Las chicas que abortan sin el conocimiento de sus padres suelen sufrir malos tratos o desamparo familiar en España

Las chicas de 16 y 17 años que abortan en España sin el conocimiento de sus padres o tutores son un número muy reducido. Apenas suponen el 0,44 por ciento del total de interrupciones voluntarias del embarazo que cada año se producen en el país.

Pero son casos, como señalan ginecólogos y trabajadores sociales, en los que las menores están en situaciones de gran desamparo puesto que suelen sufrir malos tratos en el ámbito familiar, pertenecer a familias desestructuradas, o sus padres están en prisión, o chicas que viven emancipadas en España y sus padres residen a miles de kilómetros.

Si la propuesta de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sale finalmente adelante todas ellas estarán obligadas a que sus padres les den su consentimiento para abortar. Algunas sufrirán una paliza por ello, otras no podrán encontrar a sus padres, otras pondrán en peligro su salud abortando de forma insegura y otras tendrán un hijo que no desean, coinciden en vaticinar los expertos.

La vigente ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo obliga en el apartado cuatro del artículo 13 a que las chicas de 16 y 17 años que quieren abortar deben informar a uno de sus representantes legales.

Un precepto contrario al argumento con el que el PP justifica su reforma que, como señala en la propia exposición de motivos, la nueva normativa suprimirá "la posibilidad de que las menores de edad puedan prestar el consentimiento por sí solas, sin informar siquiera a sus progenitores". Solo cuando las menores aleguen "fundadamente" que esa información les puede provocar un conflicto grave se prescinde el consentimiento en la actual ley de plazos.

"La mayoría de las jóvenes informan a sus padres, que siempre las acompañan a abortar, solo un número muy reducido y que sufre un enorme desamparado es el que no se lo puede decir a sus padres", afirma a VICE News Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que agrupa a la mayoría de los centros privados que practican abortos en España, y realizan por tanto más del 90 por ciento de todas las intervenciones que se hacen en el país, según las estadísticas que cada año elabora el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.

No existen datos reales —ya que el ministerio no concreta esta estadística- de las chicas de 16 y 17 que no comunican a sus padres que van a interrumpir su embarazo.

Los únicos datos aproximados que hay salen a partir de los estudios realizados por ACAI, el último de ellos presentado hace apenas cuatro meses. En el informe, realizado sobre una muestra de 25.394 mujeres que habían abortado entre enero y septiembre del año pasado, se ponía de manifiesto que apenas un 0,44 por ciento del total no le había dicho a sus padres que no había abortado.

Según los últimos datos publicados por Sanidad, referidos a 2013, en España se produjeron 108.690 abortos, por lo que si se extrapolan los datos de ACAI, se puede decir que las chicas de 16 y 17 años que interrumpen sus embarazos sin el conocimiento de sus padres apenas llegan a las 500.

Son casos como el de Ángela —nombre ficticio—, que vive con su padre y es la que se hace cargo con 16 años de su hermano pequeño discapacitado desde que la madre abandonara a la familia cuando era una niña. Al enterarse de que estaba embarazada ni se planteó decírselo a su padre. "Primero me mata y luego me obliga a tenerlo [al bebé]", le contó a García. O son casos como el de Ana —nombre ficticio—, a la que sus padres abandonaron siendo una niña y vive desde entonces al cuidado de sus abuelos, quienes nunca han regularizado la situación.

"Los abuelos no son sus tutores legales y los padres están en paradero desconocido desde hace años, qué ocurrirá en este caso", se pregunta la presidenta de ACAI, quien afirma que lo que demuestra la reforma del PP es que "viven en una realidad completamente ajena a lo que de verdad ocurre y no son capaces de ver esa realidad".

Isabel Serrano, también ginecóloga, y miembro de la Federación de Planificación Familiar Estatal y de la Plataforma Nosotras Decidimos está convencida de que si finalmente sale adelante la reforma lo que hará el Gobierno es "poner en riesgo la salud de estas jóvenes".

"Muchas no acudirán ni a las consultas y recurrirán a métodos no seguros que pueden resultar muy peligrosos", afirma la doctora. Serrano recuerda un caso que trató antes de que entrara en vigor la ley de plazos cuando todas las menores estaban obligadas a tener el consentimiento paterno para abortar.

"Era una chica de 17 años pero vivía emancipada de su madre, que por sus creencias no le quería dar el consentimiento para abortar, el problema es que el padre vivía a 7.000 kilómetros y hacía años que no sabían de él", relata Serrano. Al final la chica tuvo un hijo que no deseaba haber tenido antes de cumplir los 18 años.

La reforma del PP, que con toda probabilidad será aprobada al tener el partido que sostiene al Gobierno mayoría absoluta, remite al Código Civil en caso de conflicto al prestar el consentimiento. Y lo que la legislación establece para estos casos es la aplicación del artículo 156 del Código Civil, que supone llevar el caso ante un juez.

"Si ni siquiera se atreven a decírselo a sus padres, ellas no van a llegar hasta un juez para que resuelva su caso", afirma García, quien señala que es una norma que "afirma proteger a las menores pero lo que va a crear es mayores conflictos familiares".