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Estados Unidos

Inmigrantes temen que Trump use los programas de asistencia para perseguirlos

Obama lanzó un programa que permitía a los jóvenes indocumentados obtener permiso de estudiar y trabajar legalmente. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, esta iniciativa podría convertirse una forma de localizarlos y deportarlos.
Imagen vía Eugene Garcia/EPA

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Tras la victoria de Donald Trump, los migrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños ahora temen aplicar al programa impulsado por Obama conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual beneficia a los jóvenes que han vivido en los Estados Unidos desde 2010 y que llegaron al país a los 16 años o antes.

El programa, implementado en junio de 2012, ofrece a los jóvenes la oportunidad de trabajar legalmente, tener número de seguridad social, tener licencia de conducir, así como entrar y salir del país sin problema.

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Trump ha prometido "terminar inmediatamente" con el programa, además de cancelar "todas las medidas ejecutivas que sean anticonstitucionales" emprendidas por Obama. Además, el posible procurador general, el senador Jeff Sessions, ha intentado bloquear y restringir el programa en repetidas ocasiones.

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Sin embargo, sigue sin ser claro cómo planea Trump cumplir su promesa, especialmente con 741.546 personas ya aprobadas para el programa. Además, se estima que otros 750.000 son elegibles para beneficiarse del mismo. Entre octubre y diciembre del año pasado, se aceptaron 45.576 solicitudes para DACA: 16.336 por primera vez y 29.240 para renovación, de acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Ahora, grupos como el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes y el Centro Nacional de Derechos de Inmigración, están advirtiendo a sus clientes sobre los riesgos de aplicar para el DACA, especialmente si es por primera vez. Dos de las universidades más grandes del país, la Universidad de la Ciudad de Nueva York y la Universidad de California en Berkeley, han estado pidiendo a sus estudiantes indocumentados que no soliciten los beneficios del programa.

Hay dos razones principales. Primero, debido al tiempo que toma el proceso, ya sea por primera vez o para renovación tomando en cuenta que hay que pagar 465 dólares por algo que podría no resultar una vez que Trump ponga fin al programa. Segundo, porque los indocumentados que apliquen al DACA por primera vez estarían poniendo al gobierno al tanto de su situación migratoria, a sólo dos meses de que una nueva administración hostil hacia ellos tome las riendas.

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"Si todavía no están en proceso de deportación y nunca han aplicado a algún programa de inmigración, presentar una solicitud siendo ilegales podría no ser lo mejor ahora que estamos entrando en la era Trump", dijo la subdirectora del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, Sally Kinoshita.

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Aunque hace énfasis en que la gente debe tomar la decisión por sí misma, su organización publicó una hoja, después de las elecciones, en la que señalaba los riesgos de aplicar al DACA. El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes y el Centro Nacional de Derechos de Inmigración también recomendaron a la gente que no presentara solicitudes de primera vez en sus estados.

Aunque no es muy probable, muchos temen que la administración de Trump use la información personal reunida a través del DACA para hacer deportaciones. John Miano, miembro del Centro de Estudios de Inmigración, señaló dos días antes de la elección que el programa DACA creó "una lista de candidatos para deportación".

Ninguna ley impide que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración comparta datos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero ambos responden al Departamento de Seguridad Nacional. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración puede dar a conocer información específica cuando los casos involucran ofensas criminales. Si el ICE obtiene acceso total toda la información, el DACA pasaría de ser un programa con intenciones de proteger a los inmigrantes, a perseguirlos.

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"Sólo porque sea una política de la administración actual, no significa que el siguiente presidente vaya a continuar con ella", expresó Ignacia Rodríguez, abogada en el Centro Nacional de Derecho de Migración. "No sabemos".

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Un análisis llevado a cabo por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes encontró que ningún presidente que haya instituido alguna orden ejecutiva para ofrecer ayuda a los inmigrantes en los últimos 50 años ha usado esos programas para localizar personas y deportarlas, de acuerdo con Sally Kinoshita.

Aunque no está tan preocupado por las deportaciones, Allan Wernick, profesor de leyes en Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, expresó su punto de vista a través de Facebook Live: "Es muy poco probable que su caso sea revisado antes de que el presidente asuma el poder el próximo 20 de enero, y hasta que no sepamos más sobre los planes que tiene, aplicar al DACA sería sólo una perdida de dinero y estarían dando información innecesaria al gobierno", explicó.

Sin embargo, no todos los abogados sugieren abstenerse del programa. Margaret Wong, abogada en Cleveland y profesora adjunta en la Escuela de Leyes Case Western Reserve, está completamente en desacuerdo.

"Tienen que seguir aplicando para el DACA. No pueden actuar desde una postura de miedo", expresó Wong. "¿Dónde van a esconderse? Tienen que luchar".

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Ella animó al esposo de una de sus asistentes, Carlos Javier Gómez-Olida, para que aplicara al programa después de haber obtenido un certificado de educación media superior.

Gómez-Olida, quien emigró de Honduras en 2003 a la edad de 15 años, planeaba dar marcha atrás. Ahora espera que el gobierno lo deje trabajar aunque DACA llegue a su fin.

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Para el hombre hondureño, pagar 465 dólares no es mucho cuando toma en cuenta las multas que ha tenido que pagar por conducir sin licencia, así como el costo de un abogado si llegase a ser atrapado por autoridades de migración. Su esposa casi fue deportada en 2011 luego de haber sido arrestada por conducir su nuevo auto sin placas, ya que para obtenerlas es necesario contar con licencia de manejo o una identificación estatal. En 2014, Gómez-Olida también perdió su empleo, donde había trabajado durante ocho años como supervisor en una compañía de reciclaje cuando las autoridades solicitaron información sobre los empleados. Actualmente trabaja en otra recicladora.

Mucha gente no entiende por qué nos arriesgamos y aplicamos al programa DACA, pero es muy importante para personas como él", dijo Ana Estrada, esposa de Gómez-Olida, quien presentó su solicitud por primera vez en 2013. "Con DACA, él podría volver a la escuela y tener un mejor trabajo. Él sabe que tiene la capacidad de hacer mucho más de lo que hace ahora, pero no puede porque no es legal".

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