Refugiados sin asilo: una historia de cárcel y maltrato en Europa (Parte I)

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Sesenta millones de personas en el mundo han tenido que huir de sus hogares a causa de la violencia. De éstas, 20 millones han sido forzadas a alejarse de sus países para salvar sus vidas.

La gran mayoría nunca serán reconocidas como refugiadas: unas serán deportadas al mismo lugar del que huyeron; otras, condenadas a la clandestinidad como inmigrantes en situación irregular; muchas, encerradas en algún centro de internamiento de emigrantes.

Sólo una minoría conseguirá el estatuto de asilo. La mayoría de ellos, precisamente, los sirios que tras más de cuatro años en guerra, han recuperado la atención mediática por las indignas condiciones de su éxodo por los Balcanes.

Ésta es la historia de uno de esos solicitantes de asilo que han aprendido con su propia experiencia que el infierno no acaba cuando se llega a Europa, que la gran mayoría de los refugiados no encuentran refugio, ni protección, ni ayuda en nuestros países.

La realidad suele ser muy distinta: maltrato institucional y exposición a todo tipo de abusos y violencia. Algo que contribuye a que otros saquen rédito económico dela desgracia ajena.

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"Nos obligaron a quitarnos la ropa, nos golpeaban si no lo hacíamos. A un hombre que quería impedir que desnudaran a su hija, simplemente le dieron un balazo en la cabeza, como si no valiera nada. Aún puedo ver a su hija llorando y manchada con la sangre de su padre". El relato es de Alejandro, quien, aquella noche en México, consiguió escapar debido a una balacera de sicarios entre dos cárteles.

La historia continúa así: "La desnudaron y violaron varias veces delante de todos. A los abuelos les llevaron fuera, los tiraron al suelo, se escuchaban los gritos. Nosotros estábamos en silencio. Le dijeron al conductor del autobús 'Ahora sí harás algo útil'. Escuché el ruido del motor y cómo el chófer gritaba que, por favor, no le obligaran a hacerlo. Los abuelos gritaban mientras les pasaban el autobús por encima varias veces".

Alejandro explica como los narcos reían y se burlaban de cómo se quejaban. Luego entraron dos que, según este testimonio, eran los que mandaban. Dijeron 'A ver cabrones. De aquí sólo saldrá vivo el que sea más cabrón que mis muchachos o el que tenga mucha lana (dinero) para comprar su vida'. Y comenzó con las mujeres.

Una estaba tan asustada, recuerda, que se orinó encima y de un golpe la tiró y la obligó a lamer su orín. Ninguno nos atrevíamos a decir nada. Yo pensaba en si volvería a ver a mis hijos (…) "Nos decían muchos insultos, que nos matarían, que cómo queríamos morir y más cosas que no quiero recordar. Nos quitaron la poca ropa que nos quedaba, buscando cosas de valor. Pero lo peor estaba por pasar".

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Lo sacaron a él y a otro y le dijeron 'Si ganas, tal vez te suelte. Si no, ya sabes pinche gordito de mierda'. Les dieron un martillo. "Sólo recuerdo gritos, alguien tratando de golpearme y mucha sangre en mi cara. Sólo regresé yo, no sé realmente lo que hice, temo saberlo, porque yo no quería. Nunca antes había hablado de esto".

Después vino la violación, todo lo que nunca hubiera querido rememorar y, finalmente, la citada huida aprovechando un tiroteo entre sicarios del cártel del Golfo y el de los Zetas, que por aquellos días dirimían su liderazgo a balazos, tal y como puede verse en numerosos vídeos publicados en Youtube.

Los que trabajan habitualmente con personas solicitantes de asilo y refugiadas saben que las historias que les han expulsado de su tierra a menudo resultan además de dramáticas, sorprendentes. Pero no increíbles, porque lo que aquí consideramos normalidad, nada tiene que ver con lo que acaece en Siria, Irak, Guatemala o México.

