La ‘ley mordaza’ entra en vigor: 'un auténtico retroceso democrático para España'

A las 00.00h de hoy miércoles 1 de julio de 2015 ha entrado en vigor la polémica Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana — conocida popularmente como 'ley mordaza' —, la reforma del Código Penal (CP) y la ley antiyihadista. Diferentes colectivos, plataformas ciudadanas, ONG e incluso expertos de la ONU consideran que este "trío de normas mordaza" son "desproporcionadas" y suponen "una grave amenaza para la democracia y las libertades de reunión, expresión e información".

A pesar de las críticas y del rechazo de los partidos de la oposición, el Gobierno del Partido Popular (PP) aprobó en marzo esta tríada de leyes gracias a su mayoría absoluta en el Congreso. ¿En que momento llega la aprobación de esta polémica ley?

La idea de crear esta 'ley mordaza' tomó fuerza tras la huelga general del 29 de marzo de 2012 cuando en ciudades como Barcelona se protestaba contra  los recortes, la corrupción de la clase política y la situación social. Esta jornada de huelga acabó con desórdenes públicos y enfrentamientos entre huelguistas de grupos radicales y la policía. Fueron el Partido Popular y el partido nacionalista catalán Convergència i Unió (CiU) los que propusieron en 2012 endurecer las penas y criminalizar los actos de protesta.

En este contexto de emergencia social y de corrupción generalizada, el 15 de mayo de 2011 aparecieron y se consolidaron movimiento sociales y plataformas ciudadanas que han puesto en jaque un sistema y unas instituciones que consideran anticuadas y en las que ya no creen. Plataformas como Xnet se han organizado transversalmente a través de internet para fiscalizar al Gobierno y filtrar casos de corrupción ante la ineficacia e inoperatividad de las instituciones judiciales.

Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha puesto en jaque a las poderosas entidades bancarias parando miles de desahucios y consiguiendo alquileres sociales, entre otros logros.

El empoderamiento de una ciudadanía organizada que tiene fuerza en internet y en la calle, y que ahora fiscaliza a las instituciones, ha puesto al sistema contra las cuerdas. Este contexto ha permitido el auge de fuerzas como Podemos y la consecuente pérdida masiva de votos por parte de los partidos tradicionales.

Ante esta situación de escarnio público y mediático por los casos de corrupción y el creciente poder de los movimientos sociales, el Gobierno del PP quiere criminalizar esta vigilancia a la que le ha sometido la ciudadanía. La aprobación de la ley quiere recortar este poder ganado en la red y en la calle.

Criminalización de la protesta

La criminalización de la protesta es una de las principales consecuencias que comporta la entrada en vigor de la 'ley mordaza'. Muchas de las acciones de protesta de los movimientos sociales y plataformas ciudadanas que nacieron o se consolidaron durante el 15M, el movimiento de los indignados de 2011, pasarán a ser delictivas.

"Parece una ley hecha a medida para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) porque criminaliza muchas de nuestras acciones", explica a VICE News, Carlos Macías, activista de la PAH, desde una sucursal bancaria ocupada en Barcelona.

Ahora, los intentos de paralización de los desahucios, las ocupaciones pacíficas de sucursales bancarias o los llamados 'escraches' — protestar frente a domicilios — conllevarán fuertes multas de hasta 30.000 euros. 

La plataforma en la que militó Ada Colau, la actual alcaldesa de Barcelona, decidió ayer llevar a cabo esta acción de protesta como rechazo a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que hoy ha entrado en vigor.

"Hace un año planteamos estrategias alternativas a la ocupación de los bancos como producir colas y obligarles a cerrar. Después de hacer talleres y formaciones hemos llegado a la siguiente conclusión: Hace seis años que perdimos el miedo. También era ilegal parar desahucios y lo hicimos. Es ilegal la ocupación de inmueble y lo hicimos para alojar familias", afirma tajante Macías.

Ante la pregunta de si pensaban mantener la protesta el 1 de julio, Macías se mostraba desafiante: "Nos iremos cuando cumplamos con nuestro objetivo. Si es con la nueva ley vigente, el problema lo tendrán ellos". Finalmente, a última hora de la tarde del martes la policía desalojó sin incidentes a los activistas de la PAH.

Ahora las manifestaciones no comunicadas, como lo fue el propio 15M o 'Rodea el Congreso', pasan a ser tipificadas como delitos muy graves y sancionadas con cantidades que oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros.

Precisamente este lunes, el Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia condenó a cinco personas que participaron en las protestas del 15M en la ciudad del Turia a penas de 13 a 23 meses de prisión por atentado, lesiones y resistencia.

