Inmigración en el Mediterráneo: la Comisión Europea presenta su plan de acción

A raíz de la presión migratoria sin precedentes en Europa y de las tragedias ocurridas recientemente, la Comisión Europea presentó el miércoles en rueda de prensa un plan de acción para gestionar la crisis en el Mediterráneo. Se prevé, entre otras medidas, triplicar los recursos de las misiones en el mar y lanzar una nueva operación cerca de las costas libias para capturar a los contrabandistas y destruir sus barcos. También se ha confirmado un principio de acuerdo de reparto de refugiados y de demandantes de asilo entre los Estados miembros, una medida que ya fue filtrada el lunes y que ha sido objeto de debate desde entonces en varios países de la Unión Europea (UE).

Varios países, como Hungría y Polonia se oponen a la idea de las cuotas, pero ha sido la ministra británica del Interior, Theresa May, quién se ha opuesto más violentamente en un artículo publicado en el diario The Times el miércoles. May considera que los migrantes que cruzan el Mediterráneo deben ser devueltos al norte de África. Literalmente dice que "No estoy de acuerdo con la sugerencia" de la jefa de la diplomacia de la UE Federica Mogherini sobre el hecho que "ni un solo refugiado o migrante interceptados en el mar no puede ser devuelto contra su voluntad". Argumenta su posición diciendo que "Este enfoque sólo puede alentar el cruce del Mediterráneo y animar a más gente a poner en riesgo sus vidas".

La Comisión Europea ha respondió ayer a estas críticas en una conferencia de prensa a la que asistieron Federica Mogherini, Dimitris Avramopoulos (Comisionado para las Migraciones) y el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans. En respuesta a una pregunta sobre la posición británica, este último dijo: "No hacer nada sería empeorar la difícil situación de las personas en peligro y perder toda credibilidad con nuestros ciudadanos […] no podemos aceptar que familias enteras se ahoguen en el Mediterráneo".

Para luchar contra las tragedias en el mar, la Comisión tiene previsto aumentar el presupuesto en 9 millones de euros al mes para las operaciones de vigilancia de los flujos migratorios en el mar conocidas como Tritón y Poseidón. Estas operaciones — que también deben prestar asistencia a los migrantes en peligro cuando haya capacidad para hacerlo — sustituyen a la operación de rescate del gobierno italiano apodada como Mare Nostrum y que se detuvo en el otoño de 2014 por falta de medios y bajo la presión de los Estados miembros que temían que esta iniciativa fomentara la migración ilegal.

En un vídeo donde se presentaba el plan de acción de la Comisión, su presidente Jean-Claude Juncker, dijo que se había puesto fin "erróneamente" a la operación Mare Nostrum, "ya que aumentó la dimensión y la intensidad del problema". Sin embargo, la expansión de los campos de acción de las operaciones Tritón y Poseidón, que no están destinadas a ser misiones de rescate, no fue mencionado. Aunque los recursos de estas operaciones ahora son parecidos a los de la operación Mare Nostrum, sus poderes están mucho más limitados.

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En el Mediterráneo, la Comisión también quiere una operación naval contra los traficantes en aguas territoriales libias con el acuerdo de la comunidad internacional. El periódico The Guardian ha tenido acceso a una versión del texto que habla de una intervención terrestre en Libia en su edición del miércoles, pero preguntada al respecto, Federica Mogherini dijo que no estaba en el orden del día, y dijo que el nivel de la operación naval se debatirá en el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores el próximo lunes.

Los migrantes que hayan logrado cruzar el Mediterráneo serán distribuidos entre los países miembros, de acuerdo con un sistema de "cuotas de reasentamiento de emergencia" para aliviar los países de la frontera sur para equilibrar el peso de la responsabilidad en Europa a la hora de afrontar esta situación.

Para establecer este principio de cuotas, solicitada por Italia y apoyado por Alemania y Francia, las instituciones europeas tendrán en cuenta la capacidad de "absorción" de los distintos países miembros, la población de cada país, el PIB, el número de solicitantes de asilo ya recibidos y la tasa de desempleo. Los tratados europeos con la legislación comunitaria en materia de asilo e inmigración no son vinculantes para Dinamarca, el Reino Unido e Irlanda.

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La Comisión prevé también medidas a largo plazo. En cooperación con el Alto Comisionado para la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), la Comisión desbloqueará 50 millones de euros para transferir 20.000 personas a Europa de forma segura y legal y que se encuentran en países de tránsito tras ser perseguidos o en un proceso de vulnerabilidad y tienen intención de solicitar asilo político. Según el ACNUR, 10 millones de personas en todo el mundo se encuentran en esta situación. Esta reubicación deberá hacerse en 2015 y 2016.

Teniendo en cuenta que en 2014, el 72 por ciento de las demandas de asilo tuvieron lugar solo en cinco de los 28 Estados miembros, la Comisión declaró haber tomado nota del fracaso del Reglamento de Dublín II — un marco jurídico para las solicitudes de asilo en la UE — según el cual los inmigrantes deben solicitar asilo en el primer país que llegan. Frans Timmermans dijo que este mecanismo sería revisado en 2016. También se sugirió el proyecto de la "tarjeta azul", una especie de "tarjeta verde" europea para promover la inmigración legal

Por último, la Comisión insistió en la cooperación con los países de origen y de tránsito. En Níger, donde pasan el 90 por ciento de los migrantes del sur del Sahara en el camino hacia Libia, se creó un centro para luchar contra la inmigración ilegal y capacitar a los funcionarios nigerianos para regular el flujo.

El lunes se discutirán estas medidas en un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE antes de ser presentado al Parlamento Europeo el próximo miércoles 20 de mayo.

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Imagen vía Flickr / Noborder Network