Muro popular para proteger a jóvenes vascos acusados de ser de ETA sin practicar la violencia

"Éste es el terrorismo que practicamos". Serio pero tranquilo, Ibon Esteban ironizaba sobre las acusaciones de "terrorismo" formuladas por la Audiencia Nacional española, que le ha condenado a seis años de cárcel.

El joven atendió a VICE News durante la noche del domingo, horas antes de ser detenido en Vitoria por la Ertzaintza, la Policía Autonómica vasca, junto a Igarki Robles y Aiala Zaldibar. Los tres aguardaban protegidos por un muro popular formado por decenas de personas que pretendían evitar su arresto, dictado por la Audiencia Nacional.

En prisión se encontraban ya Xabat Moran, Marina Sagastizabal, Ainhoa Villaverde y Bergoi Madernaz, también castigados en una sentencia que absolvió a otros 21 jóvenes independentistas vascos. La sentencia, redactada por la juez Ángela Murillo, reconoce que no existen hechos violentos que se les puedan imputar. Pese a ello, les impuso una pena por "integración en organización terrorista" que, según señala la abogada Amaia Izko a VICE News, "se basa en las inculpaciones obtenidas bajo tortura". Entre las "pruebas" para la acusación aparecen la colocación de carteles, reuniones o la participación en manifestaciones y ruedas de prensa.

Los juicios contra activistas vascos no han cesado pese a que ETA [organización armada vasca que en 2011 anunció el cese definitivo de sus acciones y cuyas acciones han costado la vida a más de 800 personas en casi 50 años de existencia] ya ha anunciado su intención de abandonar las armas.

El Gobierno español, liderado por Mariano Rajoy del Patido Popular (PP), exige la disolució definitiva de la organización armada y rechaza abordar cualquier proceso de paz.

Esta posición ha llegado a extremos como que la Audiencia Nacional citase a declarar al grupo de verificadores internacionales que colaboran con el desarme en 2012. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Ronnie Kasrills, exministro sudafricano y uno de los compañeros de Nelson Mandela en la lucha contra el apartheid.

El contexto político en el País Vasco, sin embargo, ha cambiado mucho. Desde 1997 el Gobierno español puso en marcha una estrategia de ilegalizaciones que afectó a periódicos, partidos políticos o grupos juveniles. El aval judicial a la candidatura de EH Bildu, una coalición que integra a la izquierda abertzale, rompió este ciclo. Sin embargo, los juicios contra activistas políticos se suceden como si la actividad de ETA no hubiese cesado.

La Audiencia Nacional, un juzgado creado el mismo día que se suprimió el Tribunal de Orden Público franquista, les acusa de ser miembros de Segi, una organización juvenil de izquierdas y abertzale ["patriota" en euskara] ilegalizada por el Tribunal Supremo en 2007. El Alto Tribunal declaró que se trataba de una asociación vinculada a ETA.

El origen de los arrestos está en una macrorredada de la Policía Nacional que se saldó con 14 detenciones en 2010. La causa terminó ampliada a 28 jóvenes, de los que 19 denunciaron haber sido torturados durante el régimen de incomunicación. Esta ley permite a los agentes mantener bajo custodia a un detenido durante un período entre 3 y 5 días sin tener acceso a abogado ni médico de confianza.

Durante el juicio, que comenzó en setiembre de 2014, los jóvenes aprovecharon para denunciar los malos tratos ante la sala. Entre los tormentos que relataron se encuentran golpes, obligación de realizar ejercicios físicos, vejaciones sexuales o "la bolsa", que consiste en simular el ahogamiento aplicando una bolsa de plástico en la cabeza.

Ibon Esteban, uno de los arrestados el lunes, llegó a mostrar la imagen de uno de los policías que le torturó, pero los hechos no se investigaron.

El régimen de incomunicación, que se incluye en la ley antiterrorista española, ha sido cuestionado por instituciones como el Comité Europeo de Prevención de la Tortura o diversos relatores de la ONU. Sin embargo, Madrid siempre ha negado la existencia de malos tratos, pese a que ya ha sido condenado en siete ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar estas denuncias.

No es la primera ocasión en la que un muro popular protege a activistas por la independencia del intento de detención de la Policía. Desde que en 2012 se realizó una primera protesta para parar el arresto de Ekaitz Samaniego en Vitoria, se han repetido estas movilizaciones en San Sebastián-Donostia, Ondarroa, Pamplona-Iruñea y Loiola. Nunca se ha logrado frenar los arrestos aunque sí que se han dificultado.

El muro de Vitoria vino precedido de una marcha celebrada el domingo que contó con la participación de 8.000 personas. Al término de la manifestación uno de sus organizadores anunció que se organizaría un acto de desobediencia civil y que los tres arrestados, en busca y captura, se encontraban en la plaza. La mayoría de asistentes había acudido disfrazado, con peluca y la cara pintada.

Decenas de personas se mantuvieron durante toda la jornada a la espera que llegase la policía para arrestar a los jóvenes. A media tarde, Robles, Zaldibar y Esteban comparecieron en la plaza.

"Estamos haciendo algo histórico", proclamó Zaldibar. Unas horas antes, Robles clamaba: "¡Estamos hartas! No consentimos que sigan deteniendo, torturando y encarcelando a ciudadanas vascas!". Poco después volvían al anonimato desde el que aguardaron a los agentes.

La llegada de la Ertzaintza se produjo a primera hora del día. Sobre las 8 de la mañana, al menos 15 furgonetas policiales se presentaron en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria. Uno de los mandos anunció que su objetivo era arrestar a los tres activistas perseguidos pero fue recibido con cánticos.

La Policía tardó cerca de tres horas en localizar a los jóvenes. Para ello fue sacando uno a uno a los integrantes del muro popular. Algunos se rociaron con pintura y otros permanecían atados con una cuerda, lo que mantenía compacto el bloque.

Los agentes, muy agresivos, propinaron patadas y puñetazos, porrazos en las costillas o los testículos o tirones de pelo que provocaron 70 heridos, según los datos de Eleak, la asociación de defensa de los derechos civiles en el País Vasco. Además de los tres jóvenes, otras 17 personas fueron detenidas.

"Todavía quedan más juicios. Y, por desgracia, vendrán más sentencias y más condenas", consideraba, en declaraciones a VICE News, Alitxu Martínez del Campo, madre de Igarki Robles, que seguía desde la plaza el operativo diseñado para detener a su hijo y aplaudía a los jóvenes que se solidarizaban. Hace un año la Audiencia Nacional absolvió a otros 40 jóvenes y dio veracidad a sus denuncias de tortura.

"Estamos hartos de recibir golpes y amenazas", argumentaba ante los medios Zigor Oleaga, portavoz del muro popular de Vitoria cuando los arrestados ya habían sido conducidos a comisaría.

Cerca de 200 personas están a la espera de ser juzgadas en la Audiencia Nacional. Les acusan de ser integrantes de ETA pese a no haber cometido ningún tipo de delito violento, por lo que denuncian que se trata de "persecución política". Es el caso de Robles, Esteban y Zaldibar, que durante el juicio no renegaron de su activismo. Ya se encuentran encerrados en la prisión de Zaballa, en el País Vasco.

Sigue a Alberto Pradilla en Twitter: @albertopradilla