Menos libres: el retroceso de la libertad de expresión en España

"España está volviendo a niveles franquistas en términos de libertad de expresión. Es más, con los últimos acontecimientos hemos entrado en un momento digno del siglo XIX", explica a VICE News Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

Villaverde lo dice porque, "sumando los últimos casos la situación está cada vez más retraída en España". Y pone varios ejemplos: desde "la agresión a una política defensora de la tauromaquia" hasta "la prohibición de la obra de teatro 'Diario de una Zorra', la polémica internacional generada alrededor del concierto del cantante judío Matisyahu en Valencia [donde actuó ante activistas propalestinos] o la negativa de la televisión pública a programar un documental francés sobre el Rey de España".

A esos casos hay que sumar los derivados de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que según Villaverde "ha otorgado, entre otras cosas, un poder desmesurado al ámbito policial".

Desde el 1 de julio la nueva Ley de Seguridad Ciudadana — conocida popularmente como Ley Mordaza — ha convertido España en un país donde llamar "colega" a un agente o subir una foto de un coche policial mal aparcado son motivo para multar con hasta 30.000 euros.

Cinco casos por los que la 'Ley Mordaza' cuestiona la libertad de expresión en España. Leer más aquí.

Villaverde es tajante: "Todos estos factores en su conjunto suponen una vuelta al pasado en la que, por terrible que parezca, algunos jueces están colaborando mediante sentencias y procesos abiertos que no tienen mucho sentido".

Por último, puntualiza, "esta tendencia está empujando a la sociedad española hacia la corrección moral". Se refiere, por ejemplo, a la reciente ratificación de la condena de 15 meses de prisión — sustituida por una multa económica — a dos jóvenes por quemar una fotografía del Rey [Juan Carlos I, que abdicó el año pasado] durante una manifestación en Gerona (Cataluña) en 2007.

Quemar la foto del Rey

"Nos sentimos prácticamente igual porque ya nos lo esperábamos. De hecho, para nosotros ha sido prácticamente un trámite antes de recurrir al Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, que según esperamos nos dé la razón", explica a VICE News Enric Stern, uno de los condenados por quemar la foto del Rey.

Stern explica que ni él ni Jaume Roura — su compañero — quisieron "ofender a una persona en concreto, sino reivindicar, siempre en el uso de nuestra libertad de expresión, las críticas a una institución anacrónica como la monarquía".

"Lo que más nos ha dolido es enterarnos por la prensa de la ratificación de la sentencia por parte del Constitucional [que tuvo lugar en julio], lo que ejemplifica perfectamente los lazos entre la esfera judicial y las grandes cadenas de comunicación, otra barrera para la libertad de expresión en nuestro país".

Hugh Williamson, director de Europa y Asia Central de la ONG Human Rights Watch (HRW), explica a VICE News que "España ha dado un claro paso atrás en términos de libertad de expresión". Williamson añade que "España debería ser un ejemplo para el resto de Europa en estos términos".

"Lo triste", según el ejecutivo de HRW, "es que se haya aprobado algo como la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que amenaza el derecho de las personas de ejercer libremente el derecho de expresión".

"Es esencial para una democracia de calidad que se permita a la gente protestar de forma no violenta, criticar o incluso insultar a las autoridades o denunciarlas cuando cometen abusos", concluye Williamson.

Confundir lo bélico con lo policial

Miguel Ángel Presno, catedrático de derecho Constitucional y autor del blog El Derecho y el Revés, cree que "hay que diferenciar entre los casos en los que quien lesiona o menoscaba estos derechos es un particular y aquellos en los que la vulneración procede de los poderes públicos". Según Presno, "estos últimos son los más preocupantes" ya que "proceden de quien está obligado a respetar las opiniones y, además, a proteger esas expresiones frente a los ataques".

"Lo más alarmante", en opinión de Presno, "es el tratamiento que algunos poderes del Estado están dando a las libertades de expresión e información", ya sea en lo relativo "a la Seguridad Ciudadana, manteniendo preceptos en el Código Penal que castigan las ofensas a los símbolos del Estado, o protegiendo especialmente el honor de los miembros de la Familia Real". Sin olvidar, según Presno, "la potestad sancionadora [de la Administración] en materia de libertad de manifestación", que "frena las reuniones críticas con el poder", o "el propio Tribunal Constitucional, que avala condenas por quemar fotos de los Reyes".

Tal y como explica el experto en Derecho Constitucional, [en España] "nos encontramos con actuaciones de los poderes públicos que cercenan derechos fundamentales protegidos por la Constitución y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos".

"En los últimos años se está produciendo una involución en materia de derechos ciudadanos con el pretexto de dotarnos de una mayor seguridad y tranquilidad ciudadanas", denuncia Presno. Este "retroceso", añade, "se evidencia en la creciente confusión entre lo bélico y lo policial, el rebrote de la idea de enemigo aplicado a colectivos como los extranjeros o los disidentes internos, la expansión del sistema penal y el derecho penal y administrativo sancionador preventivos".