¿Más cerca del fin de los 'pactos de silencio' en el ejército chileno?

Chile se compromete contra los "pactos de silencio" de su ejército. El gobierno de la socialista Michelle Bachelet anunció este lunes la creación de una unidad especial para canalizar la relación con las fuerzas armadas y con la que obtener información de las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por esta institución durante la dictadura de Pinochet.

"La tarea que vamos a desempeñar en esta unidad es la de recibir las peticiones que realizan los tribunales y enviarlas y focalizarlas a distintas ramas de las Fuerzas Armadas", aseguró el titular de Defensa de Chile, José Antonio Gómez, en la rueda de prensa en la que se presentó la iniciativa, aunque matizó que la potestad investigativa continuará en los juzgados. El organismo se limitará a "colaborar para que la información sea oportuna y precisa".

Enfrente de la unidad estará el que fuera magistrado de la Corte Suprema del país, Alejandro Solís, un juez que es emblema de la lucha contra la impunidad de la policía política del régimen, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

La propuesta llega casi un mes después de que la declaración del entonces recluta Fernando Guzmán permitiera la reapertura del llamado "Caso Quemados". "A su pregunta, lo primero que debo indicar es que todas las declaraciones dadas en la Segunda Fiscalía Militar, son todas mentiras, porque me obligaron a aprenderme esas declaraciones". Así empieza la rectificación de Guzmán ante el juez.

Entonces existió un "pacto de silencio" entre militares de alto rango y conscriptos [reclutas de la población civil que servían al ejército de manera obligatoria], de acuerdo con su declaración. Mediante este "pacto" los reclutas habrían sido obligados a testificar bajo amenaza para dar una versión falsa y unificada ante los juzgados.

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"Es un pequeño paso adelante. Una respuesta del gobierno a la denuncia que hizo el propio ministro [Alejandro] Solís de que los generales habían ido a la Corte Suprema hace unos años a presentar su reclamo por el hecho de que Solís hubiera sido designado por la corte como asesor de derechos humanos, para que los jueces pudieran sistematizar de mejor manera las causas en que mediaban los derechos humanos", opina a VICE News Osvaldo Torres, antropólogo, superviviente del complejo de detención Villa Grimaldi y antiguo miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

"Tengo al ministro Solís en alta consideración, pero el problema está en el alto mando militar. Si ellos no se abren al proyecto de ley por la degradación de los responsables que hay en las fuerzas armadas de las violaciones de derechos humanos, y si la justicia militar no reduce su jurisdicción a aquellos casos exclusivamente militares para que la justicia civil pueda proceder no creo que tenga un efecto mayor", sigue Torres.

El militante pro derechos humanos también entiende que las fuerzas armadas deben entregar los archivos que la ex senadora democristiana Carmen Frei y la ex ministra progresista de defensa Vivianne Blanlot aseguran que existen.

"No veo la convicción suficiente en los altos mandos para que tomen medidas. Mientras el cuadro de Manuel Contreras, quien fuera jefe de la DINA y condenado a más de 500 años de cárcel, siga colgado en la escuela militar Bernardo O'Higgins no tengo ninguna confianza de que haya existido ningún cambio en la doctrina militar que permita el control civil sobre las decisiones militares", sentencia Osvaldo Torres.

"La mayoría de las cosas se saben en nuestro país porque alguien se animó a decir o confesar algún crimen. No ha sido ni política del estado ni menos de la oficialidad de las remas de defensa y seguridad pública. De hecho varios violadores de derechos humanos trabajan en ramas del ejercito y la marina, como en el estado", declara a VICE News Jorge Bustos, candidato a la alcaldía por el movimiento Nueva Fuerza y represaliado político.

"En el caso personal todavía estoy en los archivos secretos de la policía, y se me menciona como R7, que sería algo así como 'extremista intelectual'. Los informes del estado y sus servicios de inteligencia ratifican mi detención cuando era niño, sin embargo sigo siendo considerado 'extremista' y lo peor es que siguen teniendo mis antecedentes de forma ilegal", asegura Bustos.

Sobre el ex jefe de espías Manuel Contreras se pronunció el titular de defensa la semana pasada: "Todo lo que tiene que ver con honores desde el punto de vista militar está eliminado a consecuencia del decreto firmando el año 2009 por la Presidenta Bachelet, y es por eso que Manuel Contreras no recibió honores".

"Es importante que lo transmitamos, no hubo ningún acto del Ejercito respecto de él, excepto preocuparse de que no se produjera ninguna situación de algún militar activo que pudiera haber participado en algo así y no pasó", insistió José Antonio Gómez.

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La Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, llamada Comisión Valech, presentó en 2011 un informe que cifraba en 3.065 los muertos y desaparecidos desde 1973 a 1990 durante el tiempo que duró el régimen.

"Esta realidad reafirma que el país sufrió entre 1973 y 1990 una política de Estado en materia de violaciones de derechos humanos. Esta constatación refuerza la responsabilidad del Estado de Chile en relación con el reconocimiento y reparación de las víctimas", se lee en el documento.

La periodista y escritora chilena Patricia Verdugo, que en vida investigó sobre los crímenes de Pinochet, en su libro Pruebas a la vista señala a los responsables de la llamada Caravana de la Muerte, el nombre que tomó una comitiva del ejército de Chile que recorrió el país en 1973 para "acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia", según un documento-pasaporte que manejaba el mando responsable de la operación.

"Todo indica que la misión militar encomendada al general Arellano Stark, Oficial Delegado del general Pinochet, conocida como 'caravana de la muerte', tenía dos objetivos: instaurar el miedo en el corazón de la población civil e imponer en el Ejército una 'línea dura' e implacable. Para alcanzar estas metas no se trepidó en masacrar a prisioneros indefensos y hacer desaparecer sus cadáveres", escribió Verdugo.

La comisión eleva la cifra de víctimas de la dictadura a más de 40.000, un dato que incluye detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, víctimas de violencia política, torturados y presos políticos durante los 17 años de régimen.

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