La Iglesia italiana tiene un gran problema con sus curas pederastas

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Le conocían como "Don Mercedes" debido a los coches de lujo con los que le gusta moverse por la ciudad. Fundador del Banco de Alimentos y una figura destacada de la poderosa organización católica Comunión y Liberación (CL), este hombre de 66 años, oriundo de la provincia de Cremona y llamado Mauro Inzoli, era una persona altamente influyente en la política regional.

En la conferencia sobre "familia tradicional" organizada por las autoridades de la región de Lombardía el año pasado, él estuvo allí, en medio de una fuerte controversia. Se ubicó en la segunda fila, detrás de Roberto Maroni, numero de dos de la agrupación nacionalista Liga Norte.

Figura importante en Cremona, venerado, temido y protegido por la CL, su poder le sirvió para que la verdad demorara en salir a la luz: a finales de junio Don Inzoli fue condenado en primera instancia a cuatro años y seis meses de cárcel por pedofilia.

Los jueces pudieron constatar ocho incidentes de violencia sexual, pero de acuerdo con el fiscal Roberto di Martino, podrían ser cien. "Son casos sin oposición, porque o bien han prescrito o por que ya no hay motivos para que el proceso progrese".

Entre 2004 y 2008, Inzoli abusó de menores de edad de entre doce y catorce años, tanto en su oficina como en los hoteles del complejo de la CL.

La historia de "Don Mercedes" llegó a la corte a pesar de varios intentos de "encubrimiento" por parte de la Iglesia. Después de las acusaciones de pedofilia contra él, la Santa Sede condenó a Inzoli a "llevar una vida de oración y humilde reserva como signo de conversión y penitencia".

Pero el Vaticano se negó a transmitir el caso a la Fiscalía de Cremona que lo estaba investigando.

Aunque sea probablemente el más mencionado por los medios, el de don Inzoli es sólo un caso más de pedofilia de los varios que han salpicado a la Iglesia Católica en Italia estos últimos meses.

En la provincia de Frosinone, el pastor Don Gianni Bekiaris fue acusado a principios de julio por abuso infantil. Según los investigadores, el religioso habría violado en repetidas ocasiones a un niño que tenía tan sólo ocho años.

Una semana más tarde, en Milán, Don Alberto Lesmo fue condenado a un año y diez meses por haber pagado para tener relaciones sexuales con un menor adicto a las drogas. El hecho emergió cuando el joven fue trasladado al hospital tras intentar suicidarse.

Pocos días antes, en la ciudad de Brindisi, otro pastor fue detenido por haber forzado a mantener actos sexuales continuados y agravados a un monaguillo de 10 años.

De acuerdo con Francesco Zanardi de Rete L'Abuso[La red de abuso], asociación de víctimas de abuso sexual por sacerdotes, todos estos episodios que son sólo la punta del iceberg del asunto.

"Hemos encontrado alrededor de 250 casos en Italia sólo en los últimos 15 años", dice a VICE News Zanardi, víctima de los abusos de un cura en los años ochenta. "Pero, en mi opinión, estos sólo representan el 10 o 15 por ciento de todos los casos, porque las denuncias son todavía muy pocas".

La presión psicológica de la comunidad, la incapacidad para aceptar lo que pasó y el miedo a ser marginados son algunas de las razones por las que a menudo las víctimas se bloquean y no denuncian.

"Como han demostrado diversos psicólogos, los tiempos de maduración en relación al trauma sufrido son largos. Pueden pasar 15 años antes de que una persona vincule sus incomodidades o problemas vitales con aquel acto violento", añade Zanardi.

Por desgracia, cuando finalmente se denuncia, los hechos ya han prescrito y las víctimas luchan en vano para obtener justicia y para vencer la resistencia de las autoridades eclesiásticas a cooperar. En muchos casos y con la esperanza de resolver el asunto internamente, la Iglesia trata de ocultar este tipo de abusos.

De hecho, la Iglesia no ha establecido todavía una posición clara sobre la obligación de denuncia por parte de los obispos. Para la Comisión Pontificia de Protección de Menores que lucha contra los abusos existe "una responsabilidad moral y ética de informar". La Conferencia Episcopal Italiana (CEI), la asamblea permanente de los prelados italianos, cree en cambio que, en virtud de la ley italiana, el obispo "no tiene ninguna obligación legal".

Si el abuso es denunciado frente a una figura eclesiástica, y no a los tribunales ordinarios, el cura entonces será investigado y juzgado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, un tribunal del Vaticano.

En el proceso canónico, la pena máxima es la revocación de los votos, con la consiguiente reducción del sacerdote al estado laical. Como alternativa, el ex Santo Oficio puede optar por un "castigo suave" como la "pena medicinal perpetua" infligida a Don Inzoli: psicoterapia durante 5 años y la prohibición de entrada en su diócesis.

"En casi todos los casos se termina transfiriendo al sacerdote a una de las varias clínicas donde tratan a los curas pedófilos", sostiene Zanardi. "Pero en realidad, no son verdaderas clínicas, sino refugios gestionados por la Iglesia".

"Esconden allí al cura, y este es libre de hacer lo que quiera".

Los sacerdotes permanecen en esos mismos refugios incluso después de haber recibido la sentencia por pedofilia y rara vez terminan en la cárcel. Pagan sus penas en estos centros, y luego, a veces, son enviados a alguna misión.

Mientras a los sacerdotes se les da una segunda oportunidad, las víctimas se enfrentan a una larga vida de sufrimiento. El reconocimiento del abuso puede ser sólo un pequeño consuelo.

"Las consecuencias son muy graves y tienen impacto en las víctimas y en sus familias. Hay gente que luego padece patologías crónicas como la enfermedad de Crohn o la psoriasis. Además, quedan enormes heridas que marcan de forma determinante el comportamiento de los afectados", dice Zanardi.

El entrevistado confiesa "todavía me resulta difícil sentar a un niño sobre mis piernas".

Sigue a Matteo Civillini en Twitter: @m_civillini

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs