La inmunidad hacia los agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU está en juego

Sergio Adrián Hernández era un niño delgado de 15 años que amaba el futbol y aspiraba a ser oficial de policía, cuando un día Jesús Mesa Jr., agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, le disparó en el ojo izquierdo. Fue el 6 de junio de 2010 en Ciudad Juárez.

El 3 de septiembre de 2012, Guillermo Arévalo Pedroza, trabajador de la construcción, se encontraba en medio de una celebración de cumpleaños familiar cuando fue abatido por la Patrulla Fronteriza. Arévalo, de 37 años, murió desangrado en los brazos de su hija de diez años en Nuevo Laredo.

José Antonio Elena Rodríguez había salido a caminar para comprar un hot-dog en un puesto de comida local cuando fue impactado por al menos 12 disparos de una pistola calibre .40 de un agente fronterizo. El joven de 16 años murió el 10 de octubre de 2012 en Nogales, cerca de la frontera con Arizona.

Juan Pablo Santillán se encontraba recolectando madera el 7 de julio de 2012 con su hermano, cuando fue asesinado en Nogales.

Todas estas víctimas eran ciudadanos mexicanos que no estaban armados y de acuerdo a la revisión de antecedentes, solo uno tenía un récord criminal. Todas las muertes sucedieron en pueblos fronterizos de México. Además ellos forman parte de la lista de siete personas que fueron asesinadas en suelo mexicano desde el 2010 por agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes dispararon sus armas desde el lado estadounidense de la frontera.

Con base en más de 13 mil documentos que contienen información proveniente de reportes de la Patrulla Fronteriza, récords de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, recuentos de noticias compilados por la Southern Border Coalition, y una investigación de Arizona Republic, los agentes de la Patrulla Fronteriza han matado al menos 52 personas desde el 2004 [entre ellas 15 ciudadanos estadounidenses] de las cuales 30 murieron desde 2010, incluyendo los siete casos fronterizos mencionados.

Las familias de estas víctimas, sus abogados y grupos defensores, han unido fuerzas para enfrentar una decisión con implicaciones importantes para la política fronteriza, así como para su respectiva búsqueda de justicia.

Uno de los casos, el asesinato del joven de 15 años, llegó hasta un juicio — Hernández vs. Mesa — que ahora se encuentra en la Corte Suprema estadounidense, a espera de que el 1 de abril se resuelva si se pospone, se considera en su totalidad, o si se descarta. Al mismo tiempo, otros casos están siendo presentados ante la corte, entre ellos una demanda civil que sería el primer caso criminal en la historia por un tiroteo fronterizo.

Si la Corte Suprema rechaza el caso, o si confirma el último recurso de apelación a favor del gobierno, las familias mexicanas no tendrán el derecho de demandar al gobierno por violaciones a los derechos civiles de familiares fallecidos que han sido víctimas de asesinatos fronterizos a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza.

Sin embargo, si las familias mexicanas ganan alguno, o ambos casos civiles, obtendrían derechos de la cuarta y quinta enmienda estadounidense, incluyendo la oportunidad de demandar a los agentes de la Patrulla Fronteriza que mataron o lesionaron gravemente a sus familiares. Esto podría resultar en una compensación de daños a través de los derechos civiles y constitucionales que obtuvieron.

El caso Hernández vs. Mesa, llegó hasta la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, famosa por su conservadurismo, la cual tiene jurisdicción en todo Texas, fallara en contra de la familias. El gobierno argumenta que se trata de un caso donde la "inmunidad calificada" es aplicable al agente responsable de disparar. Esto significa que para poder demandar exitosamente a un oficial del gobierno, se tiene que demostrar una clara violación de las leyes establecidas. El Quinto Circuito estuvo de acuerdo, al decir que no está claramente establecido en la ley, que la Constitución de los Estados Unidos aplica para un ciudadano mexicano asesinado en México.

Los abogados que representan a las familias alegan que este argumento logra evadir lo obvio. "No se necesita una decisión de la corte para decir que está mal matar a un niño de 15 años desarmado", dice Steve Shadowen, uno de los abogados que representa a la familia Hernández.

