En este pueblo colombiano, la guerrilla de las FARC va a dejar sus armas

Luisa María Moreno abandonó su casa cuatro veces antes de llegar a Ituango. La primera fue culpa de las disputas entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares de las AUC por el territorio en el que vivía, la vereda de Santa Rita, en el departamento de Antioquia, al noreste de Colombia.

El 20 de julio de 2000, los guerrilleros tomaron el pequeño caserío dispuestos a terminar con la hegemonía para. "Con el sacerdote de allá nos tocó recoger los cuerpos que quedaron esparcidos. Nos tocó pues ayudarle porque en ese momento no había ni ley ni nada. La ley de allá eran ellos", relata a VICE News.

Pero los paramilitares regresaron, recuperaron el pueblo y siguieron imponiendo su mano de hierro. Luisa María da vueltas a su vistoso anillo con el grabado Yo amo a Jesús. A duras penas logra contar como las autodefensas "amarraron a una reja todo un día, a sol y agua," a un par de mujeres sólo por estar discutiendo. O como acribillaron a la vista de todos a dos de sus hombres acusados de violar a una muchacha.

En septiembre, ella y su familia huyeron a Cáceres (Antioquia). Allí, las altas temperaturas, que hicieron estragos en la salud de esta mujer entrada en la cincuentena, forzaron su segundo desplazamiento.

La familia viajó al municipio de Anorí (Antioquia) y compró una finca monte adentro. El padre cultivaba la tierra y el mayor de los seis hijos hacía las veces de arriero con dos mulas. "Pero llegó la guerrilla otra vez, y nos dijo que mi hijo tenía que trajinarles carga a ellos", relata. Esa zona también cobijaba a paramilitares y trabajar para la guerrilla, aún a punta de fusil, significaba convertirse en objetivo militar de las AUC.

"Vendimos la finca y nos fuimos al propio pueblo de Anorí. Compramos una tienda de abarrotes y trabajamos durante dos años. Hasta que los paramilitares nos la quitaron. Detuvieron a mi hijo y dijeron: o él o la tienda."

La tercera vez que tuvo que marcharse, en 2007, se fue hacia el Valle de Toledo, en Antioquia. La parcela que compraron estaba tan cerca de la futura central de hidroeléctrica de Ituango, actualmente en construcción, que la maquinaria de extracción fue ocupando sus tierras. "Llegaron las maquinas y desplegaron el ejército para cuidarlas", apunta.

"Mi esposo cultivaba fríjol, maíz, yuca, plátano… Los militares iban a comprarle. Y simplemente porque les vendía el revuelto un día llegaron [las FARC] y me lo mataron. Allá, en esa finca. Allá, tan horrible. No le dijeron siquiera que lo iban a matar sino que hablando con él lo fueron agarrando a tiros".

Luisa María Moreno volvió a huir, por cuarta vez, y se fue para Ituango, en la misma Antioquia. Allí trabaja en lo que sale y trata de sacar adelante a su hijo menor con más fe que recursos y con más tesón que ayudas, salvo las de la Asociación de Desplazados de Ituango (ASDEDI) de la que es tesorera.

El polvorín de Ituango

Ituango es el rostro de la guerra. Entre 1986 y 1997, sufrió siete tomas guerrilleras. Las FARC entraban hasta la plaza y regaban de balas y granadas el comando central de la policía. Aún hoy, tras un año de los últimos tiroteos por parte de los subversivos, las trincheras siguen allí.

En los años 90 sufrieron el paramilitarismo. Mencionar la masacre de la vereda de El Aro aún endurece el rostro de los itanguinos. Entre el 22 y el 30 de octubre de 1997, los paramilitares asesinaron a dos civiles, violaron y abusaron de las mujeres, robaron decenas de cabezas de ganado y, antes de abandonar el pueblo, incendiaron las casas.

Todo con la connivencia, según investigaciones periodísticas, del gobernador de Antioquia en aquellos días: el hoy senador y ex presidente, Álvaro Uribe Vélez.

Desmovilización de las FARC

Ituango es también uno de los 22 municipios que albergarán las 23 veredas donde se concentrarán los guerrilleros desmovilizados de las FARC para su desarme. A estas zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) se le sumarán ocho campamentos repartidos por el país.

La ZVTN de Ituango está situada en la vereda de Santa Lucía, de unos 262 habitantes. Según corroboró el alcalde de Ituango, Hernán Álvarez, a VICE News, contará "con varios anillos de seguridad. Uno del ejército, otro de la policía y uno más formado por cascos azules de Naciones Unidas".

De los 864 guerrilleros que el ejército tiene identificados en Antioquia, se espera que Santa Lucía albergue a unos 300, según Álvarez. Presumiblemente, la mayoría serán del Frente 18 de las FARC. "El 80 por ciento de los militantes de este frente son oriundos de Ituango", dijo. En estas áreas, los guerrilleros recibirán capacitaciones en proyectos productivos y educación básica.

Las ZVTN entrarán en funcionamiento una vez se firme la paz en La Habana. Pero tras la desmovilización deberá resolverse la ausencia de Estado que ha propiciado la aparición de grupos armados ilegales en Colombia.

