Hoy se vota la paz en Colombia y hay víctimas de la guerra que aún no están convencidas

Mientras mira nerviosamente por la ventana de su casa en Riosucio, Colombia, Quibea recuerda el momento en el que huyó de su aldea a siete horas río abajo y apenas unos cientos de habitantes.

"Ahí me establecí, en una tierra muy bonita", dice la líder indígena, cuya voz comienza a quebrarse. "Pero apenas escuché los disparos del ejército, la abandoné. Perdí a mi hijo ese día".

La redada militar que mató a su hijo sucedió hace 19 años, como parte de una ofensiva contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, el grupo rebelede que se formó en 1964 con la promesa de una revolución socialista.

Aquellos fueron días oscuros en Chocó, uno de los 32 departamentos regionales del país sudamericano, cuando los esfuerzos del gobierno para combatir al grupo rebelde más grande del país se intensificaron gracias a una serie de escuadrones cercanos al gobierno llamados Autodefensas Unidas de Colombia.

Medio siglo después, la guerra civil ha dejado un estimado de 220.000 muertos y 6.9 millones de desplazados, el índice más alto de desplazamiento interno en el mundo, de acuerdo con el Alto Comisionado de Refugiados de las Naciones Unidas. Chocó, que colinda justo con el sur de Panamá, es una de las regiones donde el dolor ha sido más intenso.

Ese dolor debería, teóricamente, terminar luego de que este lunes las FARC y el gobierno firmaron un acuerdo formal para ponerle fin al conflicto, el cual será sometido al voto del pueblo este domingo 2 de octubre. Las últimas encuestas sugieren que la gente votará a favor de ratificar el acuerdo.

Pero mientras la promesa de paz ha sido celebrada con fiestas en las calles de Bogotá y animados discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, la gente de Riosucio no parece entusiasmada, sino preocupada.

"Cuando un grupo se va, otro llega", lamenta Quibea.

Su pesimismo viene en parte de la ubicación que tiene su comunidad, en una región baja dominada por el amplio río Atrato y conectada a aisladas comunidades indígenas, en su mayoría del grupo Emberá, quienes viven entre Chocó y Panamá.

Bajo Atrato, la municipalidad que rodea Riosucio, ha sido el principal territorio de los traficantes de cocaína colombiana adueñándose del acceso a Mar Caribe, el Océano Pacífico y la frontera con Panamá.

Las FARC han dominado el territorio durante las últimas décadas, impidiendo a otros grupos armados establecerse ahí. Pero la llegada de la paz, la cual comenzó con la aceleración de las negociaciones durante el año pasado, ha desatado un violento choque entre estos grupos para reclamar el territorio donde las FARC sostuvieron las armas alguna vez.

Entre los grupos listos para el ataque están los Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un nombre elegido cuidadosamente para añadir seriedad a una organización criminal. El gobierno se refiere a ellos como Urabeños, llamados así por el área de Urabá, donde se encuentra Riosucio. También han sido conocidos como Clan Úsuga por su líder más conocido. Los analistas regularmente sugieren que estos nombres ayudan a que el gobierno les reste importancia a los origines del grupo en los escuadrones paramilitares que se desmovilizaron en 2006.

El Ejército de Liberación Nacional, el segundo grupo guerrillero más grande de Colombia, también se ha movilizado recientemente en la región. Igual que las FARC, el grupo también ha recurrido al mercado de las drogas para financiar su lucha ideológica.

Entre marzo y mayo de este año, al menos 6.000 personas huyeron de sus hogares para escapar de los choques entre los grupos ilegales, de acuerdo con un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, mientras que otros 7.000 han tenido dificultades para movilizarse.

Algunos de los refugiados por la última ola de violencia han seguido los pasos de aquellos desplazados por el conflicto entre las FARC y el gobierno, terminando en Riosucio.

"Aquí la paz no parece ser diferente a la guerra", dice el líder de una comunidad indígena en su destartalada oficina con vista al río, donde un grupo de niños se baña en las turbias aguas y su risa contrasta con la conversación que había en el interior. "Cuando según se desmovilizaron los paramilitares, nada cambió, además de sus uniformes".

Germán Senna Pico fue comandante de seis escuadrones ligados al Estado que operaban a lo largo de las costas del Caribe, no lejos de de los bancos de basura de Riosucio. Él se desmovilizó durante el acuerdo de 2006 que garantizaba sentencias reducidas a los paramilitares que dieran información sobre los crímenes que cometieron. Describió a los que no se desmovilizaron como traidores a su causa original antirrebelde.

"No tiene un solo hueso anticomunista en su cuerpo; son traficantes de drogas y nada más", dijo a VICE News durante una entrevista en su celda en Bogotá. "Tristemente, usan tácticas que aprendieron de nosotros en contra de los rebeldes para reafirmar su poder".

Las tácticas empleadas incluyen infundir miedo entre las comunidades locales para mantenerlas dóciles.

Las AGC, el fruto de los paramilitares, han escrito su nombre en los edificios de Riosucio. Los residentes constantemente piden que sus nombres reales no sean usados en las declaraciones y muchos tienen miedo de hablar, incluso desde el anonimato. Los líderes de las comunidades sólo aceptan reuniones en secreto y muchas veces hacen planes de último minuto. Es muy arriesgado, dicen, para los desplazados por las recientes peleas ser vistos hablando con un reportero.