"Es sentido común y elemental obtener una revisión judicial cuando se trata de asesinatos de niños a manos de la policía", añadió. Shadowen también enfatiza que cuando Hernández fue abatido, el oficial no sabía si el niño era ciudadano estadounidense o mexicano.

Las agencias federales — La Patrulla Fronteriza forma parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), la cual es parte del Departamento de Seguridad Nacional — tienden a justificar los asesinatos fronterizos bajo el argumento de que los agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon porque se encontraban en peligro debido a las piedras que las víctimas les arrojaron.

Los abogados de las familias han rechazado este argumento, al igual que oficiales del gobierno estadounidense en otros contextos. Cuando Hillary Clinton era secretaria de estado, criticó a las fuerzas de seguridad egipcias por utilizar fuerza letal en contra de manifestantes que lanzaron piedras poco antes de la caída del régimen de Hosni Mubarak apoyado por EE.UU.

A nivel internacional, las Comisiones de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, grupos de derechos civiles como el American Civil Liberties Union, y grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han condenado la fuerza letal utilizada en contra de los individuos que lanzan piedras.

La famosa defensa llamada "rockers" fue utilizada en el caso de Hernández, aunque ahora existen dudas sobre si el adolescente siquiera lanzó una piedra antes de ser abatido del lado mexicano en Río Grande.

James Tomsheck, ex director de asuntos interiores de CBP, escribió recientemente en una declaración para el caso de la Corte Suprema que vio tres vídeos diferentes del asesinato de Hernández, y que todos confirman que el adolescente no lanzó piedras a Mesa.

Tomsheck también recordó la valoración de un oficial con cargo importante en el FBI quien planteó que si la Patrulla Fronteriza fuese una agencia de policía municipal, su uso excesivo de la fuerza habría resultado en una "suspensión federal", similar a lo sucedido en Ferguson, Albuquerque, y otras ciudades con departamentos de policía problemáticos donde el Departamento de Justicia ha intervenido al desplegar investigaciones de derechos civiles.

Las 52 personas asesinadas desde 2004 por agentes de la Patrulla Fronteriza incluyen a varios hombres desarmados que fueron golpeados hasta la muerte, a un ciudadano mexicano que murió luego de ser obligado a beber metanfetamina líquida, y otros civiles que fueron baleados, rociados con gas pimienta, o electrocutados con armas de aturdimiento.

Algunos observadores de la frontera dicen que la violencia de la Patrulla Fronteriza está vinculada a los estándares menos rigurosos y al deficiente entrenamiento, en medio de la presión por militarizar la frontera, que data de varias administraciones. Los primeros esfuerzos comenzaron a mitad de los 90, pero se vieron acelerados de forma dramática después de que George W. Bush firmara la ley de seguridad fronteriza en 2006, añadiendo más de 600 millas de vallas y financiamientos adicionales para personal y vigilancia. Los incrementos en los financiamientos continuaron bajo la administración de Obama, quien ha deportado a más gente que en cualquier otra administración.

"Los medios por los que el personal ha sido evaluado ha provocado un porcentaje significativo de personas no aptas para portar una pistola y una placa", dijo Chris Rickerd, abogado del sindicato American Civil Liberties Union quien ha monitoreado la escasez de castigos registrados en contra de la Patrulla Fronteriza. "Es la agencia más grande de la aplicación de la ley en el país, pero [la CBP] no cuenta con la supervisión acorde y la responsabilidad que necesita".

Es inusual que la CBP siquiera libere los nombres de los agentes involucrados en los asesinatos o las identidades de sus víctimas, y hasta el momento, nunca ha habido un cargo criminal presentado en contra de algún agente de la Patrulla Fronteriza implicado en un tiroteo fronterizo.

En septiembre pasado, el agente de la CBP Lonnie Swartz fue culpado por asesinato en segundo grado por matar al joven José Antonio Elena Rodríguez de 16 años. Swartz disparó al adolescente mínimo diez veces desde territorio estadounidense mientras que Elena Rodríguez tomaba una caminata de noche sobre la avenida Internacional en Nogales, México, en 2012.