El nuevo Código Penal elimina las faltas administrativas y un acto como la ocupación de un inmueble público que cause perturbación será constitutivo de delito y sus responsables podrán ser castigados con penas de prisión.

Acciones como la "resistencia", "falta de respeto" o "desobediencia grave" a la autoridad o a los agentes de policía, conlleva penas que pueden ir de tres meses a un año de cárcel.

En este sentido, la ley también criminaliza la difusión de las protestas no autorizadas por las redes sociales. La nueva legislación considera "organizador o promotor a todo aquel que por publicaciones o declaraciones de convocatoria (…) pueda determinarse razonablemente que son directores de aquéllas".

Cuando a finales de marzo se aprobó la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el portavoz del Ministerio de Interior y diputado del PP, Conrado Escobar, afirmó que la reforma "es un avance para la convivencia, supone el mejor compromiso con las libertades y derechos de todos los españoles y constituye un claro refuerzo a nuestra democracia".

El parlamentario popular insistió en la idea de que la nueva ley "es mucho mejor" que la anterior, aprobada en 1992 por el ahora principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y que "la comparativa entre ambas no admite discusión".

"España será más segura y, por lo tanto, más libre", sentenció.

"Con el escenario que se nos presenta a partir de hoy no podemos decir que esto es una democracia", declara a VICE News, sin tapujos, el abogado especializado en delitos informáticos y derecho de Internet Carlos Sánchez Almeida. "Se está limitando seriamente la libertad de reunión y el derecho a la libertad de expresión", sigue, "estamos retrocediendo democráticamente y nos estamos aproximando a países que no son de la órbita comunitaria", afirma en referencia a los baremos de preservación de los derechos humanos de la Unión Europea (UE).

Libertad de Expresión y de Información

Como menciona Almeida, la entrada en vigor de la nueva ley también conlleva severas restricciones de la actividad informativa. La norma especifica que "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lleva aparejadas multas de hasta 30.000 euros, por ser una infracción grave".

Colectivos como la Plataforma de Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI) consideran que esta reforma pone límites innecesarios al trabajo de los informadores y supone un recorte al derecho de información. Las filtraciones que han servido para hacer públicos los correos de Blesa o la lista Falciani entran pasan ahora el esfera de lo que puede considerarse "terrorismo".

"El terrorismo como excusa". Habla Simona Levi, activista de Xnet para la defensa de Internet y por la libertad de información: "Primero, las últimas reformas legislativas pretenden equiparar filtraciones a terrorismo, y segundo, situar los derechos comerciales por encima del derecho a la información". Levi añade al paquete legislativo español la directiva de la UE sobre secretos comerciales, una propuesta que ha sido objeto de crítica por parte de periodistas de toda la Unión.

De cómo protestar te puede llevar a la cárcel en España. Leer más aquí. 

Emulando iniciativas como Wikileaks, Xnet ha desarrollado mecanismos para facilitar las filtraciones. Gracias a estas herramientas salieron a flotación los llamados "correos de Blesa", la correspondencia electrónica del presidente de la ya extinta española Caja Madrid. Con la aplicación de estas normativas la publicación de estos emails podría haber sido delito.

¿Qué margen queda para el libre ejercicio de la libertad de información? "Al recorte de derechos democráticos hay que responderle con más democracia", considera Simona Levi, que ejemplifica: "Hemos publicado en abierto todos los correos de Blesa, lo hemos hecho en colaboración con cinco medios que han desarrollado la investigación, lo resultante lo hemos utilizado para llevarlo al cauce legal del proceso contra estas entidades bancarias y lo amplificaremos mediante una obra de teatro".

Carlos Sánchez Almeida recuerda que la tríada de leyes impulsadas por el Gobierno implica la posibilidad de bloquear y cerrar webs. "Lo más problemático de todo", enfatiza el jurista, "son aquellos delitos que pasan a ser de terrorismo. Todo aquello que implique 'subvertir el orden constitucional' o 'desestabilizar las estructuras políticas y económicas'".

Almeida constata que aquellos delitos informáticos que materialicen estos supuestos pasarán a ser delitos de terrorismo, con la consiguiente aplicación de la ampliamente criticada a nivel internacional legislación antiterrorista española, que prevé la reclusión durante quince días y sin asistencia letrada de los detenidos bajo este régimen.

