Los líderes sociales en Nariño, Colombia, son las víctimas de una nueva ola de violencia

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Este artículo fue publicado originalmente en ¡Pacifista!, la plataforma de contenidos para la generación de paz de VICE Colombia.

Nariño, al este de Colombia, es uno de los departamentos más peligrosos para ser líder social. Los defensores de derechos humanos parecen estar sitiados por los actores armados, las mafias de la minería ilegal y el narcotráfico. Según la Defensoría del pueblo —que vela por los derechos humanos en el país—, 15 organizaciones están en riesgo y en 10 municipios se han presentado agresiones contra dirigentes sindicales, representantes de juntas de acción comunal o líderes indígenas o afrodescendientes.

Los líderes sociales en esta región se han convertido en los enemigos de los nuevos actores armados que, una vez las FARC se alojaron en las Zonas Veredales, llegaron a Nariño para tratar de controlar las economías ilegales, regular la vida de municipios enteros y mantener el status quo a partir de estrategias de terror.

En este departamento hay fuertes liderazgos a favor de los planes de sustitución de cultivos ilícitos incluidos en el punto cuatro del acuerdo de paz que firmaron el gobierno y las FARC. También hay fuertes resistencias frente a proyectos minero energéticos, además de ejercicios de liberación de la tierra por parte de la comunidad indígena Awá, que el año pasado perdió a cuatro de sus representantes a manos de los violentos.

"A los líderes sociales los están matando hace rato", dice John Jairo Rincón, investigador del Centro de Memoria Histórica (CNMH). "Lo que pasa es que ahora los están contando, les están poniendo rostros", concluye.

En ¡Pacifista! nos hemos encargado de reportar cada uno de los líderes asesinados, pero ahora queremos responder a la pregunta de por qué los están matando, aproximarnos a una explicación para esta ola de violencia. En esta ocasión analizamos la situación de Nariño, donde la vida de los líderes sociales está en riesgo inminente.

Tumaco, en el departamento de Nariño, es el municipio de Colombia donde más han crecido los cultivos de coca en los últimos años. Según la oficina de la ONU contra las drogas y el delito, solo en este lugar se cultiva el 18 por ciento de la coca del país. Eso, además de ser un importante problema de seguridad, ha motivado la creación de la organización de cultivadores cocaleros más grande de la historia reciente del país.

La Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) ha liderado las negociaciones con el gobierno para iniciar los planes de sustitución de cultivos y dirigió también varias protestas de cocaleros en febrero y abril pasados. Los líderes de la COCCAM han sido amenazados por todos los actores armados que operan en la región que, según la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, han provocado una especie de boom de la coca, porque ven en el narcotráfico un método de financiación rentable.

Estos líderes representan una posibilidad de cambio para los miles de cultivadores de coca que tiene Nariño, pero también son una amenaza para los que quieren perpetuar el narcotráfico.

Según John Jairo Rincón, investigador del CNMH, en el sur del departamento del Cauca y al norte de Nariño los campesinos han tenido "una posición muy fuerte" en el tema de "disponibilidad, acceso y uso del agua, el asunto de los suelos y la agricultura". Esto, dice el académico, los ha puesto en la mira de los que quieren apoderarse del negocio de la minería ilegal.

En las cuencas de los ríos Sambingo y Mayo, de acuerdo con Rincón, "ha habido una movilización campesina muy grande en torno a las 'territorialidades' campesinas agroalimentarias, que son la alternativa que piden las comunidades para proteger la actividad económica y ambiental de la región".

En la alta Amazonía caucana los dirigentes campesinos también se han enfrentado a los empresarios que quieren explotar hidrocarburos en la región. "En estos territorios, Grupos de Delincuencia Organizada se disputan el control y el negocio de las economías ilegales", señaló la policía en un informe sobre la situación de derechos humanos en el suroccidente del país, elaborado en abril pasado.

Un informe de la Defensoría del Pueblo titulado Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, presentado a finales de marzo de este año, dice que "las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) buscan consolidar su presencia en Tumaco, Barbacoas y municipios vecinos. La presencia de las AGC se percibe con mayor fuerza en los municipios de Tumaco y Barbacoas desde enero de 2016".

Este grupo, según la Defensoría del pueblo, podría operar con diferentes denominaciones: "En el mes de marzo de 2016 fueron víctimas de amenazas mediante panfleto los integrantes de la mesa municipal de víctimas de Tumaco suscrito presuntamente por 'El Nuevo Grupo'; en el mes de junio de 2016 circuló en el corregimiento de Llorente un panfleto de amenaza con la mal denominada 'limpieza social' bajo firma de la autodenominada 'Organización Sicarial del Pacífico'; el 3 de agosto de 2016 en el barrio Nuevo Milenio, en el municipio de Tumaco, circuló también un panfleto en el que se amenazaba de muerte a presuntos extorsionistas de un presunto grupo autodenominado 'La Gente del Orden'", dice el informe.

Este grupo también ha "logrado consolidar su presencia en Barbacoas, ejerciendo control territorial sobre la carretera que conduce hacía la cabecera municipal de dicha localidad, y sobre la cuenca del río Telpí, continuando su avance sobre la cuenca del río Guelmambí", dice la Defensoría. También señala que las AGC operan "instalando retenes ilegales, secuestrando y desapareciendo pobladores, cometiendo homicidios, ejerciendo violencia sexual contra las mujeres, y ejerciendo cobro de exacciones a comerciantes, mineros, y narcotraficantes".

Según esta institución, "a 30 de noviembre de 2016 las AGC podrían haber asesinado 11 personas de 15 homicidios reportados desde el 1 de enero de 2016" en el departamento de Nariño.

Otro de los actores armados que ha copado los territorios que dejó las FARC es el ELN. El informe de la policía citado anteriormente dice que esta guerrilla se ha instalado en varios municipios del departamento "para sus actividades político-militares, así como para fortalecer las finanzas que les permitan la expansión en la Costa Pacífica nariñense".

Según la Defensoría del pueblo, el ELN "ha consolidado su presencia en la subregión del Sanquianga, en donde se han enfrentado a la Fuerza Pública, provocando desplazamientos; se ha ubicado en la parte media del río Patía, municipio de Magüí Payán; la cuenca del río Telembí, municipios de Barbacoas y Roberto Payán, donde se han incrementado los casos de extorsión y amenaza, incluso de las autoridades municipales".

Nariño es uno de los departamentos donde más combatientes de las FARC han decidido salir del proceso de reincorporación a la vida civil y regresar a la lucha armada. Según las autoridades, de las Zona Veredales de Tumaco y Policarpa habrían salido más de 100 guerrilleros. Además, el 27 de marzo de este año 117 miembros de la columna Daniel Aldana, que desde hace meses manifestó su rechazo al proceso de paz con el gobierno, se entregaron al Ejército en Tumaco.

Las disidencias de las FARC, según el investigador de la Fundación Ideas para la Paz Eduardo Álvarez "son uno de los principales factores de miedo y zozobra que se vive en algunos barrios de las comunas cuatro y cinco de Tumaco". Según el informe de la Defensoría del pueblo, "también, en las veredas Pital de la Costa (Tumaco) y Firme de los Coimes (Mosquera) las comunidades han denunciado la presencia de personas armadas de las cuales no se tiene conocimiento a que estructura pertenecen y que al parecer son exintegrantes de las FARC".

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