Los JJ.OO de Río de Janeiro se convierten en una excusa para desahuciar a los más pobres

Lleva la gorra calada y apenas se le distinguen los ojos bajo el sol cegador que azota la tarde carioca. José Jorge Santos de Oliveira está de pie en la cuneta de la Avenida de las Américas, al oeste de Río de Janeiro y señala lo que queda de su barrio — convertido ahora en un inmenso descampado del que brotan los matorrales tropicales.

"No había ninguna necesidad de hacerlo. Esta zona no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos", explica en relación a la destrucción de Vila Recreio II, la favela en la que ha vivido durante 16 años. "Por aquí no pasará un solo atleta ni de broma. Es solo una excusa".

La semana pasada, el Comité Popular del Mundial y las Olimpiadas publicó un dossier de 190 páginas en el que se relata que ya son 22.059 familias, o 77.026 personas, las que han sido desahuciadas entre 2009 y 2015, según datos del ayuntamiento de Río de Janeiro.

Activistas que se oponen a los JJOO de Río temen ser acusados de terrorismo. Leer más aquí.

El ayuntamiento, encabezado por el alcalde la ciudad, Eduardo Paes, arguye que los desahucios son fundamentales no solo en términos de organización, sino también para el futuro de la ciudad. Paes asegura que el sistema de transporte público y la red de carreteras de la ciudad serán modernizados y que su mejora resultará beneficiosa para todo el mundo. Sin embargo, muchos consideran que la auténtica fuerza que está engrosando el grotesco número de desahucios es la de la especulación inmobiliaria.

"Aquí es donde se concentra el metro cuadrado más caro de Río", dice Santos de Oliveira en alusión a su antiguo barrio. "Está en la ciudad y al mismo tiempo está en mitad de la naturaleza. Y sus playas están limpias".

Theresa Wiliamson es la fundadora de Catalytic Communities, una think tank que lleva tiempo denunciando que los desahucios están siendo orquestados minuciosamente por el gobierno local. Al igual que sucediera en los JJ.OO de Barcelona, en los de Atenas o los de Londres, las Olimpiadas han sido la excusa perfecta para enterrar barrios deprimidos enteros, bajo los falaces dictados de la planificación urbanística.

"Los Juegos han disparado las construcciones sin consulta previa. Si querían hacer lo que están haciendo legalmente deberían de haber decidido la dirección de las carreteras, la localización de las infraestructuras o los planes de reasentamiento para los desterrados", explica. "Todo lo cual ha permitido que florezca el clásico escenario donde se toman decisiones rápidas sin consulta previa, y en que se destierra impune e ilegalmente a familias enteras para recalificar el suelo donde vivían".

La oleada de desahucios presuntamente vinculada a los JJ.OO contraviene las ordenanzas municipales previamente aprobadas por el ayuntamiento. Así, el consistorio carioca ya anunció en los años 90, cuando arrancó su proyecto de remodelación de la favela Bairro, que el propósito del mismo no era otro que "integrar a las favelas en el tejido de la ciudad gracias a la aplicación de infraestructuras modernas y del aumento de los servicios".

En 2010 el programa en cuestión fue rebautizado como programa Morar Carioca, y fue presentado como una pieza fundamental del legado social de los JJ.OO, y del plan para integrar a todas las favelas en el núcleo urbano de la ciudad en 2020.

"En 2010 los vecinos de las favelas estaban ilusionados. La gente estaba convencida de que las cosas iban a mejorar, que la economía estaba creciendo", cuenta Williamson. "Y el optimismo es muy terapéutico para disminuir los problemas sociales. Cuando uno tiene esperanza y es positivo, entonces tiene menos posibilidades de caer en la delincuencia".

En imágenes: los delincuentes de las favelas se exhiben en las redes sociales. Leer más aquí.

Según Lucas Faulhaber, coautor de un libro sobre los desahucios, toda aquella corriente de optimismo ha sido olvidada. Para él, "el perfecto ejemplo" de lo que está haciendo el ayuntamiento es el barrio de Vila Autódromo. Ahora, por fin, el ayuntamiento tiene la excusa para deshacerse de aquellos de los que lleva años intentando deshacerse.

"El gobierno está simplemente utilizando la excusa [de los Juegos Olímpicos], para encubrir su auténtico interés, que es la recalificación y la construcción inmobiliaria", explica. "En Vila Autódromo se han utilizado toda suerte de argumentos para logar desalojar a sus vecinos. Antes les contaba que la zona era peligrosa o simulaban su auténtico interés con excusas medioambientales".

Hoy Vila Autódromo — que está a solo unos 100 metros del Parque Olímpico, el escenario principal del evento — está convertido en un cúmulo de escombros tras la demolición de varios de sus edificios. Los despojos y el polvo infestan los pequeños callejones de la zona

Sin embargo, un puñado de vecinos se resisten a ser desahuciados.