México, un Estado carcomido por los cárteles

En 2011, como decenas de miles de mexicanos, Alejandro decidió migrar a Estados Unidos. Como auxiliar de enfermería, trabajando para la policía o los bomberos, no ganaba más de 40 euros semanales. A través de un conocido, entró en contacto con una empresa dedicada a la jardinería y el mantenimiento en Austin, Texas.

Le dijeron que en un mes ganaría lo que en su país le llevaría un año. "Tenías que pagar 1.000 euros para que te contrataran y otros 300 para que los Zeta te dejaran pasar por su territorio. Sé que está mal, pero así funcionan las cosas en mi país", explica.

"Ellos se encargaban del visado. Todos sabíamos que tenían relación con el cártel de los Zetas pero como todos los niveles del gobierno están infiltrados por el crimen organizado, no queda más que callar y tratar de sobrevivir", añade.

México es el segundo país más corrupto del mundo, sólo por detrás de Filipinas, según un estudio de la Universidad de las Américas de Puebla, que concluía que la impunidad es el principal agente normalizador de la corrupción.

"Los Zetas están decididos a ganarse la reputación de ser la organización más sádica, cruel y despiadada que nunca haya existido", afirmaba en The Washington Post George W. Grayson, profesor de gobernanza en la Universidad William & Mary y especialista en los cárteles mexicanos.

"Los otros cárteles también matan a sus enemigos, pero no se esfuerzan en la forma de hacerlo. Los Zetas buscan atemorizar a sus objetivos. No sólo te cortan una oreja, sino que te cortan la cabeza sin darle mayor importancia", precisa.

Estas organizaciones criminales y el Estado mexicano se disputan el control del territorio a diario. Teóricamente. En la práctica, los cárteles han permeado parte de las estructuras oficiales, también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La llamada Guerra contra el narcotráfico, lanzada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón mediante la militarización del país, se ha saldado con la muerte deal menos 90.000 personas. Los cárteles siembran el terror con ejecuciones públicas, decapitaciones, desapariciones.

La impunidad con la que actúan también militares y policías ha desembocado, según la ONG Human Rights Watch, en una epidemia de "ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y tortura".

El actual presidente, Enrique Peña Nieto, no sólo no ha atajado esta situación, sino que perpetúa las dinámicas de impunidad, como demuestra el primer aniversario de la masacre de Ayotzinapa, en la que la policía atacó a un grupo de estudiantes para después entregar 43 de ellos al cártel de los Guerreros Unidos, que los desaparecieron.

Un año después, el gobierno no sólo no ha esclarecido los hechos, sino que los familiares de las víctimas han sido sometidos a una campaña pública de criminalización.

Ya en Austin, Alejandro descubrió que los cárteles no sólo permean las instituciones mexicanas, sino también las fronteras. "En EE.UU. sólo les importa que hagas el trabajo, pero eres invisible. Es perfecto para los sicarios porque pueden estar vigilándote sin que te enteres", cuenta.

"Sabíamos que la empresa pasaba por la frontera a narcos como si fueran trabajadores para extorsionar, buscar pisos vacíos donde esconder a emigrantes ilegales, secuestrar a los que no habían pagado el viaje. Pero no puedes decir nada", se lamenta.

En una de sus visitas a su familia en México, la policía aduanera estadounidense le retuvo para hacerle un registro en profundidad. No encontraron nada ilegal y empezaron a preguntarle sobre las personas que le habían conseguido el contrato y el visado.

"Entonces supe que estaba en problemas". Según cuenta, los oficiales le advirtieron que tendría que colaborar como topo pasando información sobre cómo su empresa traficaba con visados para los emigrantes y sus vínculos con los Zetas. De lo contrario, le deportarían a México acusándole de transportar drogas.

"Eso supondría la muerte porque los cárteles liquidan a los que trafican sin su permiso. Así que acepté por miedo a las consecuencias que podría tener en mí y mi familia. Me dijeron que si algo salía mal, podríamos vivir en Estados Unidos".

