Once mujeres torturadas sexualmente en México están por obtener justicia

Hace once años a las siete de la mañana del 2 de mayo, en un pueblo llamado San Salvador Atenco, elementos policíacos intentaron retirar a ocho vendedores de Flores. Ese día, ese momento, derivó en la tortura sexual de once mujeres, que por fin, podrían hacer que el gobierno mexicano responda por los abusos.

En el año 2006 se registraron una serie de enfrentamientos entre los pobladores de San Salvador Atenco —localizado a una hora de la Ciudad de México— y la policía. Los ciudadanos se oponían a la construcción de un nuevo aeropuerto que se construiría en ese lugar, y el conflicto estalló con el desalojo de los vendedores de flores.

En respuesta a las protestas, la administración del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, envió a más de 2.000 elementos de la policía estatal y federal, que terminó con la detención y numerosos casos de tortura de 217 personas: manifestantes que se resistían al proyecto, pero también gente que pasaba por ahí, y quedaron atrapados en medio del operativo.

Entre los detenidos hubo 47 mujeres, quienes en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión, en su mayoría, sufrieron tortura sexual a manos de los policías.

Once de ellas se atrevieron a denunciar, pero durante más de una década su caso estuvo estancado, hasta el día de hoy.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, anunció que en los próximos meses la Corte Interamericana decidirá los detalles de la celebración de audiencias públicas sobre el caso, donde el gobierno mexicano tendrá que responder a las acusaciones de tortura sexual.

La organización recordó que hace diez años elementos policíacos aprovecharon la situación de incomunicación y vulnerabilidad de las detenidas bajo su custodia para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico.

Once años después, estas mujeres buscan que se siente un precedente para avanzar contra la tortura sexual en México. Y es que aún no se ha investigado quien posibilitó estos hechos por acción u omisión.

El señalado por distintas organizaciones de derechos humanos de ser el responsable, es el ahora presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien en esa entonces era gobernador del Estado de México, donde se ubica San Salvador Atenco.

"Las sobrevivientes de Atenco, no cesan su lucha por la verdad, justicia y la erradicación de la tortura sexual en México como técnica para desmovilizar, reprimir o fabricar culpables", dice en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

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