"Yo no me voy", asegura Denise Costa de Santos, que vive del reciclaje de basura. Denise muestra orgullosa lo ramos de jazmín fresco que ha recolectado de la orilla de la llamada Lagoa de Jacarepaguá, un lago enorme. A pesar de que la mayor parte del tiempo no hay agua, de que las cañerías han sido reventadas y los árboles talados; y, a pesar de que mi casa tiembla bajo las obras de construcción que hay en marcha, yo no me voy a ningún sitio. Le pediré ayuda a Dios".

Costa do Santos relata lo mucho que disfruta de ver los fuegos artificiales de año nuevo reflejados en las aguas del lago. Hasta que un bocado de realidad se interpone de manera ceniza en su discurso: "claro que es muy posible que este sea el último año en que pueda verlos".

Cuando el ayuntamiento de Río empezó a desterrar a los vecinos de la zona para construir una carretera de acceso al Parque Olímpico en febrero de 2014, Vila Autódromo estaba poblada por 583 familias. O lo que es lo mismo, por 2.450 personas, según explican desde su comunidad de vecinos. Hoy solo quedan menos de 50 familias.

"Perdí el único trabajó que tenía cuando decidieron destrozar el barrio", explica Joao Felix Do Santos, que nos cuenta que se ganaba la vida barriendo carreteras, cortando césped y pintando bordillos.

Do Santos es uno de los muchos vecinos a los que se trasladó a un complejo de apartamentos cercano. Pero lo cierto es que nunca se adaptó y que terminó volviendo a Vila Autódromo. "Nunca me sentí en casa estando allí", cuenta. "Claro que no sé cuánto tiempo podré seguir aquí".

Un informe sobre las cárceles de Brasil evidencia un 'desastre en derechos humanos'. Leer más aquí.

María da Penha Macena, representante de la comunidad de vecinos, asegura que aquellos que se quedan o que han regresado, están haciendo todo lo posible por hacer que el barrio siga funcionando. María nos muestra la pequeña iglesia del vecindario, un edificio brillante e inexplicablemente nuevo, que sobresale de entre las ruinas de las casas derrumbadas. "La hemos renovado", proclama la pequeña y fibrosa portavoz en un tono en el que se confunden el orgullo, la rabia y el dolor.

Macena saltó a las portadas de la prensa durante el pasado mes de junio, cuando la policía intentó desalojar a la fuerza a un familiar suyo que también vivía en el barrio. Los vecinos intentaron detener el desahucio y los forcejeos degeneraron en un violento enfrentamiento. El rostro golpeado y ensangrentado de Macena apareció al día siguiente en la mayoría de rotativos nacionales.

"No me quiero ir", confiesa ella. "Esto es mi vida, aquí están todos mis recuerdos, mi historia entera".

Si bien se ha exigido al ayuntamiento de Río que compense a los afectados; o, en su defecto, les aloje en casas nuevas, lo que ha sucedido en muchos casos es que lo hogares ofrecidos eran inadecuados o que quedaban extremadamente lejos de los vecindarios en que muchos de sus habitantes han crecido y vivido durante todas sus vidas. También se han denunciado las pobrísimas compensaciones financieras por ser clamorosamente bajas.

José Jorge Santos de Oliveira cuenta que, en un primer momento, el ayuntamiento le ofreció la pírrica cifra de 8.600 reales brasileños — 2.500 euros — a cambio de demoler su vivienda en Vila Recreio II. Después de negarse, el ayuntamiento le ofreció tres apartamentos distintos en el centro de la ciudad, pero Santos declinó las tres ofertas sucesivamente. En realidad, Santos aprovechó su caso particular para vociferar las exigencias de todo su vecindario, que clama desde entonces porque se le mejoren las condiciones ofrecidas.

Para Jorge Santos el motivo de su resistencia no tanto el dinero como lo que conviene en llamar un "sentimiento de pertenencia". Y tal es un sentimiento que toda la comunidad comparte, pues han acudido a las mismas iglesias, escuelas, clínicas y espacios públicos desde hace mucho tiempo. Según Santos, la unión hace la fuerza y la fuerza de su vecindario presume de haber mantenido a las milicias locales a raya.

Las milicias son organizaciones criminales integradas por policías, vigilantes de prisiones o soldados, tanto en activo como retirados, que exigen a los vecinos una cuota mensual de dinero, a cambio de procurar seguridad. En algunos casos, lasmilicias también cobran un impuesto revolucionario por la prestación de servicios esenciales como el gas o el agua. Y en otros casos más, funcionan también como escuadrones de la muerte o mercenarios — las cifras oficiales de la policía de Río apuntan a que el 45 por ciento de los asesinatos registrados en la ciudad en 2010 fueron ejecutados por las milicias.

"Cuando cortas las raíces de la gente, entonces las sociedades se debilitan y el espíritu vecinal desaparece", asegura Santos de Oliveira. "Se supone que esto es un reasentamiento, pero no o lo es. Esto es un desahucio en toda regla Están haciendo con nosotros lo que se hace con la basura".

La presidenta de Brasil, a un paso de ser juzgada por presunta manipulación de cuentas. Leer más aquí.

Sigue a James Armour Young en Twitter: @seeadarkness

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs