas.

Ciudadanos, por su lado, inscribe cualquier regularización al derecho individual, aunque no lo considera una prioridad. Rechazan el modelo holandés, que permite redes comerciales de distribución, y la supedita a la difusión de información sobre sus efectos, a la espera de que estos puntos queden fijados en su programa.

"Sobre la libertad del individuo, el Estado no debe entrar. No podemos entrar a juzgar la moralidad de uno u otro. Otra cosa es que cause un perjuicio a los demás, como lo produce el tráfico y sus redes. Eso sí que hay que regularlo y perseguirlo. Y una manera de perseguirlo es regular estas situaciones de autoconsumo, hecho que permitiría discernir", declara a VICE News Patricia Reyes, candidata de Ciudadanos al Congreso por Madrid. Aunque matiza que no lo consideran a una prioridad y está sujeto a la redacción definitiva del programa.

"Nosotros pensamos que no es una prioridad. Si que es verdad que hay ciertas realidades a las que no se puede dar la espalda. Ahí están todos estos clubes que están en un limbo legal, y eso no puede ser. Que no legislemos sobre ello está claro que no ha hecho que haya menos consumo, si es lo que pretendemos", sigue Reyes.

"Hace falta abrir el debate, pues las leyes están para eso. Ya que tenemos la sentencia del supremo, todo eso fijarlo en una ley. También el uso terapéutico, pues hay una parte importante de uso terapéutico que se debe regular", concluye la candidata, que añade que toda regularización "tendría que ir acompañada de programas y concienciación de las consecuencias nocivas que tiene sobre la salud".

¿Prohibido fumar? — Clubes cannábicos en España tras la sentencia del Tribunal Supremo. Leer más aquí.

El PSOE también entiende que toda decisión ha de surgir de un debate entre todas las partes. Este fin de semana este punto debía ser aprobado junto a otros en la Conferencia Política del partido, pero los atentados de París llevaron a su suspensión. Días antes fuentes de la formación se posicionaban ante VICE News.

"Nuestra postura se aleja del inmovilismo. De hecho, tenemos la firme voluntad de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana del PP que entendemos que es un retroceso, ya que elimina la posibilidad de eludir las sanciones por consumo por un tratamiento o terapia de rehabilitación", escribía en un email Paula Molina, del Grupo Socialista en el Congreso.

"La regulación del consumo de cannabis es un asunto complejo que debe abordarse en el marco de las relaciones internacionales. Por tanto, somos partidarios de promover un debate, conocimiento e información sobre el impacto del consumo de esta sustancia en la salud pública y en la economía", continúa Molina, que señala que el debate, para ellos, debe abordarse desde dos perspectivas, mediante la "creación de un grupo de expertos que estudien la situación actual del consumo de cannabis en España y en otros países de nuestro entorno y sus efectos sobre la salud y su impacto social y económico", por un lado.

Y la promoción de "la participación del Plan Nacional Sobre Drogas en los organismos internacionales que estudien modificar la Estrategia UNGASS (Sesión Especial de la ONU sobre el control de las drogas), de modo que pueda alcanzarse un consenso internacional sobre el consumo y cultivo de esta sustancia".

Fuentes del ahora partido en el gobierno, el PP, rehúsan manifestarse al respecto "por respeto a los tiempos del programa electoral".

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