Partidos españoles sobre la prostitución: regulación, abolición y no saben, no contestan

¿Va el próximo gobierno a acabar con la situación de alegalidad de la prostitución en España tras las elecciones generales del 20 de diciembre?

A juzgar por la respuesta de las principales formaciones del espectro político, por las divergencias entre estos partidos y por el cuadro de resultados electorales que dibujan las últimas encuestas y que descartan mayorías absolutas, parece que lo más probable es que la prostitución quede nuevamente relegada al debate social sin una respuesta política de envergadura.

Sólo tres de los cinco principales partidos estatales, Ciudadanos, el PSOE e IU, tienen una idea clara sobre su política al respecto, pero aunque sus escaños podrían sumar mayoría, sus posiciones están demasiado alejadas para lograr un acuerdo sólido. Por otra parte, no parece que este debate sea prioritario para el PP que, como el equipo de Podemos, aún no ha consensuado una postura clara en esta cuestión.

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En España, la prostitución ejercida voluntariamente se encuentra en una situación de alegalidad: no está prohibida, pero tampoco está permitida de forma expresa y su ejercicio es libre siempre y cuando no afecte a menores, sea forzada o existan terceros que se lucren de la actividad de las trabajadoras o trabajadores sexuales.

La ley sanciona, además, su consumo en zonas de tránsito público cerca de lugares como parques o colegios, es decir, de uso por menores y en aquellos lugares donde su ejercicio genere un riesgo para la seguridad vial.

A este escenario, debe sumarse la situación excepcional de comunidades autónomas como Cataluña, donde se aprobó un decreto autonómico que regula los locales privados de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución por cuenta propia, algo que da cobertura legal a los burdeles.

¿Qué dicen los partidos?

Ciudadanos, el partido político de signo liberal liderado por Albert Ribera que se presenta por primera vez a las elecciones generales y que, de acuerdo con las encuestas, se convertiría en la segunda fuerza en su primera contienda electoral en unas generales, aboga claramente por la regulación de la prostitución.

"Creemos que no podemos cerrar los ojos a una realidad que va a seguir existiendo y que el estado no debe juzgar la moralidad del individuo, sólo resolver los problemas de la gente", asegura a VICE News Patricia Reyes, número 5 de la lista de Ciudadanos en Madrid y experta en temas de igualdad de la joven formación.

Reyes plantea regularizar la actividad de las trabajadoras y trabajadores sexuales que voluntariamente decidan ejercer la prostitución, combatir con más fuerza las redes de trata y ofrecer alternativas a las personas que venden su cuerpo para subsistir y como vía para salir de la pobreza.

"Regularizar equivale a reconocer los derechos sociales de las trabajadoras sexuales que ejercen [como meretrices] voluntariamente, algo que permite visibilizar la prostitución y, en consecuencia, facilita la persecución de los delitos asociados como la trata de mujeres con fines de explotación sexual" asegura Reyes.

Además, Ciudadanos considera que la regulación también se traduciría en un incremento de miles de millones de euros en términos de recaudación para la administración.

De acuerdo con las cifras facilitadas por los inspectores de Hacienda a mediados de 2014, la prostitución mueve 18.000 millones de euros en España. La misma fuente señala que si esta actividad tributara reportaría 6.000 millones de euros a las arcas públicas.

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Con todo, la visión de Ciudadanos choca frontalmente con la del PSOE, que las previsiones sitúan como segunda fuerza en número de escaños. Tras un debate interno que ha enfrentado a las diversas posiciones que conviven dentro del socialismo, el partido ha decido abogar por la vía abolicionista que penalice la demanda.

"En nuestro programa electoral llevamos la propuesta de aprobar medidas legales encaminadas a la abolición de la prostitución porque creemos que es una de las manifestaciones más crueles de desigualdad", asegura a VICE News Carmen Montón, secretaria de igualdad del partido.

"Hay que acabar con la normalización de la prostitución. No se puede seguir trasladando el mensaje social de que es lo mismo ir a un prostíbulo que al cine", añade Montón.

Ante la pregunta sobre cuál es su propuesta para aquellas trabajadoras o trabajadores que ejercen voluntariamente, los socialistas consideran que su cometido es dar respuesta al grueso del problema y, por lo tanto, dicen, centrar todos sus esfuerzos en combatir la explotación y la trata a través del abolicionismo y políticas que sancionen al demandante de servicios sexuales. En este sentido, el PSOE evita manifestarse sobre cómo abordar la realidad de la prostitución libre.

Lo cierto es que, de acuerdo con un informe de la Guardia Civil referido en la Comisión de Igualdad del Congreso para el estudio y el análisis de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de abuso o explotación.

Izquierda Unida (IU), la formación que obtendría menor número de escaños de entre las cinco formaciones consultadas de acuerdo con todas las encuestas publicadas, coincide con el PSOE en este debate.

José Luis Centella, portavoz de Izquierda Plural, que agrupa a IU y a otras dos formaciones regionales de izquierdas en el Congreso, declaró "somos contrarios a que se legalice porque no hablamos de una actividad laboral sino de utilizar el cuerpo como instrumento de comercio". Este partido, dirigido por Alberto Garzón, también apoya la política de penalización a los demandantes de servicios sexuales.

El PP, por su parte, opta por posponer el debate. Así, Carmen Quintanilla, diputada popular y presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, asegura a VICE News que hay que abordar esta asunto con seriedad pero se niega a posicionarse: "hay que abrir el debate pero aún no podemos decir si vamos a apoyar la absolución o la regulación". Algo, que dice va a producirse tras las próximas elecciones.

Con todo, Quintanilla sitúa el eje del asunto en la lucha contra la trata. Un enfoque que coincide con el de Rafael Hernando, portavoz del grupo popular en el Congreso, quien, sin embargo, sí que apuntó las líneas rojas de la formación.

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Hernando afirmó, el pasado mes de abril, que la mayoría de los expertos que participaron en la Comisión de Igualdad del Congreso para el estudio y el análisis de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual no eran partidarios de la regulación de la prostitución. Algo que descartaría un posible pacto entre este partido y Ciudadanos y que sólo dejaría espacio para un acuerdo entre socialistas y populares.

Desde la izquierda, Podemos que, como Ciudadanos se presenta por primera vez a los comicios estatales, declina manifestarse al respecto. Fuentes de la formación aseguran a VICE News que el partido aún no ha marcado las directrices políticas que deben guiar el abordaje político de esta realidad.

De momento, la prostitución sigue siendo un polémico debate, con posturas contrapuestas y, sobre todo, muchos claros oscuros que, a veces, se traducen en una débil voluntad política para abordar el asunto y, otras, en escasas posibilidades de consenso entre los principales partidos nacionales con representación parlamentaria.

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