Salvador Sánchez Cerén. Imagen vía AP Photo.
Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.El gobierno de El Salvador, formado por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), no está de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la ley de amnistía promulgada en 1993.La ley protegía a aquellos que habían participado en crímenes cometidos a lo largo de los 12 años de la Guerra Civil que finalizó en 1992, y en la que se enfrentaban el FMLN — que en ese entonces era una guerrilla de izquierda – y el gobierno de la época. La ley, también protegía a los políticos y mandos militares de derecha, y a los acusados de crímenes y atrocidades.Ahora los que encabezan el gobierno han dicho que la decisión de la Corte podría revivir viejos conflictos y desestabilizar el país más de lo que estaba hace dos décadas, al final de la guerra, en la que fueron asesinadas aproximadamente 85.000 personas.El FMLN organizó una marcha escasamente concurrida el pasado fin de semana, en la que los participantes denunciaron el fallo como "un golpe de Estado."
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"El fallo pretende poner en conflicto con el ejército, quieren separar al ejército", dijo ayer Roberto Lorenzana, un ex comandante guerrillero que ahora es un asesor presidencial. "El fallo nos quiere empujar a un ciclo de represalias y venganza".Las palabras de Lorenzana van en conjunto con las declaraciones del presidente del país Salvador Sánchez Cerén, quien señaló que la decisión es un visión ciega sobre la situación en El Salvador, en un momento en el que se está luchando para contener la violencia extrema de las pandillas."El fallo no tiene en cuenta, y no mide el impacto en el frágil tejido social del país", dijo Cerén en un comunicado transmitido a la nación el viernes pasado.'El fallo pretende poner en conflicto con el ejército, quieren separar al ejército'
La decisión podría significar cargos contra Cerén, quien era un miembro de la dirección del FMLN durante la guerra, en la que los guerrilleros presuntamente fueron más allá de la lucha contra un régimen autoritario y también secuestraron, asesinaron, y obligaron a gente a trabajar para ellos.
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La decisión del tribunal también ejerce presión sobre los militares que nunca se han enfrentado a la justicia por las masacres cometidas durante la guerra, como aquella en la que los soldados mataron a unos 1.000 campesinos en la comunidad de El Mazote en 1981. También está el caso del arzobispo recientemente beatificado de San Salvador, Oscar Romero, asesinado en 1980, y los homicidios de seis sacerdotes jesuitas en 1989.La polémica ley de amnistía se proclamó supuestamente para ayudar a lograr la reconciliación nacional posguerra en el pequeño país de América Central. Las familias de las víctimas, activistas de derechos humanos y grupos de la sociedad civil, por el contrario, celebraron su derogación."Hoy es un día histórico para los derechos humanos en El Salvador", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Aseguró que "el país se enfrenta finalmente su trágico pasado."Sigue a Alan Hernández en Twitter: @alanpastenSigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs'El fallo no tiene en cuenta, y no mide el impacto en el frágil tejido social del país'.