La muerte asistida ya es legal en Canadá, pero no hay un registro adecuado de pacientes

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Cientos de canadienses han optado por una muerte asistida este verano, después de que una ley federal permitiera a los adultos con alguna enfermedad terminal decidir poner fin a su vida con asistencia de un médico o enfermero.

Aún así, los activistas a favor de la muerte asistida están preocupados de que el gobierno no esté registrando de manera adecuada el número de pacientes que han elegido morir legalmente. La ley, aprobada en junio, exige que el gobierno mantenga un registro del número de canadienses que recurren a esta práctica, pero no lo ha hecho hasta ahora.

De acuerdo con datos recabados por CBC, al menos 100 canadienses, casi todos de Ontario y la Columbia Británica, terminaron con su vida ayudados de un médico desde que la ley entró en vigor. Ontario comenzó a ofrecer medicamentos gratuitos para la muerte asistida.

Sin embargo, el número podría ser mucho mayor ya que muchas regiones no dieron ningún dato y muchos pacientes no han sido registrados oficialmente. Las cifras, por ejemplo, no incluyen a Quebec, donde se implementaron leyes propias sobre la muerte asistida el mes de diciembre, antes de que la ley federal fuera aplicada. Un grupo a favor de dicha práctica en la provincia reportó en julio, que 253 pacientes habían optado por el procedimiento desde diciembre, y 166 habían muerto usándolo.

Mientras la muerte asistida ha sido celebrada por los abogados de las libertades civiles, varios líderes religiosos y grupos que representan a personas con discapacidades la han calificado como una ofensa a la dignidad humana.

En febrero de 2015, la Suprema Corte de Canadá removió un fragmento del código penal que prohibía la muerte asistida, y dieron al gobierno un año para implementar una nueva ley que permitiera a los adultos que sufren alguna dolencia médica "grave e irremediable" acudir con un médico para ponerle fin a su vida.

Pasaron varios meses entre el fallo de la corte y la fecha límite para que los canadienses solicitaran la asistencia ante las cortes. Decenas de ciudadanos en todo el país recibieron permisos especiales durante ese periodo.

Shanaaz Gokool, directora general de Dying with Dignity Canada, dijo a VICE News que el gobierno federal debería empezar a contar el número de muertes asistidas que se realizan en el país "lo antes posible", además de ampliar la información que recolectan, incluyendo a las personas que continúan con algún tratamiento paliativo y aquellos que han decidido acabar con su vida ellos mismos porque se les negó la ayuda médica para hacerlo.

Citó el ejemplo de algunas personas en Quebec que dejaron de comer y beber líquidos cuando no calificaron para acelerar su muerte.

"Muchas de las personas que piensan que califican para la muerte asistida, al ser rechazadas buscarán otra opción", dijo Gokool. "Y éstas son piezas de información importantes que el gobierno federal debería registrar".

Los gobernantes liberales implementaron la ley en medio de duras críticas por parte de los que apoyan la muerte asistida, quienes aseguran que la ley viola el carácter, y el fallo original de la corte, ya que sólo permite el procedimiento para los canadienses con una enfermedad terminal. Ellos dicen que la ley también debería cubrir a las personas que sufren física y mentalmente, incluso si no es terminal y no estén en riesgo de morir en un futuro próximo.

Por esa razón, la Asociación Canadiense de las Libertades Civiles, quien llevó la batalla a la Suprema Corte, está demandando al gobierno federal de nuevo, diciendo que la nueva ley debería ser revocada y ampliada.

La persona que lleva el caso es una mujer de 25 años de la Columbia Británica que sufre de atrofia muscular en la espina y está en silla de ruedas.

"Me da pavor quedar atrapada en un estado de sufrimiento físico y mental durante meses, años o incluso décadas. Tener que pensar en este futuro me causa un inmenso estrés físico", dijo ante los reporteros Julia Lamb en una conferencia de prensa este verano.

El director de litigios de la asociación añadió que la nueva ley "tendrá el perverso efecto de forzar a los canadienses gravemente enfermos a recurrir a métodos más violentos o ilegales".

El ministro de justicia ha defendido la ley de su gobierno asegurando que está alineada a la Constitución, además de respetar los derechos de los canadienses ya que es "se adhiere a los principios, es cautelosa y deliberada".

Un vocero de la Asociación Médica Canadiense comunicó a CBC que sus miembros estaban contentos con la ley y que "las cosas parecen estar marchando relativamente bien respecto a la disponibilidad de los médicos y la interpretación de la ley".

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