Mujeres encarceladas en México aseguran ser torturadas para declararse culpables

En México el tema de la tortura es polémico y espinoso, tanto así que en febrero del año pasado, el gobierno Enrique Peña Nieto se involucró en un altercado diplomático con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que pudo haber llegado a mayores.

El conflicto se desató luego de que Juan Méndez, relator especial del organismo sobre Tortura, afirmara luego de que emitir un informe especial sobre el tema, que en México la tortura "es una práctica generalizada". El gobierno rechazó lo dicho por el relator y señaló que tal afirmación era una falacia, pero el representante de la ONU se mantuvo firme.

Ahora, Amnistía Internacional publica el informe Sobrevivir a la Muerte. Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México. Para su realización, miembros de la organización entrevistaron durante 11 días a 100 mujeres recluidas en cárceles federales. El resultado: 93 de ellas afirmaron haber recibido golpes durante su detención y 41 declararon que fueron asfixiadas con una bolsa de plástico.

Al menos 79 de las entrevistadas aseguraron que las golpearon en la cabeza, 62 dijeron que en el abdomen, 24 en los glúteos, 21 en los pechos y 16 en los genitales. Además, 72 señalaron que habían sido sometidas a violencia sexual, que iba desde manoseo en sus partes íntimas hasta violación.

VICE News habló con las madres de dos mujeres que actualmente se encuentran presas. En ambos casos, aseguran que sus hijas han sido víctimas de tortura por los policías que participaron en su detención y que están encarceladas por delitos que no cometieron.

Berta Casales es una de ellas. Afirma que su hija Verónica Razo fue detenida en la calle el 8 de junio de 2011, aproximadamente a las 13:30 horas, por siete personas vestidas de civil que portaban armas largas cerca de su domicilio. La sometieron y se la llevaron en un auto con rumbo desconocido.

Después de buscarla en Locatel, el servicio telefónico para reportar y buscar personas extraviadas, fue a interponer una denuncia por los hechos, la cual, las autoridades no quisieron atender por la falta de testigos.

Fue hasta el siguiente día cuando su hija se comunicó con ella. Le dijo que estaba detenida en la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada). No obstante, Berta afirma que al trasladarse inmediatamente al lugar, los funcionarios de la institución negaron en varias ocasiones que su hija estuviera ahí.

Fue hasta después de cinco días que la pudo ver. "A mi hija la violaron y la golpearon tanto que la mandaron al hospital. Cuando la vi me dijo que la habían torturado los mismos policías federales que la detuvieron e incluso un funcionario del Ministerio Público. Para que la tortura se detuviera la hicieron firmar una declaración auto inculpatoria".

Horas antes de la detención de Verónica fue aprehendido su hermano con el mismo procedimiento: civiles armados lo subieron a un auto, para después torturarlo en una dependencia del gobierno federal, y obligarlo con golpes y descargas eléctricas en su cuerpo a que firmara una declaración a modo en la que se declarara culpable.

Ambos hermanos están acusados de secuestro por una llamada anónima que los denunció. A Verónica, las autoridades le practicaron el Protocolo de Estambul, un dictamen de tipo médico y psicológico con estándares internacionales para comprobar si existe la tortura en algún caso, y salió positivo, pero eso no cambió en nada su caso.

Han pasado cinco años y cuatro meses y aún no reciben alguna sentencia. Verónica sufre hipotiroidismo y su cuerpo está cada vez más hinchado. Su madre pide que se haga justicia: quiere a sus hijos libres, y tras las rejas a quienes los torturaron. "Yo exijo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que emita ya una recomendación sobre el caso, para que con eso mis hijos puedan ser liberados, y regresen a casa a convivir con mis nietos".

Byron Razo, hijo de Verónica, tiene 18 años, tenía 12 cuando su mamá fue detenida. Explica que el encarcelamiento de su mamá destruyó su núcleo familiar. "A esa edad es muy duro afrontar algo así, buscas respuestas que no siempre te satisfacen, pero yo sé quién es mi mamá y ahora he enfrentado esto de una mejor manera".

En su informe, Amnistía Internacional pone de manifiesto la poca transparencia de las autoridades mexicanas respecto al tema. En concreto de la Procuraduría General de la Justicia (PGR), institución encargada de revisar los delitos graves en el país, la cual no tiene cifras recientes sobre el tema.

