El mercurio amenaza la existencia de pueblos indígenas de la amazonía colombiana

La contaminación por mercurio en el departamento del Amazonas, al sur de Colombia, es la más alta del país. Un estudio encabezado por la Universidad de Cartagena (UdeC) señala que los niveles de este metal encontrados en indígenas Bora y Miraña, que viven junto al lecho de río Caquetá, están en una media de 17,06 partes por millón (ppm). La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala el umbral de riesgo en 5 ppm.

El metal ataca principalmente a los sistemas nervioso y neurológico. Afecta también a hígado, riñones y órganos reproductivos así como a la cantidad y calidad de los espermatozoides. Además, puede provocar malformaciones en el feto llegando a través de la placenta y afectar a los recién nacidos por medio de la leche materna.

Por ello el director del estudio y responsable del Doctorado en Toxicología Ambiental de la UdeC, Jesús Olivero, alerta del peligro que corre la perduración de estos pueblos indígenas.

¿Quién está detrás de los indígenas muertos del Cauca colombiano? Leer más aquí.

"Su población ha sido diezmada considerablemente por diversos factores. Si el consumo de pescado contaminado con mercurio continúa, el futuro de estas comunidades es totalmente incierto", explica a VICE News el profesor.

La contaminación procede de la minería ilegal, donde se emplea el mercurio para separar el oro de otros metales sin valor. Los residuos de este proceso terminan en los lechos de los ríos dragados y de ahí entra a la cadena alimenticia a través de los peces.

"El 80 por ciento de la dieta de los pueblos que habitan la cuenca del Caquetá procede de la pesca. Eso explica los niveles tan altos de concentración de mercurio", apunta a VICE News Camilo Guio, coordinador de Políticas Públicas de Patrimonio Natural.

"El grado de contaminación es sorprendentemente superior al de otras zonas de Colombia tradicionalmente mucho más vinculadas a la minería como Chocó, Antioquia o el sur de Bolívar, donde más contaminación había hasta ahora", añade.

El informe analizó 16 especies de peces. Todas con índices de mercurio en su organismo y cinco superando las 0,5 ppm, con lo que no deberían ser aptas para el consumo humano. "Muchas de estos pescados se consumen también en otras ciudades como Bogotá. Además, el río Caquetá baña territorio de Brasil con lo cual este problema implicaría una respuesta conjunta con este país", revela Guio.

"Es necesario llevar a cabo proyectos de seguridad alimentaria para comunicar qué peces deben comer y cuáles no. Y prestar especial atención a las embarazadas y a las madres que dan de mamar, pues algunas deberían dejar la lactancia y recurrir a la leche en polvo", añade el portavoz de Patrimonio Natural.

El reporte es fruto del trabajo conjunto de la UdeC, la Universidad Tadeo de Bogotá, la Gobernación de la Amazonía y las entidades Parques Nacionales Naturales de Colombia, Corpoamazonía y Patrimonio Natural, con la coordinación de la Asociación de Autoridades Indígenas del Amazonas (PANI).

Las secuelas del mercurio se revelan años después de que el metal llegue al organismo. Así, Fabián Moreno, de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), afirma que aún no se han presentado síntomas por la contaminación.

"Sabemos que es veneno, y que terminará por afectar a nuestros nietos y bisnietos; pero sinceramente, aún no hemos visto ningún efecto en los ocho pueblos que habitamos en la Amazonía", dice Moreno a VICE News.

Lo que sí sabe bien Moreno es lo que ha llevado la minería ilegal a las comunidades indígenas del Amazonas. "Primero llegaron los brasileños y luego tomaron las riendas los colombianos", cuenta. "Al tiempo, algunas comunidades indígenas terminaron por optar por la minería para cubrir unas necesidades económicas que el Estado no asumía. Pero hoy son fuerzas ilegales las que están detrás de esta actividad", observa el activista indígena.

La minería ilegal mueve hoy más dinero que el narcotráfico. Según datos del Gobierno de Colombia esta actividad afecta a 233 municipios del país y genera más de 7 billones de pesos al año (unos 1900 millones de euros).

Según señalan los comunicados referente a este tema procedentes de la Presidencia de la República la minería ilegal "financia a grupos criminales, como guerrillas y BACRIM (bandas criminales surgidas tras la desmovilización de los paramilitares en 2003), y está destruyendo el medio ambiente, explota a familias de campesinos, roba recursos a las regiones y financia el terrorismo".

El sistema de usos y costumbre de los indígenas se ha visto maltrecho por esta actividad. "Supone un choque entre nuestra forma de vida y la forma de vida occidental", argumenta Moreno del OPIAC.

