Turquía, la prisión más grande del mundo para los periodistas tras el golpe de estado

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Una delegación del Consejo para las Relaciones Económicas de Turquía en el Exterior (DEIK por sus siglas en turco) visitó Bruselas el pasado martes con la misión, según sus integrantes, de difundir el compromiso del empresariado por mantener la economía de su país a flote tras el fallido golpe de estado del 15 de julio y de poner coto a las informaciones imprecisas que, decían, se difundían en relación a la situación actual.

"Business as usual", repetían en mantra el presidente del consejo Ömer Cihad y sus acompañantes entre el escepticismo de su audiencia.

De acuerdo con los portavoces del DEIK, "Turquía es un país rico en recursos humanos y jóvenes instruidos": la purga en ciertos ámbitos empresariales y en varios niveles de la administración, policía y ejército incluídos, no está siendo un problema. Sus efectivos son reemplazables, subyacía en su exposición.

Una tesis que coincide con la que altos diplomáticos turcos sostienen en los foros de los que VICE News ha participado.

Pero hay un ámbito en concreto en el que esta afirmación presenta muchas dudas, y después de la hora de comer, en las mismas dependencias del Parlamento Europeo, estuvo para constatarlo el representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en Turquía, Erol Önderoglu.

El estado de emergencia declarado el pasado 20 de julio se está ensañando con la prensa, señalaba el también periodista, apoyándose en el último informe elaborado por su colectivo.

Un estado de derecho que ya no existe

Turquía históricamente ha mantenido complicados equilibrios de poderes. Más que ejercer de diques de contención, los tres pilares del incipiente estado de derecho turco han guerreado duramente entre ellos.

El ejército, tras la fundación de la república en 1923, siempre había mantenido una actitud vigilante para evitar una eventual erosión de los valores del promotor de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk. Un cometido en el que, una parte o la totalidad de la institución castrense, siempre habían sido muy eficientes. Hasta el pasado verano.

La propuesta de reforma constitucional que defiende el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP en turco) sin un sistema de contrapesos como el que exigen amplios segmentos de la sociedad civil no ayudaría a consolidar la necesaria separación de poderes que garantizan la democracia.

Si la iniciativa prosperase, Turquía pasaría de un sistema parlamentario a uno de presidencialista. Las negociaciones tendrán lugar las próximas semanas con una oposición debilitada por el fervor progubernamental imperante en las calles.

Y en ese contexto, ya de por sí poco alentador para cualquier aspiración de aumentar los baremos de calidad democrática, llegó la tentativa militar de deponer al presidente electo, Recep Tayyip Erdogan.

Excusándose en la necesidad de unidad nacional y en el combate a la amenaza encarnada en el clérigo musulmán Fethullah Gülen, a los fieles de quien achacan la organización del golpe, el gobierno ha implementado "decretos que socavan los cimientos del imperio de la ley", se lee en la primera página del informe de RSF.

Unos 200 periodistas han sido encarcelados después del golpe fallido, según los tres grandes sindicatos de la profesión. En un sólo día, el 14 de septiembre, 101 de ellos fueron arrestados y recluidos. Cifras que sitúan a Turquía como "la prisión más grande del mundo para los trabajadores de los medios". Un dudoso honor que el país ya obtuvo entre 2012 y 2013.

De entre este desdichado grupo destaca Nazli Ilicak, una reputada periodista de 73 años detenida el día 26 de julio. El caso de Ilicak es especialmente llamativo, pues ella fue cargo electo del AKP. En 2013 fue despedida del diario progubernamental Sabah después de publicar un artículo en el que exigía que los ministros implicados en casos de corrupción dimitieran y se enfrentaran a un juicio.

Junto a los periodistas, 102 periódicos, emisoras de radio, canales de televisión y agencias de noticias han sido clausuradas por un decreto con fecha de 27 de julio de 2016.

Medidas punitivas administrativas

Complementando arrestos y clausuras, el Directorio General de la Información y la Prensa (BYEGM en turco), un órgano dependiente del gobierno, ha retirado acreditaciones a 620 profesionales de la comunicación. La presión administrativa también se hizo notar en la retirada de pasaportes bajo la ley antiterrorista, o en retenciones arbitrarias durante la cobertura de eventos relacionados con la reacción posgolpe.

Los hay, como Can Dündar, que directamente han optado por el exilio. Una opción por la que también han optado algunos académicos. "Me llamaron unos amigos profesores. Uno desde Berlín, el otro desde Ginebra… 'Hemos dejado nuestra casa, nuestro coche. Ya no teníamos cabida en Turquía'", asegura Önderoglu que le dijeron.

Y es algo de lo que no han estado exentos los extranjeros. La doctoranda española Beatriz Yubero, con la que ya habló este medio en agosto, fue deportada por supuestas vinculaciones con los gülenistas. Las deportaciones de foráneos son una tendencia, cabe decir, que ya venía cobrando fuerza desde las protestas antigubernamentales de Gezi de mayo de 2013.

