Maestros mexicanos advierten: 'si el gobierno se burla habrá un tsunami de protestas'

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Apenas ayer cayó un aguacero que mató a dos personas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pero ellos, con escoba en mano, barren el agua que logró filtrarse a sus casas temporales, improvisadas con palos y lonas delgadas. Son maestros disidentes que han vivido durante 116 días en el centro de la ciudad de uno de los estados más pobres de México, ubicado en el límite de la frontera con Guatemala.

Están a la intemperie, a merced de los caprichos de la naturaleza, a veces las nubes los castigan y durante horas dejan caer con furia sobre su campamento el agua que almacenan, en otras ocasiones el sol calienta hasta el límite los plásticos que utilizan como techos.

Son cientos, quizá miles, ocupan una decena de calles que convergen en una de las principales plazas públicas del estado. Son desconfiados; para sacar fotos hay que pedir permiso, una, dos, tres veces, o las que sean necesarias. Vienen de varios lugares del estado como la Selva Lacandona, Los Altos, la sierra, la costa, el centro y la zona fronteriza.

Los lazos que sostienen sus refugios están por todas partes, creando una inmensa telaraña de colores que cuelga de postes, balcones, autos, monumentos y anuncios.

Las razones por las que están ahí son varias: quieren conservar su empleo, temen que una reforma educativa implementada a finales de 2012 por el gobierno federal los eche a la calle. Con la huelga también buscan, o así lo manifiestan, que el gobierno actúe para que la educación en Chiapas supere las carencias históricas en las que está anclada.

Pero las autoridades no piensan tolerar por más tiempo la protesta que ha dejado a cientos de miles de niños sin clases durante meses.

Aurelio Nuño, ministro de Educación Pública, advirtió ayer durante un foro sobre educación, que el gobierno federal despedirá a más de 3.000 maestros de varios estados que por estar en huelga, no iniciaron clases el pasado ciclo escolar que inició en agosto; 2.000 de ellos serían despedidos tan sólo en Chiapas.

Sin embargo, José Luis Escobar, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, uno de los principales grupos disidentes del país, asegura en entrevista con VICE News que a pesar de que Aurelio Nuño lo niegue, los profesores llevan a cabo una negociación que no es pública, con el gobierno federal.

Según él, las autoridades les han propuesto frenar la implementación de la reforma hasta el finales de 2018, cuando haya un cambio de gobierno, por lo que en estos días decenas de miles de profesores están llevando a cabo asambleas en todo el estado para ver si aceptan la propuesta y regresan a clases la próxima semana o continúan la lucha en las calles hasta abrogar la reforma educativa.

"Podemos regresar a clases, pero si en 10 días vemos que el gobierno no cumple con los acuerdos que estamos pactando volveremos a las calles y habrá un tsunami magisterial de protestas, porque el gobierno no puede burlarse de nosotros", afirmó Escobar. Esto quiere decir que en caso de que las autoridades no haga lo que acordaron, podrían regresar a las calles los cerca de 55.000 maestros disidentes que contabilizan los medios de comunicación.

Además, explica que la reforma educativa no resuelve los problemas del sector en el país e incluso la ve como una medida "clasista" en la que no se toman en cuenta los problemas de los estudiantes mexicanos de diferentes regiones del país, sino que se homogeniza la forma de presentar los contenidos educativos a niños que viven en diferentes contextos, ya que algunos viven en barrios lujosos de grandes ciudades y otros en zonas alejadas y marginadas.

Menciona que el salario promedio de los profesores en Chiapas es de 9.000 pesos mensuales, unos 500 dólares. Además de que hay cientos de escuelas que no cuentan con los materiales adecuados para funcionar como centros educativos: salones sin pizarrón, techos de lámina, pisos de tierra, escuelas sin drenaje. "En la reforma contemplan el aprendizaje a través de internet pero hay comunidades que no tienen ni luz eléctrica", dice Escobar.

Por otro lado, la Presidencia de la República a través de su sitio web afirma que "la reforma educativa se realiza para que la educación sea de calidad, otorgue igualdad de oportunidades a los mexicanos y garantice el interés superior de la niñez. Se propone fortalecer el papel de la educación para reducir la desigualdades sociales".

Asimismo señala que con la reforma educativa la educación en el país será incluyente, ya que se distribuirán mayores recursos de las zonas más pobres de México y que los procesos de evaluación de los docentes permitirán saber cuáles son sus necesidades de regularización y formación continua, para mejorar sus capacidades.

Respecto a la evaluación a la que serán sometidos si se aprueba la reforma, el vocero de los profesores es contundente: "No podemos ser evaluados por alguien que es un plagiario. ¿Quién va a evaluar a los que nos evalúan?", dice refiriéndose al reciente escándalo que se generó a raíz de una investigación periodística del portal Aristegui Noticias, en la que se muestra que el presidente, Enrique Peña Nieto, plagió casi el 30 por ciento de su tesis de licenciatura.

El campamento de protesta que mantienen en el centro de la ciudad comenzó el pasado 15 de mayo. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la máxima autoridad educativa del país, los profesores disidentes agrupados en la CNTE sólo lograron cerrar el 38.6 por ciento de las 17.605 escuelas públicas que hay en Chiapas.

Sin embargo, la CNTE ha asegurado que su movilización logró que cerrara el 90 por ciento de las escuelas. Por lo anterior, buena parte del millón y medio de niños que asisten a la escuela no pudieron concluir el pasado ciclo escolar, ni iniciar el nuevo en el pasado mes de agosto.

No sólo el gobierno quiere que terminen las manifestaciones de los profesores, también las organizaciones empresariales así lo desean. De acuerdo con la Confederación Patronal Mexicana las pérdidas por las protestas de los maestros en varios estados del país habían sumado hasta el pasado 25 de agosto cerca de 115 mil millones de pesos, unos 6 mil millones de dólares.

Pero no se ve una salida pronta al conflicto. El 19 de junio pasado el gobierno mandó a centenares de policías federales para quitar el campamento que mantenían maestros de la CNTE en Oaxaca, un estado vecino de Chiapas. El resultado fue desastroso: una decena de muertos en los enfrentamientos.

"Ya tenemos presencia de policías federales en Chiapas para intentar quitar nuestro campamento, y sabemos de lo que son capaces, además de lo sucedido en Oaxaca, se ha documentado que mataron a civiles en Tanhuato y Apatzingán [donde hubo 42 y 16 asesinados, respectivamente]. Nosotros no queremos un enfrentamiento, pero el gobierno está advertido: la paz en el estado depende de ellos", finaliza el vocero de los profesores.

Alejandro Wong contribuyó a este reportaje.

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