Sin embargo las últimas son abrumadoras. La PGR respondió, mediante una solicitud de información a Amnistía Internacional que entre 2006 y octubre de 2014, la institución ha recibido 4.055 denuncias por tortura. De éstas, 2.403 se registraron en 2014 y 1.165 en 2013.

Asimismo, el informe señala que entre 2010 y 2015, sólo cuatro integrantes de la Secretaría de Marina habían sido suspendidos por abuso sexual de una mujer. En el caso de militares, ninguno había sido procesado por un caso de ese tipo. En cuanto a los policías federales, no se tienen datos al respecto.

"La tortura en México está fuera de control", afirma la organización internacional, y asegura que "a pesar de las leyes contra la tortura que hay en el país, nadie las toma en cuenta y los torturadores quedan impunes".

A Taylin Clotet le pegaron hasta el cansancio frente a sus tres hijos. Incluso el que estaba por nacer no lo logró debido a los golpes que recibió en el abdomen su futura madre.

María Wang, es madre de Taylin, y narra con detalle su detención. Señala que en febrero de 2014, unos 30 agentes de la Policía Federal entraron al domicilio de su hija. Sin mostrarle alguna orden de aprehensión la golpearon brutalmente en todo su cuerpo, y la torturaron sexualmente, a la vista de sus hijas de cinco y siete años. Al mayor, de 15, también lo sometieron y le pegaron.

"De ahí se la llevaron a un centro de detención donde siguió siendo torturada sexualmente, amenazada y golpeada. Después la llevaron a la SEIDO, y ahí es donde mi hija abortó producto de la golpiza que le dieron", explica María.

María asegura que los médicos del lugar no informaron sobre los malos tratos que recibió la Taylin, y sólo le dieron unos trozos de toalla de papel para que se los colocara dentro de la ropa interior con el fin de parar la hemorragia. Después de eso fue trasladada a prisión acusada de secuestro. Durante otros cinco días estuvo sangrando en la cárcel sin atención médica. Se había declarado culpable bajo tortura.

"Los niños asisten a terapia psicológica para poder superar lo que han vivido, incluso en el expediente está su declaración de lo que vieron ese día [de la detención]. El caso de mi hija no es único, es un patrón que se sigue, la policía en México no está preparada porque para torturar no necesitas estudiar", señala María.

Hasta el momento el Protocolo de Estambul realizado a Taylin no se ha definido. Y la CNDH, no ha emitido alguna recomendación al respecto. Han pasado más de dos años y aún no hay alguna sentencia a favor o en contra de ella.

Amnistía Internacional afirma que en México los policías y soldados violan, dan palizas, asfixian y electrocutan a hombres y mujeres para obtener supuestas confesiones. "¿El resultado? Miles de inocentes en la cárcel y una sociedad de millones de personas viviendo atemorizada. Mientras tanto las autoridades miran hacia otro lado, y la confían en que la comunidad internacional también lo haga".

En diciembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció sobre el tema. "Necesitamos construir una sociedad que respete la dignidad de las personas y los derechos humanos, no es sólo una tarea que le ocupe al presidente, que sin duda es responsable de darle cauce e inducirla", pero se deben converger los esfuerzos de la sociedad organizada y las instituciones del Estado".

La declaración la hizo en el marco de la presentación de una serie de leyes para prevenir, investigar y sancionar la tortura, enviadas al Congreso, pero hasta la fecha se siguen discutiendo y no han sido aprobadas.

Finalmente, la organización internacional recomienda al presidente de la República "ordenar la retirada sin demora de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública para las que no tienen capacitación y reconocer públicamente el problema de la tortura en el país".

Además, a las fuerzas de seguridad los convoca, entre otras cosas, a suspender a cualquier agente sospechoso de estar implicado en actos de tortura o malos tratos, mientras que a la PGR le solicita publicar un registro de denuncias de tortura desglosado por género edad y nacionalidad.

"Las autoridades no sólo no han publicado información detallada sobre el tema, sino que parecen estar decididas a mantenerlo oculto. Durante la investigación llevada a cabo para el informe, una serie de autoridades pusieron diversos obstáculos para impedir que la organización accediera a un mayor número de mujeres con el fin de entrevistarlas", denunció Amnistía Internacional.

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