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La indignación popular en Guatemala contra la corrupción continúa creciendo

Las protestas pacíficas, que empezaron en abril, han ido acompañadas de investigaciones que han causado arrestos y dimisiones de miembros del gobierno y de las instituciones del país.
Imagen vía nomada.gt

La mala gestión del interés público por parte del gobierno y el creciente número de casos de corrupción estatales han provocado una fuerte indignación entre la ciudadanía guatemalteca, que se está revelando y saliendo a las calles para protestar de forma pacífica.

El levantamiento — horizontal y espontáneo — está movilizando a miles de guatemaltecos, sin distinciones de clase u origen étnico, contra lo que consideran la corrupción sistémica del país.

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Las protestas, que empezaron en abril y todavía continúan, han ido acompañadas de una serie de investigaciones que han causado arrestos y dimisiones entre funcionarios clave del gobierno y de las instituciones del país.

La primera gran movilización tuvo lugar el pasado 25 de abril, después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala — creada a través de un acuerdo firmado entre Guatemala y Naciones Unidas — hiciera pública una investigación en materia de delitos de soborno en las aduanas del país. A través de una compleja red de corrupción, algunos empresarios sobornaban a funcionarios públicos para no pagar los impuestos que les correspondían.

La movilización del 16 mayo llevó a miles de ciudadanos a la Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala. Otra gran manifestación ha sido convocadapara el sábado 30 de mayo.

La ahora ex vicepresidenta de la nación, Roxana Baldetti, implicada en la investigación, dimitió a principios de mayo. Una serie de ministros del gabinete de gobierno también renunciaron o fueron cesados por el actual presidente Otto Pérez, en un intento de aplacar la crisis institucional.

Después del escándalo de las aduanas, se produjo una investigación de fraude contra PISA — una farmacéutica mexicana — y contra varios funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IGSS.

La investigación, que todavía sigue, considera ambas partes imputadas de haber establecido un contrato "anómalo" de 116 millones de quetzales — aproximadamente 14 millones de euros — para que PISA suministrara hemodiálisis en estructuras sanitarias públicas guatemaltecas. Una serie de escuchas telefónicas desveló que los encargados del IGSS habrían recibido hasta el 17 por ciento de la suma total como soborno para que PISA obtuviese el contrato.

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Aunque una Comisión establecida por el IGSS hubiese ya subrayado que PISA no satisfacía las condiciones higiénico-sanitarias necesarias, la farmacéutica continuó sus operaciones. 540 personas fueron afectadas, de las cuales 13 fallecieron por complicaciones.

Entre los acusados del proceso PISA-IGSS se encuentran el jefe del Banco Central, Julio Suárez, y el ex-secretario personal del presidente Pérez, Juan de Dios Rodríguez. La totalidad de los 17 imputados implicados en la investigación se encuentran en prisión preventiva.

Martín Rodríguez Pellecer, director fundador del periódico independiente nómada.gt, enfatizó, hablando con VICE News, que el problema no se limita a los escándalos de corrupción, es más bien una cuestión estructural.

"Los precedentes gobiernos eran corruptos, pero tenían un plan, estaban en el gobierno por algo", dijo. "Este proyecto, que es de populistas y empresarios, es solo robar", continuó.

'Los jóvenes se dan cuenta que pueden causar la renuncia de políticos implicados en un mal gobierno'.

Pellecer recalcó quelas estructuras que hasta entonces provocaban la impunidad de los implicados en sobornos se financiaban mediante corrupción.

También subrayó que no hubo choques entre policía y manifestantes, calificando la renuncia de la vicepresidenta Baldetti como "democrática".

Hablando de la naturaleza del movimiento, Pellecer señaló que "por primera vez, después de cuarenta años, las clases sociales vuelven a amalgamarse" en su derecho a protestar.

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El hecho que no haya una "jerarquía bien definida" en el movimiento de protesta en Guatemala emparenta a los manifestantes de RenunciaYA con los de "fenómenos posmodernos como Occupy Gezi, Occupy Wall Street o las transiciones democráticas en la primavera árabe, como el caso de Túnez", añadió. "No vamos a ser Egipto", recalcó.

"Finalmente", concluyó, "los jóvenes se dan cuenta que pueden causar la renuncia de políticos implicados en un mal gobierno."

'Se ha comprobado que muchos partidos políticos eran destinatarios de dinero proveniente del crimen organizado'.

Andrea Ixchíu, defensora de derechos humanos, dijo a VICE News que es "la primera vez en muchísimos años que las movilizaciones se dan entre las clases urbanas y medias — donde hay obreros como burócratas, trabajadores del sector privado y público — y esto converge con las reclamaciones históricas de las comunidades campesinas e indígenas de Guatemala".En el ámbito de las protestas, los guatemaltecos ven más allá que los casos de corrupción. La activista remarcó que "se ha generado una serie de discusiones académicas, ciudadanas y callejeras" y que ven necesaria "una reforma del sistema electoral y del sistema de financiamiento de partidos".

"Se ha comprobado que muchos partidos políticos eran destinatarios de dinero proveniente del crimen organizado" añadió. "Hay que cambiar un sistema que ve, cada cuatro años, ladrones ir al gobierno para vivir al coste del erario publico".

Guatemala, que vivió una sangrienta guerra civil entre 1960 y 1996, sigue en su proceso de democratización. Hay una fuerte desigualdad económica, con uno de cada dos ciudadanos — sobre un total de 15 millones — debajo de la línea de la pobreza.

En medio de este turbulento contexto, Guatemala ya mira hacia las próximas elecciones generales recientemente convocadas para el 6 de septiembre.

Sigue a Donato Paolo Mancini en Twitter: @building

Imagen vía nomada.gt