¿Por qué la infanta Cristina libra la cárcel, pero el cuñado del rey Felipe VI irá a prisión?

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La justicia española resolvió, finalmente, un caso que desde 2010 ha polarizado al país: el cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin, ha sido condenado a seis años y tres meses en la cárcel por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y dos cargos fiscales. La condena ha sido menor de lo que se esperaba ya que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba una pena de 19 años.

Su esposa, la infanta Cristina —hija del Rey Juan Carlos I— corrió con mejor suerte: la fiscalía pretendía ocho años de prisión para ella por colaborar con su esposo esas actividades ilegales, pero ha sido absuelta de todo cargo penal porque supuestamente desconocía los manejos de su pareja. Sin embargo, deberá pagar una multa de 265.000 euros de responsabilidad social.

Este es el primer caso judicial que tiene a un miembro de la Casa Real sentado en el banquillo y, además, que termina en una condena en prisión. El fallo fue a dado a conocer este viernes por la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma.

Este entramado judicial, que en España fue bautizado como el "caso Nóos", es un escándalo que desde que comenzó a crecer afectó la credibilidad de la monarquía y puso en evidencia la impunidad con la que pueden operar los miembros de la Familia Real.

En 2010, el "caso Nóos" se abrió formalmente con un antecedente: cuatro años antes, el gobierno de las Islas Baleares, una comunidad autónoma en España, había pagado 1,2 millones de euros a la Fundación Nóos para que celebrara en la ciudad Palma de Mallorca un foro sobre turismo y deporte con una duración de sólo dos días. El excesivo gasto había prendido los focos en la oposición balear, pero sin mucha repercusión.

Lo que empezó como un evento curioso por el exagerado costo se convirtió en una trama judicial cuando la policía de Palma de Mallorca encontró, años después, la documentación de predios adjudicados irregularmente a la fundación, así como pagos por servicios no realizados o pagados a sobreprecio. La principal alarma se prendió cuando las autoridades locales supieron que Fundación Nóos había cobrado altísimas facturas siendo una "organización no lucrativa".

El 8 de noviembre de 2011 se realizó un operativo en las oficinas de la Fundación Nóos y un nombre clave saltó a las primeras planas de los diarios: Diego Torres, fundador en 1999 de la asociación civil. Luego se supo que durante los primeros tres años de la Fundación Nóos, ésta no había tenido actividad relevante… hasta 2003, cuando Torres incluyó en la junta directiva a un antiguo alumno suyo de una prestigiada escuela de negocios en Espalña: Iñaki Urdangarin, el yerno del Rey Juan Carlos I.

"Uno y otro habían discurrido aprovecharse de la condición de miembro de la Casa Real para, con su sola invocación, obtener contratos con entidades públicas y privadas. De estas últimas, entre los mayores pagadores estuvieron algunos como Volkswagen, Telefónica, BBVA o Repsol. Los dos socios aludían a la aparente ausencia de ánimo de lucro del instituto", escribió el reportero Joaquín Manso del diario El Mundo.

La trama, confirmada ya por la justicia española, fue así: primero, obtuvieron jugosos contratos con gobiernos locales y empresas por servicios mal hechos o con facturas carísimas y nadie se atrevía a reclamarles porque al frente de la fundación estaba un miembro cercano a la Corona. Luego, comenzaron a ocultar facturas al fisco para evitar pagar los impuestos. Y, finalmente, sacaban el dinero del país hacia paraísos fiscales en Belice a través de empresas clandestinas. Con ello, obtuvieron ganancias ilícitas cercanas a los 17 millones de euros a costa de decenas de fraudes.

Como ejemplo, la justicia española ha puesto una serie de eventos deportivos llamados Valencia Summit, celebrados entre 2004 y 2006. La Fundación Nóos propuso a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, recientemente fallecida, un negocio por 3,1 millones de euros a cambio de la organización de los eventos bajo el argumento de que atraerían turismo, empleos temporales y promoción de la actividad física.

Los Valencia Summit tuvieron lugar, pero se estima que Urdangarin y Torres en realidad sólo usaron 1,9 millones de euros para los eventos y 2 millones de las arcas públicas fueron desviados hacia sus cuentas personales.

Hoy, Diego Torres también fue hallado culpable y pagará una sentencia de ocho años y seis meses en prisión. Otro sancionado es Jaume Matas, expresidente balear, quien estará tres años y ocho meses en prisión por participar en el desfalco del dinero público.

Los sentenciados tienen la opción de apelar el fallo en el Tribunal Superior; sin embargo, es muy probable que deban esperar ese siguiente paso en prisión, pues ante el riesgo de fuga de los cabecillas de Fundación Nóos el fiscal podría solicitar prisión inmediata en las siguientes horas.

Ciudadanos, medios de comunicación y líderes de opinión manifestaron en redes su enojo por lo que consideraron una baja sentencia, ya que por un lado a Urdangarin le dieron una pena que sólo es de la tercera parte de lo que pedía la fiscalía, y la infanta fue absuelta. El enojo en redes hace alusión a un trato privilegiado para ambos debido a su condición de pertenencia a la monarquía española.

Aquí algunos tuits:

Justo ahora, hay más de vosotros leyendo sobre esta condena de 6 años que sobre la condena de 6 años a Urdangarín — elEconomista.es (@elEconomistaes)17 de febrero de 2017

Urdangarín recurrirá y se librará de la cárcel, y su mujer, Dña. No se No Me Consta No Lo Recuerdo, — Indignad@s!! (@Sentid2016Comun)17 de febrero de 2017

La Infanta ha sido — Isus de Mayo (@susirambo)17 de febrero de 2017

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