Una española pide a Francia el esperma congelado de su difunto marido y choca con la ley

El Consejo de Estado francés ha examinado un asunto poco común, pero que levanta diversas cuestiones éticas. La española Mariana González ha pedido la transferencia del esperma congelado de su difunto esposo a España, donde reside actualmente. El problema es que este procedimiento está prohibido en Francia.

Nicola Turri, marido de Mariana y de nacionalidad italiana, fue diagnosticado de cáncer. Temiendo que el tratamiento pudiera dejarlo estéril, congeló su esperma en 2013. En seguida su salud mejoró, pero en 2015 le detectaron leucemia. A pesar de todo, él estaba decidido a convertirse en padre. Tenía que ir con un notario y dar su consentimiento para la Procreación Médicamente Asistida. Sin embargo, Turri "falleció una hora antes del encuentro", explicó el abogado de Mariana González, David Simhon, a la Agencia France Presse (AFP).

Aunque ni González ni Turri tenían nacionalidad francesa, los tubos de esperma se encuentran resguardados en París, donde vivía la pareja en el momento de la muerte de él, el 9 de julio de 2015. Las células se encuentran almacenadas en el Centro de Estudios y Conservación de Óvulos y Esperma humanos del hospital Tenon.

Mariana González pide a la justicia francesa que le proporcionen el esperma congelado de su marido para llevar a cabo la inseminación post mortem en España, país en el que esta práctica está permitida. En una entrevista para el canal France 2 el pasado mes de abril, la joven mujer dijo que desea "ser la madre del hijo del hombre de su vida… Para mí lo más importante es que respeten nuestra voluntad".

Su petición fue rechazada por el tribunal administrativo la semana pasada. El Consejo de Estado es ahora su única opción en Francia. El pasado viernes, la relatora pública, Aurélie Bretonneau, se declaró a favor de la transferencia del esperma a España, argumentado que se trata de una "situación excepcional", precisó AFP.

Véronique Fournier, directora del Centro de Ética Clínica, declaró no saber si esta decisión es "un signo dirigido al poder legislativo francés para modificar la ley, o simplemente una muestra de respeto para los ciudadanos europeos presentes en nuestro territorio".

Según el diario Le Figaro, David Simohn, el abogado de Mariana González sostiene que el proyecto de la pareja estaba "claramente definido" y "bien decidido". Además de la decisión que Nicola Turri quería confirmar ante el notario, el hombre escribió un testamento en el que daba a su mujer el derecho a utilizar su esperma incluso después de su deceso. Durante la audiencia también se precisó que la pareja ya había intentado la inseminación antes de la muerte de Turri, pero no tuvieron éxito.

Para el abogado de Mariana González, la negativa del gobierno francés para la exportación de las células reproductivas a España va en contra del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativo al respeto de la vida privada y familiar. De acuerdo a la AFP, David Simohn afirmó que dicha negativa "atenta contra una de las libertades fundamentales": el derecho a ser padre en el sentido biológico.

Un tema de debate en Francia

Por su parte, la agencia de Biomedicina, representada ante el Consejo de Estado por la Asistencia Pública-Hospital de París, y el hospital Tenon, defienden una postura establecida en el Código de la Salud Pública a través una ley emitida el 29 de julio de 1994, y revisada en 2004. En ella se establece que los integrantes de una pareja que opten por la asistencia médica para la procreación tienen que estar "vivos, en edad de procrear y consentir previamente la transferencia de los embriones o la inseminación… El deceso de uno de los integrantes de la pareja" es entonces un "obstáculo" para la inseminación.

Las leyes bioéticas son regularmente revisadas en Francia para adaptarse a la evolución de la investigación científica y los nuevos debates sociales. Estas revisiones han dado lugar para que los organismos emitan notificaciones sobre la procreación post mortem. Para este caso, dicha notificación puede declinarse de dos formas: por la implantación de un embrión, o por la inseminación de la mujer tras la muerte de su pareja.

En un informe publicado en 2009, el Consejo de Estado se pronunció en contra de la transferencia de embriones post mortem. Afirmaba que "el niño nacido de una transferencia post mortem podría estar en riesgo de exposición a factores de desequilibrio, o dificultades psicológicas ligadas a la posición de haber nacido del duelo". Estipulaba también que la prohibición de la inseminación post mortem la hacía "objeto de un gran consenso".

En 2011, nuevamente en un contexto de revisión de las leyes bioéticas, el Comité Consultivo Nacional de Ética publicó una notificación contraria. Aseguraba que para la mayoría de sus miembros, este procedimiento "debería poder ser autorizado" bajo ciertas condiciones, como un plazo de reflexión mínimo, o el consentimiento del hombre aún vivo.

Sin embargo, el consejo no juzgó "oportuno" regresar sobre la prohibición de la inseminación post mortem. Adelantaba que, para el niño "la carga simbólica de haber sido concebido con las células de un hombre que ya estaba muerto podría agravar las dificultades que de por sí tendrá debido a la falta de un padre". Insistía también sobre "el carácter, más difícilmente verificable, del consentimiento del padre al momento de la procreación".

De acuerdo con Véronique Fournier, la ley francesa otorga a la transferencia de embriones una dimensión ética suplementaria. "Cuando tienen un embrión constituido, el niño en potencia ya está ahí. Debemos entonces decidir destruirlo o darle la oportunidad de vivir. Garantiza también el consentimiento del padre. En el caso de la inseminación, corresponde a la creación de un huérfano de origen".

Fournier asegura que "ningún procedimiento de revisión es verificable a corto plazo". La legislación francesa sobre la inseminación post mortem no cambiara de inmediato. Según ella, Francia mantiene un cierto equilibrio a través del "turismo de procreación". "El estado pretende que esta regla se imponga en su territorio, pero no impedir a sus residentes hacer lo que quieran en el extranjero, es una válvula de escape".

"El niño que vaya a nacer no tendrá ninguna relación con Francia", subrayó David Simohn. "No pedimos cambiar la ley francesa. "¿Es realmente posible oponerse a esta transferencia?".

Las conclusiones favorables de la relatora representan una primera etapa para Mariana González. La decisión del Consejo de Estado será anunciada en los próximos días. Si la deliberación es negativa, Mariana González preve recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos.

Pero el tiempo apremia para Mariana. La inseminación post mortem no está autorizada en España después de un año de haber muerto el hombre, aunque la autorización haya sido a través testamento. La fecha límite es el próximo 10 de julio.

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