El polémico proyecto minero Tía María revela complejos equilibrios sociales en Perú

En uno de los países con una de las más altas tasas de desigualdad social, la política económica nacional no parece encajar con el principio de desarrollo socioeconómico concertado e igualitario.

Southern Copper, una compañía transnacional de explotación minera — el 75 por ciento de la cual está en manos de la mexicana Grupo México y liderada por el millonario Germán Larrea Mota Velasco — está decidida a iniciar un proyecto de extracción de cobre en la mina de Tía María, en la provincia peruana de Islay. La compañía ya es licenciataria del estado para la explotación de varios yacimientos nacionales.

Las últimas semanas se han visto violentos enfrentamientos entre protestantes, policías y militares. Los manifestantes temen que la explotación minera pueda contaminar tierras, cosechas y aguas de la zona.

Video sobre los violentos enfrentamientos por la construcción de una mina de cobre en Perú. Leer más aquí.

Hasta cuatro personas, entre ellas un policía, murieron en relación a los choques.

A raíz de estos incidentes, el presidente de Perú, Ollanta Humala, declaró el estado de emergencia en la región.

Subrayando que hay "que garantizar la vida en comunidad y en paz", Humala dijo que las medidas de emergencia — justificadas, según él, también por supuestas conexiones de algunos de los protestantes a la organización guerrillera Sendero Luminoso — podrán ser revocadas si las condiciones regresaran a la normalidad.

Varias regiones del país se han sumado en solidaridad al paro declarado en Arequipa.

Southern Copper y su matriz Grupo México no gozan de una buena imagen pública, ni en Perú ni en el exterior.

La compañía fue responsable del mayor desastre ambiental mexicano cuando, en 2014 — cerca de la planta de Buenavista, operada por la misma compañía — se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfatos de cobre, mezclados con ácido sulfúrico y metales pesados, en las aguas dulces del estado de Sonora, afectando por lo menos a 22 mil habitantes de la región.

Una alta concentración de metales pesados en el agua puede provocar una más alta incidencia de enfermedades como saturnismo, hepatitis y cáncer, entre otras.

En 2006, una explosión en la mina mexicana de Pasta de Conchos — operada por Grupo México, la sociedad matriz de Southern Copper — mató a 65 mineros. Ninguno de los políticos mexicanos de entonces ofrecieron sus condolencias a los familiares de las víctimas, cuyos cuerpos — excepto dos — aún no han sido recuperados.

En 2013, ASARCO — otra compañía del Grupo México — fue investigada en EEUU por acusaciones de robo, chantaje, fraude y lavado de dinero, entre otros cargos, por un valor total de casi 10 millones de dólares. 18 de sus empleados fueron condenados.

Las complejas relaciones entre Southern Copper y la población peruana remontan a los años setenta, cuando la compañía — que se estableció en Perú en 1954 — dio inicio a las explotaciones mineras en el Sur.

Southern contaminó la bahía de Ite en la región Tacna por casi 40 años, enviando los relaves de sus operaciones mineras a cauces secos y finalmente al mar. Paralelamente, hasta el 2013, la compañía excedió, por más de un factor, un 400 por ciento el límite máximo de emisiones legales de dióxido de azufre. Solo entonces cesó sus operaciones en su planta de Ilo.

Southern fue también investigada por haber derramado metales pesados en las aguas dulces de la región de Tacna, que se utilizan con fines agrícolas. La entonces responsable de recursos naturales del Gobierno de la región, Nara Campos, aseguró que Southern intentó entorpecer la investigación varias veces.

Igualmente, las actividades mineras en la región causaron una fuerte crisis hídrica en 2011, según un informe entregado al ex primer ministro peruano Salomón Lerner.

El OEFA, el organismo peruano de fiscalización y evaluación ambiental, emitió hasta 12 sanciones contra Southern desde su creación en 2008. Nueve de ellas quedan confirmadas. El OEFA mismo planteó varias veces que Southern operaba para debilitar el organismo de vigilancia.

Los estudios de impacto ambiental (EIA) preliminares a la actividad de explotación en el proyecto de Tía María también son fuente de confusión.

En 2011, Southern presentó un EIA incompleto, al que siguieron 138 observaciones por parte de la UNOPS, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

Southern ya había presentado en 2010 un EIA copnfuso, que había suscitado que el entonces ministro de minas y energía Pedro Sánchez accediese a que un nuevo estudio fuese supervisado por la UNOPS. No obstante, la concesión pareció ser solo pro forma.