"Si hablas, eres un 'sapo'", susurra Quibea. "Te pueden matar por eso", añade, insistiendo en que sólo su primer nombre fuera usado.

El control de las AGC sobre el pueblo de 28.000 habitantes, de los cuales 24.000 son víctimas directas del conflicto de acuerdo a los líderes locales, se beneficia de la extrema pobreza que sufre la comunidad.

Riosucio no cuenta con calles pavimentadas, agua potable y tampoco con infraestructura médica. La señal de celular es débil, y el pueblo se inunda cuando el río crece, lo que obliga a los habitantes a improvisar puentes entre las casas y las tiendas. Casi nunca hay recolección de basura, asó que los residentes tiran los desechos al río. El hedor circula por el aire del pueblo cuando limpia el banco del río.

"Ninguna otra parte de Colombia ha sido tan afectada por el conflicto, y el gobierno nos ha abandonado", comenta Ana Rosalba Mosquera. Ella no tiene problemas en usar su nombre real, pero es obvio que evita mencionar a los paramilitares.

Mosquera llegó a la ciudad hace 15 años cuando un grupo armado —afirma que nunca supo exactamente cual— atacó su hogar y asesinó a su hermana.

"La gente llega aquí sin nada. Sólo saben trabajar el campo, por lo que no pueden encontrar otro trabajo", dijo mientras trataba de ahuyentar el calor que hay en la pequeña farmacia que dirige. "No hay agua de calidad, no hay hospital, no hay educación; el Estado está completamente ausente".

Los botes de la policía militar navegan a lo largo del río que corre a lo largo del lado este de Riosucio —la única presencia obvia del Estado— lo que alimenta los rumores de que los antiguos paramilitares convertidos en traficantes de droga han mantenido lazos con el ejército.

"Van juntos en los mismos botes. Los vemos todos los días", platica un residente adolescente, levantando su mano para cubrir su boca mientras hablaba y mirando sobre su hombro, preocupado porque alguien pudiera escucharlo.

"Combaten contra los grupos rebeldes y amenazan a los civiles en sus comunidades", dice refiriéndose al grupo criminal AGC, riendo ante la insinuación de que tal vez estuvieran trabajando a espaldas del ejército. "¿Cómo no es eso una estructura paramilitar?".

El chico asegura que tiene familiares viviendo en una comunidad vecina donde cree que las AGC podrían estar activas. Cuando el grupo se traslada a otro lugar, el ejército bloquea el paso a lo largo del río para ayudarlos.

Observadores de derechos humanos en la región dijeron que encontrar los establecimientos de los criminales casi siempre requiere pasar antes por puntos de control militares, haciendo notar que "tiene bastante sentido" pensar que las AGC cuentan con respaldo militar.

Ellos notaron una expansión importante de las AGC en Bajo Atrato. También dijeron que combatientes del ELN llegaron al mismo tiempo esta vez. El ELN no había sido visto en esta parte de Chocó desde hace 30 años, agregaron.

Además de vivir con el miedo de quedar atrapados en medio del fuego cruzado, dijeron, las comunidades locales trabajan bajo toques de queda impuestos por los criminales armados, además de que pagan a cambio de protección.

"Estas comunidades han sido desplazadas cinco o seis veces a lo largo de los años", comenta uno oficial de Naciones Unidas, quien pidió no ser identificado por su nombre, a propósito de la última ola de personas huyendo luego de que las cosas se pusieran difíciles. "Estas personas tienen que vivir en Riosucio, pero tienen una relación con su tierra. Es territorio ancestral y está protegida por la ley, y mudarse a la ciudad es un cambio difícil, así que regresan tan pronto como pueden, para ser desplazados de nuevo".

El acuerdo de paz que fue firmado este lunes, en la ciudad colonial de Cartagena, incluye temas que van desde la transformación de las FARC en un partido político hasta ampliar los programas existentes diseñados para ayudar a las personas desplazadas a regresar a sus hogares u obtener una compensación económica.

Muchos en Riosucio esperan que se repita la decepción que siguió a una ley de víctimas de 2011 que se veía bien en el papel, pero ha probado ser ineficiente, afirman algunos críticos.

El sacerdote jesuita Francisco Rodríguez hace énfasis en ese escepticismo después de haber acompañado a los líderes de las comunidades de Riosucio a una reunión con autoridades gubernamentales en la ciudad de Apartadó, a unas cuatro horas cuando el camino no está inundado.

"Estas reuniones siempre resultan bien", cuenta el sacerdote acerca del encuentro, pensando en presionar al gobierno para que destine más recursos a Riosucio. "Luego la oficina de Apartadó envía los papeles a Bogotá y todo se pierde".

Agarrando su pierna, que le duele constantemente debido a problemas de circulación, Quibea anhela volver al lugar que dejó en 1997. Pero, incluso si eso fuera posible, la continua violencia la obligaría a irse de nuevo, o moriría por la falta de atención médica.

"Es un círculo vicioso", expresa. "Por eso la gente sigue llegando a Riosucio, uno a uno".

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