As of today, at least 91 journalists are in jail, at least 2.308 journalists lost their jobs, 660 press cards cancelled — JournosInTurkey (@JournosInTurkey)30 de septiembre de 2016

Además de los datos aportados por RSF, la organización de periodistas turcos Ben Gazeteciyim señalaba que más de 2.300 periodistas han perdido su trabajo.

Pero es que la situación en Turquía nunca ha sido para tirar cohetes en lo relativo a la libertad de prensa.

En el siglo XIX los primeros periódicos dependían económicamente de las donaciones de los sultanes otomanos. Los periodistas eran funcionarios del imperio.

Siguiendo el modelo institucional de sus vecinos en la orilla norte del Mediterráneo, la república tejió una densa red de relaciones clientelares que tenían en la publicidad oficial uno de sus ejemplos más visibles. No fue hasta los 50 que los periódicos Hürriyet y Milliyet, dos de los más representativos en el país, empezaron a circular. Una actitud dócil con el kemalismo, la ideología oficial, permitió su consolidación.

Es con la liberalización de los 80 que se afianzan los grandes imperios del sector, con Aydin Dogan, dueño del Hürriyet, enfrente de ellos.

El AKP contra la libertad de información

Desde que en 2002 el AKP ganara las elecciones por mayoría absoluta, el país ha sido testigo de varias confiscaciones de medios.

Ese mismo año el propietario de un holding homónimo, Cem Uzan, se presentó con un partido que obtuvo un nada desdeñable 7 por ciento de los votos, algo que, a pesar de no entrar en el parlamento por la restrictiva barrera del 10 por ciento de sufragios emitidos, le situaba como un futuro rival.

Poco después de la contienda electoral la Aseguradora para los Fondos de Ahorro y Depósitos de Turquía (TMSF), un instrumento estatal para detectar irregularidades en operaciones bancarias, confiscó las propiedades de Uzan.

Los siguientes, en 2007, fueron el periódico Sabah y la televisión ATV. Esta controvertida operación coincidió con multitudinarias protestas por todo el país de los sectores seculares de la sociedad turca que veían amenazada la laicidad del estado. Cuando pasó el chaparrón, los medios expropiados hasta el momento fueron vendidos al holding Çalik, propiedad del yerno de Erdogan.

No acabó ahí. En 2009 le llegó el turno al poderoso grupo de medios de Aydin Dogan tras la publicación, el año pasado, de una información sobre la apropiación de donaciones religiosas hechas a Turquía.

La hacienda turca le impuso una multa que le obligó a vender sus principales activos. La línea editorial de los medios del holding en relación al AKP se relajó y los medios que se fundaron después ya optaron por una actitud más dócil.

Los últimos episodios de confiscaciones de cabeceras y canales se focalizaron en los llamados gülenistas. Aunque para los medios kurdos y de la izquierda la persecución y la clausura siempre fueron una constante, antes y durante el mandato de Erdogan. El último episodio de esta persecución fue el cierre de dos decenas de televisiones y radios sostenidas por las minorías kurda y aleví, sustento principal del izquierdismo en Turquía.

"En 10 años el AKP ha tomado el control del 70 por ciento de los medios mainstream turcos", apuntaba el reportero y activista Erol Önderoglu.

Un panorama mediático complejo

Las líneas editoriales de los medios turcos son el vivo reflejo de la polarización partidista que sufre el país. Es lo que los académicos Daniel C. Hallin y Paolo Mancini denominan paralelismo político. Con sus herramientas analíticas, podemos afirmar que Turquía es un modelo en el que el estado interviene de una forma muy intensa, algo más que evidente a juzgar por todo lo expuesto, y en el que la autonomía de los profesionales está permanentemente amenazada.

Las tradiciones legales centroeuropeas y escandinavas cristalizan en organismos como el Consejo de Prensa sueco, un tribunal de justicia ordinario que tiene la potestad de imponer multas a los medios y obligarles a publicar sus decisiones. Entre los periodistas y editores estos organismos gozan de una gran legitimidad.

Una institución de este tipo en Turquía tendría mucho trabajo.

El periodismo turco, más orientado al comentario, ha dado cabida a todo tipo de afirmaciones descabelladas. El columnista Ibrahim Karagül llegó a publicar en el progubernamental Yeni Safak que la inteligencia alemana estaba preparando un "derramamiento de sangre" incitando a kurdos y a la minoría aleví a iniciar una guerra civil.

Una de las pocas organizaciones de periodistas apartidistas que existen en el país es la Asociación de Periodistas Turcos (TGC en esta lengua). "La TGC ha sabido protegerse de la polarización, pero es muy difícil desprenderse de la autocensura", explicaba Erol Önderoglu a VICE News.

El jueves, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciaba, contra las reclamaciones de RSF, la posibilidad de extender el estado de emergencia por lo menos durante un año. En ese mismo discurso tildó de "movimiento político" la clasificación de la deuda soberana turca como "bono basura" por las dudas sobre la deriva autoritaria del país. Algo que también ha afectado sus expectativas de crecimiento del PIB.

El optimismo del DEIK en la sesión matinal de reuniones contrastaba con esta realidad. Una posible razón es que en Turquía es cada vez más difícil encontrar a alguien que señale, en economía o dónde sea, que el rey, o el sultán en este caso, está desnudo.

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