Southern Copper declaró en marzo a través de su representante Julio Morriberón que el proyecto de Tía María sería cancelado, con la suspensión de la inversión de 1.400 millones de millones de dólares. Morriberón definió a los protestantes como "terroristas mineros". De todos modos, la compañía desmintió las declaraciones de su empleado, diciendo que sus palabras no reflejaban "totalmente la voluntad de la compañía".

Los mismos dirigentes comunitarios que encabezan la protesta no salen indemnes del asunto.

Pepe Julio Gutiérrez, principal líder del movimiento anti-Tía María, fue detenido a principios de mayo tras haber sido acusado de extorsión y asociación ilícita a delinquir. Unas escuchas telefónicas demostraron que Gutiérrez le había pedido a los dirigentes de Southern "un millón y medio de lentejas", o un millón y medio de dólares, para que las protestas no continuaran.

Gutiérrez quedó internado en prisión preventiva. Las investigaciones deberían culminar en febrero de 2016.

"El asunto ha polarizado las partes," dijo Omar Zevallos, columnista del diario Correo de Arequipa, a VICE News."La explotación minera informal, aunque en Perú rijan reglas muy estrictas en tema de protocolos ambientales, sigue siendo un problema muy importante para el país", añadió.

"Los manifestantes han sido definidos como terroristas, y las protestas han sido explotadas por grupos políticos locales", remarcó. "La seriedad y legitimidad de las demandas ambientales se han visto comprometidas, aunque no totalmente, por los casos mediáticos que se han desarrollado alrededor de las protestas", dijo.

"El gobierno no puede unilateralmente cancelar el contrato, que viene de los mandatarios anteriores, porque podría venirle una demanda internacional de Southern por millones de dólares. Es un estado de derecho en el cual hay que respetar las leyes — si Southern denuncia internacionalmente a Perú, son los contribuyentes todos que pagarán", concluyó.

Marco Arana Zegarra, catedrático y activista con el movimiento ambiental Tierra y Libertad, subrayó hablando con VICE News que "la estrategia actual del estado es de imponer el proyecto minero a través de la fuerza y la militarización producida por el estado de emergencia".

"El conflicto local evidencia una imperfecta política económica nacional, que prioriza las ganancias de la empresas frente al desarrollo de las condiciones socioeconómicas de la población,"recalcó, añadiendo que "el modelo de desarrollo extractivista y neoliberal no funciona".

Perú tiene uno de los más altos índices de desigualdad económica en el mundo. El índice de Gini, que analiza la distribución de la riqueza entre los ciudadanos — siendo 0 perfectamente distribuido, y 100 totalmente vertical — ronda los 50 puntos en Perú. España tiene alrededor de 36; EEUU 41.

Zegarra dijo que "hasta 2004/2005, la ley peruana requería que solo el 20 por ciento de las ganancias de la explotación minera fuese a las regiones peruanas para ser reinvertidos en viviendas, educación y proyectos de desarrollo infraestructural. Ahora la proporción es de 30 por ciento, pero los presupuesto regionales y empresariales funcionan de manera diferente. Lo que una empresa paga en diciembre llega al ciudadano en julio, o aún más tarde. Muchos gobiernos regionales no tuvieron la capacidad de incorporar [los fondos en tiempos útiles]. Hay un fuerte desfase de ineficiencia".

Las protestas se han vuelto pacificas, continuó Zegarra, "desafiando el estado de emergencia, los ciudadanos se manifiestan con cacerolazos y vigilias con velas".

Nuevas elecciones se celebrarán en 2016 y es cierto que el proyecto será retomado por el próximo gobierno electo. Zegarra afirmó que las protestas de Tía María han llevado ineficientes políticas económicas a la atención de la opinión pública, produciendo la necesidad de un debate electoral sobre "el derecho de los mineros menores de extraer y ganar a través de su trabajo, reduciendo el problema de la minería informal, que tiene fuertes consecuencias ambientales".

A esto se añade la necesidad de analizar un sistema que "tiene que priorizar la fiscalización, el control y la consulta del estado con sus ciudadanos respecto a las actividades empresariales de grandes corporaciones".

Solo el 21 por ciento de la población apoya al presidente Humala, el nivel más bajo desde el inicio de su mandato.

VICE News contactó a Southern, que ofreció sus ya publicadas notas de prensa. Una de ellas invoca "la paz para que la tranquilidad regrese a la zona".

El proyecto de Tía María fue suspendido el pasado 15 de mayo por sesenta días. Un paro en la región andina ha sido convocado para los próximos 7, 8 y 9 de julio.