Luis Parra, abogado que reside en Nogales y Tucson, Arizona, representa a la familia de Elena Rodríguez. "Nunca ha habido un caso de homicidio fronterizo", dice. "Es algo único".

Parra sostiene que el gobierno se contradice al culpar a uno de sus oficiales por homicidio, mientras adquiere la postura de que la "inmunidad calificada" aplica para casos civiles relacionados con tiroteos fronterizos. Parra añadió que la ciudadanía de su cliente es irrelevante. "Era un niño que recibió diez balas en su propio país y sin cometer crimen alguno", dice. "¿Qué les da el derecho de disparar diez veces hacia un niño en su propio país?"

For Por más de media década, las familias mexicanas que sufren por haber perdido a sus familiares a manos de la Patrulla Fronteriza han tenido que enfrentarse a decisiones legales contradictorias que les han dado victorias y derrotas en su camino hacia la Corte Suprema.

"Tal vez, por la muerte de mi hijo, todo este desastre cambie", comentó Araceli Rodríguez Salazar a VICE News. "No quiero que otros padres sufran de la forma en que he sufrido".

Ella es la madre de José Antonio Elena Rodríguez, el adolescente desarmado de 16 años a quien le dispararon en Nogales, y cuyo caso está siendo actualmente considerado por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

Guillermo Arévalo Pedroza, el trabajador de construcción desarmado a quien la Patrulla Fronteriza mató en 2012, era "una persona alegre, un padre vigoroso, y un hombre de familia. Le gustaba jugar y ver futbol", dijo su viuda Nora Isabel a VICE News.

"Nadie se los esperaba y nunca pensé que fueran a matar a mi esposo", dice. "No estoy segura si el caso será considerado, pero simplemente ruego que algo bueno se de cuando todo se haya dicho y hecho".

La responsabilidad de los agentes de la Patrulla Fronteriza en los asesinatos fronterizos depende del caso en la Corte Suprema concerniente al asesinato del adolescente de 15 años Adrián Hernández. Antes de que su caso llegara a la corte máxima, la familia Hernández pasó varios obstáculos en la sala del tribunal.

En 2012, el juez de una corte menor reconoció que el caso involucraba "el injusto despojo de la vida", pero al final dictaminó que debería ser descartado porque "la víctima no era ciudadano estadounidense y el agravio ocurrió en México".

Un panel parcial de la Corte del Quinto Circuito revirtió la decisión de 2014, lo cual resultó en una victoria inesperada y significativa para la familia Hernández. Pero incluso dicha victoria no duró mucho; toda la corte revirtió la decisión después de una apelación proveniente de la administración de Obama.

Ahora, la familia Hernández espera la respuesta para ver si la apelación será escuchada por parte de la Corte Suprema. La corte tiene hasta el viernes para decidir hacia qué dirección apuntar con un caso que ha tenido fallos contradictorios.

Robert Hilliard, abogado de la familia Hernández radicado en Corpus Christi, Texas, estará a cargo de los argumentos orales del caso si los jueces deciden escucharlo. Nunca antes ha argumentado un caso frente a la Corte Suprema, pero sus colegas comentaron a VICE News que es conocido por hacer "llorar a las salas de los tribunales".

Shadowen, otro abogado de la familia Hernández y colega de Hilliard, dijo que es poco probable que sea descartado, en gran parte porque los jueces decidieron el año pasado mandar el caso al Fiscal General, Donal B. Verrilli Jr., el experto legal y consejero del gobierno, para su consideración.

Hilliard es optimista en cuanto a sus probabilidades. Dijo a VICE News que, al final del día, "no se puede tener una zona abierta de asesinatos o un lugar donde a los gentes que ejercen la ley se les permita disparar y asesinar a ciudadanos mexicanos inocentes sin represalias civiles".

A pesar del optimismo de Hilliard, la pregunta sigue en pie: ¿Acaso la inmunidad fronteriza en términos de asesinatos continuará existiendo, sin reparaciones legales a las víctimas mexicanas? Nada menos que esto está en juego esta semana ante la decisión pendiente de la Corte Suprema.

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