Críticas en Brasil por la 'ley espía': ¿perseguir el delito o coartar la libertad de expresión?

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Vigilantes de los derechos digitales de Brasil hicieron sonar la alarma sobre un proyecto de ley que promete atacar fenómenos como el cyberbullying, pero que en realidad, advierten, es más bien una "ley espía" dirigida a vencer a los enemigos del poder.

Aseguran que la ley, que parece ser fijada para aprobación este año, permitiría al gobierno obtener datos privados de los ciudadanos sin ninguna orden judicial, además de criminalizar a los usuarios de internet que publiquen o comenten sobre otros ciudadanos, incluyendo figuras políticas, lo que sería considerado como difamación.

"El objetivo de esta ley es criminalizar las críticas hechas en línea a los políticos", escribió Ronaldo Lemos, uno de los abogados en derecho digital más prominentes de Brasil, en un artículo de opinión en el diario Folha de Sao Paulo.

La llamada ley espía, apareció en el congreso en febrero de 2015, y desde entonces ha sido manejada como asunto constitucional. Se encuentra ahora en camino para ser revisada en el senado.

Las preocupaciones por el abuso de poder han aumentado por el caos político presente en Brasil, lo que ha expuesto la falta de ética y la supuesta conducta criminal de los líderes políticos.

El mes pasado, el senado ordenó a la presidenta Dilma Rousseff una suspensión de su cargo durante su juicio político, acusada de haber manipulado las cuentas del Estado para ocultar el déficit después de su reelección en 2014. Sus seguidores alegan que se trató de un "golpe bajo" provocado principalmente por políticos con acusaciones mucho peores, desde corrupción hasta asesinato y esclavitud moderna, que necesitaban más poder con tal de evitar la persecución.

El anterior vicepresidente de Rousseff, y ahora presidente interino, Michel Temer, es uno de los implicados en el caso llamado Lavado de Autos, investigación que ha descubierto una serie de sobornos a cambio de contratos con la empresa petrolera estatal Petrobras.

Cerca de un tercio de su gabinete ha sido mencionado en la investigación. Llamadas grabadas secretamente involucrando algunos de los ministros que mencionó Folha de Sao Paulo reavivan las sospechas de que el juicio estaba dirigido a detener una investigación mayor.

Tamer pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el cual redactó la famosa ley espía. Pero muchas preguntas rodean también al Partido de los Trabajadores, que estaba a cargo de Petrobras cuando el esquema de sobornos estaba en lo más alto.

En marzo, Rousseff también sancionó la ley antiterrorista, que los activistas ven como un medio para ubicar a los protestantes e intimidar a los ciudadanos para manifestarse durante los Juegos Olímpicos.

Los grupos de derechos humanos, incluyendo un grupo especial en Ginebra, expresaron su preocupación de que Brasil esté acumulando leyes que podrían quebrantar las libertades democráticas.

Tal como está escrito, la controversial nueva ley permite a las autoridades acceder a la información de los usuarios que navegan en internet sin ninguna orden judicial. Eso incluye la información que pertenece a los proveedores del servicio y sitios web, la cual puede abarcar el número de seguridad social, direcciones y contactos telefónicos.

El autor de la propuesta, Hildo Rocha, restó importancia a las alegaciones de que la ley restringiría las libertades civiles, e insiste en que está enfocada en poner fin a problemas como el cyberbullying y la distribución de pornografía usada como venganza.

Rocha insiste en que garantizar a la policía federal el acceso a los datos de los sospechosos ayudará a la gente a obtener justicia, ya que la actual necesidad de pedir permiso a un juez da a los criminales el tiempo suficiente para deshacerse de información incriminatoria.

"No estamos menospreciando el papel del poder judicial, si no más bien complementándolo, haciéndolo más eficiente", dijo a VICE News. "Si tomamos demasiado tiempo, la evidencia podría ser destruida, y no todas las compañías tienen la tecnología para almacenar información".