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Vice News ha podido acceder a algunos de los emails que Alejandro muestra como prueba de la relación que mantuvo durante más de un año con la Unidad contra el Tráfico de Seres Humanos de la Oficina de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos.

En uno de ellos se puede leer: "Puedo conseguirte un permiso para ti y tu familia, para que se vengan a vivir a Estados Unidos por el tiempo que sea necesario. Además la información que proporciones la podemos mantener confidencial. Sólo tenemos que trabajar el caso de una manera para que no tengas que terminar en corte testificando. Por eso quiero hablar contigo para explicarte mejor".

Alejandro había puesto en contacto a decenas de conocidos que querían trabajar en Estados Unidos con el responsable de la empresa. Según nos cuenta, eso había favorecido que establecieran una relación -casi siempre telefónica- fluida.

En 2012, su supuesto contacto de la oficina policial estadounidense le dijo que interrumpiera la relación con la empresa y fue entonces, cuando según Alejandro, ésta fue investigada por tráfico de personas y venta ilegal de visados en Estados Unidos.

Meses después, el gerente de la empresa lo citó para tratar un asunto. Cuando viajaba en bus rumbo al encuentro, al que no se negó por temor a que dedujera que había sido el soplón, alguien le advirtió por teléfono que lo iban a desaparecer porque sospechaban que él había sido el chivato.

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En México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, más de 25.000 personas han sido desaparecidas desde 2007. Algo que sólo representa la punta del iceberg, según las organizaciones de derechos humanos.

Alejandro cambió de bus para volver a casa, pero el vehículo fue retenido por una patrulla policial hasta que llegaron unos hombres armados sin identificar, miembros del cártel del Golfo.

Éstos secuestraron a todos sus ocupantes. Luego, durante varios días los torturando para acabar matándolos. Alejandro fue uno de los pocos supervivientes.

"México es una fosa común", sentencia Alejandro. De hecho, en este país, una media de 6 cadáveres son enterrados diariamente como anónimos en una fosa común. Como reporta el diario Milenio.com, en San Luis de Potosí, donde fue cometido este asalto, hay un panteón municipal para los no identificados.

"Te cuento todo esto porque quiero que se nos dé voz a los que no podemos exigir nada. No estoy aquí para enriquecerme, estoy aquí porque no tengo patria, porque no puedo volver a mi país", asegura.

"Me dicen que México es cuatro veces España, pero allí todo está controlado por los cárteles. Si vuelvo, con que metan mi número de la seguridad social en cualquier base de datos, sabrán dónde estoy trabajando, donde vivo, todo. No puedo volver".

Buscar refugio y terminar preso

Alejandro llegó al aeropuerto de Barajas a finales de abril de 2013. No pidió asilo en la terminal porque "temía que me regresaran a mi país al momento".

Pocos días después, tras poner su situación en conocimiento de la Cruz Roja y la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente del Ministerio de Interior, fue enviado a un centro de acogida de refugiados en Logroño mientras se resolvía su solicitud de asilo.

Allí según su relato, recibió un trato discriminatorio y racista. "Cuando nos quejábamos por la comida o por no poder estar en la habitación con otros refugiados que sí tenían ordenador, buscando información sobre nuestros casos en Internet, por ejemplo, la directora nos decía que 'no nos quejáramos tanto, que teníamos un techo y un plato de comida que no habíamos hecho nada para ganarnos, mientras había españoles que no tenían nada'.

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"Eso es racismo porque se me está tratando así por ser de otra nacionalidad o por mis circunstancias. Y duele, porque no queremos que sean paternalistas, pero sí que entiendan que estamos en una situación muy complicada y que nuestros problemas no se acaban porque estemos en el centro", explica Alejandro.

La misma respuesta recibieron algunos de sus compañeros, según Alejandro, cuando pedían los 52 euros que se entregan mensualmente a los refugiados mientras están en el centro de acogida. Este medio se ha puesto en contacto con la directora del centro de Logroño, Isabel Manzanos, que ha declinado hacer declaraciones al respecto. El trato allí fue degradante, pero su infausto periplo continuó.

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