Más poder al ejército: legisladores mexicanos buscan aprobar la Ley de Seguridad Interior

El día de mañana integrantes del Congreso mexicano iniciarán reuniones para trabajar sobre una polémica ley que fue propuesta el año pasado: la Ley de Seguridad Interior. La iniciativa, lanzada por dos de las más grandes fuerzas políticas del país, surge en medio de los reclamos del secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, quien dijera que después de 10 de guerra contra el narcotráfico, el ejército mexicano estaba cansado y que no podía seguir operando en las calles sin un marco jurídico que lo respaldara.

Se trata de una ley que faculta a las fuerzas armadas para intervenir en asuntos que pongan en peligro a la sociedad, la estabilidad, la seguridad y la paz pública del país; sin embargo, especialistas y defensores de derechos humanos se muestra preocupados al considerar que la aplicación de esta ley podría generar abusos y violaciones por parte de las instituciones armadas que en los últimos años han sido acusadas constantemente por violar derechos humanos.

El 27 de septiembre del año pasado, el senador Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa la cual plantea regular la facultad del presidente de la República de "desplegar fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad interior y concurrir, de manera subsidiaria y temporal, al auxilio de los poderes locales y municipales en la tarea de prestar el servicio público de seguridad"; es decir, que el presidente puede decretar el uso de las fuerzas federales cuando se vea amenazada la seguridad interior del país.

El senador señaló que la iniciativa es una respuesta a "la crónica debilidad de nuestras instituciones policiacas y, al mismo tiempo, a la letal incursión del crimen organizado, y el aumento de la violencia en el país".

Un mes después, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho y Martha Tamayo presentaron otra iniciativa parecida. En el documento presentado por los legisladores, se señala que la eficacia del trabajo del ejército se ha visto limitado por la falta de un marco normativo adecuado para tal efecto, particularmente en cuanto a las acciones que pueden realizar en "tiempo de paz".

Los diputados mencionaron que las autoridades federales realizarán las acciones de seguridad de forma permanente, ya sea solos o en cooperación con las autoridades locales, en cualquier entidad federativa que sea necesario, con el aval del presidente o del Congreso.

Ambas iniciativas pretenden crear la Ley de Seguridad Interior.

En entrevista con VICE News, Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explica que desde hace años las fuerzas armadas han buscado tener un marco legal ad hoc que regularice el despliegue irregular que han tenido en todo el país, cumpliendo funciones civiles que no les corresponden. "La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el concepto de 'Seguridad Interior' genera una confusión entre las labores de seguridad nacional y pública, y con ello se habilita a las instituciones armadas para que intervengan en acciones para las que no están preparadas ni formadas, lo cual se ha traducido en todo el continente en un aumento a las violaciones a los derechos humanos", explica el defensor.

Agurirre además menciona que de aprobarse la ley se militarizaría la seguridad en el país y se dejaría de lado la formación de las policías civiles, mismas que son las responsables de las labores que ahora realiza el ejército. "Se dotaría de más facultades a las fuerzas armadas sin contrapesos civiles que las puedan llamar a una rendición de cuentas".

"No sólo preocupa que las fuerzas armadas hagan un activo cabildeo legislativo, sino que la propuesta de ley va en contra de lo que incluso le ha recomendado a México el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como es el regreso paulatino de los militares a los cuarteles. La iniciativa propuesta en la Cámara de Senadores y Diputados parece ir en la dirección contraria". El defensor también mencionó que los operativos militares no han logrado los objetivos planteados: "Tenemos hoy un México más violento que hace 10 años".

En ese sentido, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, señala que la Ley de Seguridad Interior podría generar cateos y detenciones ilegales y esto generaría violaciones a los derechos humanos. "Son los Estados tiránicos los que tratan de darse este tipo de marcos jurídicos para suprimir las garantías".

No obstante, a pesar de las críticas a las propuestas legislativas, el propio presidente ha apoyado la iniciativa. "Si el objetivo último es que las labores de seguridad recaigan en las instituciones policiales, necesitamos legislar para dar un marco de certidumbre a la actuación subsidiaria de las fuerzas armadas en este tipo de actividades, y para ello es preciso contar con una Ley de Seguridad Interior que regule la participación de nuestros efectivos militares", dijo Enrique Peña Nieto, a finales de diciembre, durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

También advirtió que "en el México de 2016 no se puede combatir eficazmente a los grupos delictivos con herramientas legales e institucionales que a veces datan de los años ochenta o noventa. El sistema actual, en muchos de sus ámbitos y aspectos, resulta francamente obsoleto". Además señaló que su gobierno tiene plena disposición para trabajar con los legisladores en el diseño de esta ley "que dará certeza jurídica a nuestros soldados y marinos, tanto en su acción individual como en el plano institucional".

Asimismo mencionó que durante los primeros tres años de su gobierno los índices de delitos del fuero común disminuyeron 20 por ciento y que se han detenido a 105 de los 122 criminales más peligrosos del país para llevarlos ante la justicia.

La reunión de mañana en el senado será el inicio de varios encuentros y foros que senadores y diputados planean realizar con militares y marinos para aprobar la ley durante un periodo extraordinario de sesiones que podría realizarse entre el 24 y 28 de este mes, o al menos así lo han señalado los legisladores. "Hay que desahogar planteamientos e inquietudes sobre las reservas que hay por las iniciativas en ambas cámaras [de diputados y senadores] y disipar dudas sobre la vulneración de los derechos humanos", dijo César Camacho.

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