Dennys Antonialli, presidente de la empresa de investigación y tecnología Internet Lab, teme que esto sea una conveniente cortina de humo para lo que está realmente pasando.

"Hay una narrativa explotada por los legisladores de que el internet es un lugar donde cosas terribles suceden, donde los pedófilos abusan de los niños; y que la policía debería tener poderes ilimitados para combatirlas", dijo. "Bajo esa lógica, las órdenes judiciales son percibidas como obstáculos".

"Hay un vacío en el Marco Civil", admitió Antonialli. "No determina qué tipo de datos deberían ser o no registrados. Los legisladores están tratando de explotar ese vacío para lograr que el registro incluya información sensible y personal, lo cual permitiría dicha ley, sin necesidad de una orden del juez".

En su último día antes de la suspensión, Rousseff trató de cambiar ese vacío a través de una regulación al Marco Civil con una orden ejecutiva, aunque la decisión no es final, y parece que será anulada durante el gobierno interino.

La disputa sobre la necesidad de órdenes judiciales no es el único tema que preocupa a los vigilantes de la privacidad.

La ley presentada originalmente ante el congreso, afirmaba que el contenido digital, así como el registro de datos, podría estar disponible para las autoridades sin necesidad de una orden. La corte constitucional falló en contra, después de mas de 150.000 firmas.

Sin embargo, tres meses después de la victoria, dos nuevas propuestas fueron añadidas a la original de Rocha.

Una de ellas, escrita por la congresista Soraya Santos, quien también pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, se basa en el "derecho a ser olvidado" europeo. Pero la idea de Santos va más allá, además de ser removidos de los motores de búsqueda, argumenta que el contenido difamatorio debería ser suprimido de toda la web.

La segunda de estas propuestas, escrita por Expedito Netto, del partido conservador Humanista de la Solidaridad, incrementaría cinco veces las sentencias para los llamados "crímenes contra el honor", si son cometidos en línea.

De la misma manera, igualaría los crímenes de difamación online que resulten en muerte, a la categoría mucho más seria de "crímenes fatales", para los cuales no aplica una fianza.

Antionialli teme que la ley sea perjudicial para la libertad de expresión en un país profundamente dividido por la peor crisis política desde la transición de la dictadura a la democracia en 1988.

"Lo raro aquí es que cuando los congresistas hablan de este proyecto, citan casos de críticas que fueron hechas por ellos mismos", apunta Antonialli. "Un ciudadano regular podría ya no estar agusto criticando a un político, incluso de manera anónima, si sabe que puede enfrentar cargos criminales por ello y ser rastreado por la policía sin una orden".

Mundialmente conocidos por usar mucho las redes sociales,los brasileños se organizan por internet para evidenciar o avergonzar a los políticos acusados de corrupción.

Uno de los últimos episodios fue llamado vomitaçao, o fiesta de la basca, cuando miles de opositores al juicio bombardearon la cuenta de Michel Tamer con emoticons vomitando. El senador Aécio Neves, quien perdió las elecciones frente a Dilma Rousseff, también fue blanco de los emoticons. Él está acusado de haber aceptado sobornos en un escándalo de corrupción.

El congresista Hildo Rocha niega rotundamente que la ley espía pueda ser usada por los políticos para ubicar e intimidar a sus críticos.

"Tenemos que confiar en nuestros servidores públicos. No podemos asumir que actuarán de manera arbitraria", dijo. "Es un prejuicio. La gente inocente no tiene nada que temer, pero aquellos envueltos en actividades criminales sí".

Renan Quinalha, abogado por los derechos humanos y oponente de la ley espía, insiste en que los políticos deberían fortalecer los mecanismos institucionales que limitan su rango de influencia sobre la vida privada de los ciudadanos, en lugar de estar pidiéndoles que confíen en sus autoridades.

"Disfrazada de una abstracta noción de 'protección del honor', éste es un intento de restringir las libertades fundamentales en la web", declaró. "La libertad de los usuarios de internet es percibida [por los legisladores] como una amenaza a su honor".

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