"El Gobierno no llega a cubrir todas las necesidades de la población, con lo que aquí aprovechamos cualquier oportunidad económica. Esta actividad lo es, así que muchos indígenas terminan por trabajar en ella. De este modo, nuestras costumbres quedan atrás, también las autoridades indígenas, el Cacique, como lo llamamos, quedan en un segundo plano", añade.

¿Debe la sociedad contactar a las tribus aisladas del Amazonas? Leer más aquí.

El alcoholismo y la prostitución son dos consecuencias más que sufren estas comunidades tras este "choque", como Moreno lo califica, de civilizaciones.

En este sentido, el profesor Olivero, señala que varias multinacionales están tratando de obtener autorización para operar en la amazonía. "Especialmente en áreas cercanas o en el interior de parques naturales, lo cual sería desastroso", dice. "El Amazonas es tan frágil que actividades mineras realizadas a cientos de kilómetros de distancia, como ocurre en le río Caquetá, tiene innumerables efectos en toda la cuenca", asegura.

El estudio, que refleja lo que sucede en el resto de departamentos que componen la Amazonía, fue realizado dentro del perímetro del Parque Natural Nacional de Cahuinarí. Un parque bajo gestión gubernamental pero que, según la OPIAC, no dispone la suficiente protección.

"Sabemos que el Gobierno está haciendo esfuerzos para paliar este problema; pero no se han sentido todavía", señala Fabián Moreno. "Los territorios de la Amazonía se han conservado como tal debido a nuestras costumbres. La presencia del Estado en Cahuinarí se limita casi al título del parque, pero no en lo que atañe a la protección de este. Hay funcionarios del Estado, claro que sí, pero a lo sumo cinco. ¿Y como van a proteger todo un parque?"

La geografía colombiana, trufada de cordilleras, ríos y selvas húmedas, y la negligencia de los sucesivos gobiernos han propiciado que muchas comunidades no cuenten con ninguna figura gubernamental. Zonas donde no hay policía ni ejército y que quedan a merced de guerrillas, paramilitares y bandas criminales.

"El Gobierno debe aumentar el control militar y policial en estas zonas. No pueden seguir siendo tierra de nadie", se queja Camilo Guio de Patrimonio Natural. "Es necesario también que se lleve a cabo un reordenamiento territorial y la creación de otras actividades económicas que resten importancia a la minería ilegal".

Por su parte, el Estado colombiano parece haber tomado cartas en el asunto. "Quiero anunciarle al país entero que hoy le estamos declarando la guerra (…) a la minería criminal", declaró el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hace unas semanas en Puerto Asís, el departamento del Putumayo, al suroeste del país, una de las zonas afectadas por este problema.

Santos anunció un plan estratégico para terminar con la minería ilegal y paliar los daños medioambientales que ésta genera. El plan se llevará a cabo por el ministerio de Ambiente y el de Minas y, debido a la vertiente penal de la estrategia, por los de Defensa y Justicia.

Desde el ministerio de Minas y Energía han implementado una Política de Formalización Minera. "La política plantea tres opciones para los mineros: aquellos que cuentan con un título pueden ser parte del programa de formalización. Segundo, tienen la opción de la reconversión para realizar otra actividad económica. O tercero, si no quieren estar bajo el amparo de la ley e insisten en realizar la actividad de manera irregular, pueden sufrir acciones de control policial y judiciales", señala a VICE News María Paula Arenas, la portavoz ministerial.

En lo que concierne a las acciones policiales y judiciales, el Gobierno pretende reforzar las medidas penales contra esta práctica. En el proyecto gubernamental, "las personas que incurran en este delito pueden ser procesadas por lavado de activos e instigación al terrorismo". Además, las penas recaerían sobre "cualquier parte de la cadena", no sólo el que explote sino también sobre el que "beneficie, transforme, almacene, transporte o comercialice".

Este hecho sumado a la iniciativa de crear sendos cuerpos especiales en la policía y el ejército para perseguir este delito, ha levantando ampollas y generado críticas en la sociedad civil colombiana.

Por un lado, aseguran que el proyecto pasa de puntillas sobre mejorar las condiciones de vidas de estas áreas e implementar proyectos económicos que supongan una alternativa a la minería. Por otro, echan de menos una política más incluyente que tenga en cuenta todos los actores que participan en las minería ilegal.

Por último, temen que estos cuerpos especiales una vez sobre el terreno metan en el mismo saco a los responsables de las mafias mineras y a pobladores que han optado por la minería como último recurso ante la pobreza y falta de recursos.

Sigue a Iván M. García en Twitter: @ivanmgarcia77