"El mayor problema al respecto es la inseguridad jurídica de las normas", opina Almeida. El artículo 559 del nuevo Código Penal (CP) convierte en delito acciones "que sirvan para reforzar la decisión" de llevar a cabo acciones delictivas. "¿Animar a un grupo de huelguistas por Twitter podrá ser penado como un delito de orden público?", se pregunta el abogado. "El verdadero problema es que buena parte de los artículos del CP son muy ambiguos", sentencia.

En eso coinciden 60 catedráticos de derecho penal de 35 universidades españolas. En un manifiesto señalan la "pobreza técnica" que ven en la legislación sancionadora penal y administrativa recién aprobada; denuncian que, a su parecer, se prescindió de la jurisprudencia; y que éstas reformas beben "de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias y más autoritarias", entre otras críticas.

Devoluciones en caliente

La 'ley mordaza' también tiene un efecto directo sobre los derechos humanos y la situación de los migrantes en un momento en el que Europa está viviendo una crisis migratoria sin precedentes en el Mediterráneo.

La nueva normativa ampara las devoluciones en caliente: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España", dice exactamente.

Desde organismos internacionales como el Consejo de Europa y Naciones Unidas se ha advertido al Gobierno español que la legalización las devoluciones en caliente va en contra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que prohíbe las expulsiones colectivas.

Para combatir la llegada de terroristas yihadistas como justificación, la nueva legislación abre la puerta a que el ordenamiento jurídico español regule el registro de pasajeros en el transporte de personas, una propuesta defendida por varios países de la Eurozona.

España rechaza refugiados mientras concede permisos de trabajo a extranjeros por dinero. Leer más aquí.

El abogado Andrés García, miembro de Tanquem els CIEs — Cerremos los Centros de Internamiento de Extranjeros en catalán —, afirma a VICE News que, en primer lugar, "se tendría que haber integrado en la Ley de Seguridad Ciudadana la prohibición de llevar a cabo identificaciones en la calle bajo perfil étnico o racial, algo que habían pedido todas las organizaciones pro derechos humanos".

"La creación de un archivo de sanciones administrativas puede ser utilizado para dificultar los procesos de regularización y para facilitar las deportaciones", continúa. Para él "cabe destacar la reforma del artículo 89 del Código Penal, el que se refiere a la sustitución de una pena superior a un año por una de expulsión del territorio", detalla Andrés García.

"Hasta ahora, el tráfico a pequeña escala de estupefacientes, algo inocuo para un nacional, se podía resolver en expulsión para una persona en situación irregular. A partir del 1 de julio no habrá distinción entre personas regularizadas y personas sin regularizar: un delito insignificante puede conllevar que se eche a alguien de España, a pesar de que ese alguien disponga de un contrato de trabajo o de algún documento que constate que se encuentra regularizado", asegura.

Otra consecuencia: "El llamado top manta — venta ambulante en la calle — vuelve a ser delito. Esto es un ataque a la pobreza de las migrantes", opina el abogado. "Se orienta el sistema penal a la expulsión con el fin de ahorrar en gastos de reclusión y se genera una discriminación en las condenas leves", sentencia.

Antes de plantear vías con las que hacer frente a este paquete legislativo, Andrés García quiere matizar: "Estas leyes se están sobredimensionando. Nos hemos situado en supuestos. Nos metemos en la peor situación y hemos dado por buenas cosas que no dice la ley. Esto está pasando factura en la cotidianidad de los colectivos".

Otro de los polémicos cambios que conlleva la reforma del Código Penal es la prisión permanente revisable que podrá ser impuesta en casos de excepcional gravedad, como el homicidio del Rey o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, genocidio, asesinatos en serie cometidos dentro de una organización criminal o contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables.

Los partidos de la oposición y algunas ONG acusan al Gobierno de querer introducir la cadena perpetua en España mediante esta nueva ley, la cual consideran "inhumana" e "inconstitucional". Ahora, la pena máxima de prisión se sitúa en los 40 años.

¿Qué salidas hay? "La presión política. Crear momentos de fuerza colectiva para obligar a la derogación de estas leyes. Hace falta reforzar las redes vecinales de apoyo mútuo contra el racismo estructural de nuestro sistema penal", afirma Andrés García.

"Por un lado están los recursos de inconstitucionalidad que puedan haber presentado los partidos y el Defensor del pueblo", indica Carlos Sánchez Almeida "pero desde el momento en el que la ley entra en vigor, en los juzgados un abogado puede pedir al juez que plantee cuestión de inconstitucionalidad directamente al Tribunal Constitucional". Almeida recomienda que esto se lleve a cabo des del primer día y entiende que, si no lo hace el juez, alegar a través del recurso es una vía muy lenta.

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