"En Ituango quien impone la ley en las veredas es la guerrilla. Ellos son los que dicen, 'por aquí se transita, su franja de terreno viene hasta aquí, me cierran los locales a esta hora…'. Lamentablemente ellos son la autoridad en las veredas ya que la administración no puede acceder hasta esa ruralidad", reconoció a VICE News la secretaria de Gobierno de Ituango, Elisabeth Álvarez.

Entre el perdón y la desconfianza

"Da siempre algo de temor tener que ver a las mismas personas que le quitaron la vida al esposo. Eso es muy duro, pero una tiene que estar preparada. Con tener odio, mi esposo no va a volver. Yo ya perdoné. Además, tengo un hijo y no puedo infundirle rabia, venganza… Yo no puedo," señala Luisa María Moreno.

"Hay que lograr vivir con ellos. Si se van a desmovilizar es porque también quieren la paz. La justicia para mi es tener paz. Pero una paz verdadera, que no haya repetición."

A Sandra Callejas le mataron cuatro hermanos entre 18 y 35 años. Su familia sólo pudo enterrar a la mayor, Marleny. "La mataron los paras. Los otros tres siguen desaparecidos. Con seguridad están muertos", afirma con aplomo a VICE News.

"En La Habana están viendo las cosas muy fáciles. Nosotros estamos en el territorio y las cosas no son como las están planteando allá", asegura.

Callejas, que preside la Asociación de Víctimas de Ituango, denuncia la falta de claridad en cómo se van a reinsertar los guerrilleros. "Hay que no saben ni leer ni escribir. Mucha gente que no conoce el pueblo, que nunca ha salido a la civilización ¿Qué pensará esa persona? ¿Qué temores tendrá? El victimario se va a creer superior al civil porque va a pensar 'es que yo tenía armas'. Con ese victimario hay que hacer un proceso".

La joven también lamenta que ellos como Asociación de Víctimas no han recibido capacitación para participar y apoyar este supuesto proceso de reinserción.

"¿Y dónde están los proyectos productivos? Eso no se hace de la noche a la mañana. Si vamos a hacer un proyecto donde ellos empiecen a comercializar, eso ya debiera estar prácticamente a punto. ¿Dónde están esos proyectos?", insiste.

Por otro lado, el Frente Armando Ríos anunció hace unos días que no entregará las armas. Del mismo modo, mandos del Frente 18 de Ituango, han hecho saber a varios líderes del municipio, entre ellos Sandra Callejas, que ellos tampoco secundan el proceso de paz. "Todos no se van a desmovilizar", presume Callejas.

A favor de las conversaciones en La Habana

Hace unos meses, fieles al ex presidente Álvaro Uribe se lanzaron a las calles de las principales ciudades del país para marchar contra el presidente Juan Manuel Santos y el proceso de paz en La Habana. Humberto de Jesús Zuleta, un campesino de la vereda El Cedral no acaba de entenderlo.

"En las ciudades, supongo yo, han sufrido poco la guerra. La ha sufrido el campesino. Yo les diría que apoyaran el proceso, que eso es un bienestar para toda la nación. Al que no ha sufrido la guerra en carne propia es muy difícil convencerlo. Se sabe que uno tiene que sufrir las consecuencias para ser razonable", dice parcamente a VICE News este hombre de rostro cuarteado por el sol y los años.

Zuleta vio arder El Cedral hace años. Cuando lo incendiaron las AUC, después de que mataran a tres campesinos que no supieron darles la ubicación de la guerrilla. Él sí sabe lo que es la guerra. "Soy feliz con lo que se va a firmar (en La Habana). Desde ahí se van a acabar tantas violencias como se han dado. ¿Cómo va a ser lo mismo vivir en paz que vivir una guerra bien horrible?".

Violencia sexual y debilidad del Estado

Lina Zuleta tiene 30 años y tuvo que salir de Ituango muy joven. "Uno de los paramilitares que estaba en el pueblo le dijo a mi madre: 'Yo decidí que ella iba a ser mi novia'. ¡Y yo tenía once años! Así que mi mamá le respondió: 'pues yo decido que no'. Y nos fuimos."

Regresó en 2005 y hoy lidera la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango (AMII). Zuleta cree que el Estado es aún débil institucionalmente para ocupar el hueco que va a dejar la guerrilla en los municipios y veredas.

"Todos los códigos que ellos [las FARC] han impuesto por décadas también son unos códigos que limitan el accionar de quienes no son tan buenos", apunta. Al mismo tiempo, considera, también obstaculizan la denuncia y la posibilidad de saber qué ocurre realmente en las zonas controladas por las FARC.

"En varios de los casos en los que yo no fui capaz de trabajar en la zona eran había involucrados miembros de la guerrilla en asuntos como la violencia sexual contra los niños. No se podía denunciar. Hoy sí se va a poder y tendría que haber una institucionalidad fortalecida. Este es el principal peligro que yo veo: no tener una administración con políticas claras para ese otro universo que se va a abrir. Lo que sentimos es que se van a exacerbar las violencias y las rutas de atención no están establecidas".

Sigue a Iván M. García en Twitter: @ivanmgarcia77

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs