Ley de Seguridad Interior dejará mal parado a México ante organismos internacionales

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Después de 10 años de haber iniciado una 'guerra contra el narco' los militares mexicanos están cansados y desgastados, así lo señaló en diciembre pasado el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, en una conferencia de prensa. En aquella ocasión, el general dijo que si la sociedad quería que el ejército regresara a sus cuarteles, él sería el primero en aceptar esa decisión, pero si sus hombres se mantenían en las calles, debería de ser con un marco legal que les permitiera actuar de mejor manera.

Las declaraciones del general Cienfuegos se produjeron en medio de una serie de iniciativas de ley lanzadas el año pasado: dos por el Partido Acción Nacional (PAN) y otra por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Otra más fue emitida este año por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Las cuatro buscan aprobar la Ley de Seguridad Interior con la que el ejército y la Marina Armada podrían realizar funciones de seguridad interior en casos excepcionales, y aunque tienen puntos distintos entre sí, en la mayoría de las propuestas coinciden.

La ley, aún se discute en el Congreso mexicano y espera ser aprobada a finales de abril; sin embargo, ha sido duramente criticada por defensores de derechos humanos, especialistas y académicos, al considerar que ésta podría violar los derechos humanos e iría en sentido contrario a las recomendaciones que le han hecho a México organismos internacionales de derechos humanos.

"De ser aprobada esta ley, sería rechazada por organismos internacionales, sería condenada por relatores, grupos de trabajo y, eventualmente, podría ser declarada inconvencional [que va en contra de los tratados que México ha suscrito] por los órganos del sistema interamericano como lo son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos", afirma en entrevista con VICE News, Ximena Medellín, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

No obstante, la especialista advierte que la agenda internacional de México no sólo se enfoca en temas de derechos humanos, sino también en materia de seguridad. "No olvidemos que hay fuerzas internacionales que están pugnando por tener 'mano dura' en todos los temas que impliquen seguridad. Hay resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que vinculan al terrorismo con el crimen organizado y señalan que los Estados deben de tomar todas las medidas para controlar, sancionar y erradicar estos problemas".

Las iniciativas que conformarían la Ley de Seguridad Interior contemplan el uso de las fuerzas armadas —ordenado por el presidente— en asuntos civiles, como el patrullaje en las calles o labores de inteligencia, cuando las instituciones de seguridad pública se vean rebasadas. Por ello, en un foro organizado ayer en la Cámara de Diputados para discutir los pros y contras de la ley, Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, dijo que ésta va en un camino distinto a las recomendaciones emitidas por la ONU en materia de derechos humanos ya que en 2014 el organismo internacional señaló que era imperativo disminuir la participación del ejército mexicano en actividades policiales.

Asimismo, el defensor mencionó que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el término "seguridad interior" ha propiciado graves violaciones a los derechos humanos. "La Comisión ha advertido que en América Latina ese término es usado para militarizar a la seguridad pública y en México hemos visto un aumento de violaciones a derechos humanos desde que el ejército salió a las calles hace 10 años".

Para Ernestina Godoy, diputada del opositor Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es preocupante que la ley pretenda ser aprobada de manera inmediata sin un debate constante de las implicaciones que tiene y de las afectaciones que podría generar a la sociedad. "Es un asunto peligroso si no lo tratamos bien; la sociedad, los especialistas y las organizaciones de derechos humanos deben de tener voz y participar directamente en la discusión. Espero que mis compañeros legisladores entiendan que se necesita mayor trabajo sobre el tema y no se dejen llevar por amenazas del General Cienfuegos".

La legisladora comenta a VICE News que lo que más le preocupa a su partido es que en esa ley se legalice la militarización del país. "Reconocemos el labor de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, y no es posible que los obliguemos a realizar funciones que nos les corresponden".

Finalmente, Ximena Medellín explica que "la Ley de Seguridad Interior no sólo va a afectar a la sociedad por la militarización, también pone en riesgo a los militares que participan diariamente en operativos contra el narco. Además, si al ejército le han vendido que ésta es una especie de ley de inmunidad, lo están engañando. Establecer la legalidad de su presencia en las calles, no les exime de responsabilidad por lo que hagan en las calles".

El pasado martes el secretario de Defensa y el de Marina se reunieron con diputados para abordar el tema. En la reunión los secretarios pidieron a los legisladores definir con claridad el procedimiento de actuación que tendrían las fuerzas armadas con la ley. Asimismo, exigieron que la seguridad interior no se mezcle con la seguridad pública. De acuerdo con Proceso, el titular de la Marina advirtió: "Si hay otro camino diferente nosotros no queremos referirnos a él, queremos la Ley de Seguridad Interior y es urgente".

El término "seguridad interior" ha sido debatido ampliamente por especialistas. En el foro realizado ayer, los expertos consideran que la seguridad interior es un concepto diferente al de seguridad nacional y al de seguridad pública, mientras que en la 'seguridad nacional' se tratan temas referentes a la protección del país frente a amenazas que lo pongan en riesgo como un ataque terrorista o una un desastre natural, la 'seguridad pública' se refiere a asuntos ciudadanos como asaltos, robos y homicidios (que recaen en la policías). Por su parte, la 'seguridad interior' busca proteger las instituciones del Estado y el correcto funcionamiento de éstas.

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