¿Qué hay detrás de la intervención de la policía catalana para identificar periodistas?

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Algunos intuyeron la alargada sombra del orwelliano 1984, otros vieron un ataque a la labor periodística y a la transparencia en el marco de una política de control al contrapoder y también los hubo que sacaron hierro al asunto, pero todos, paradójicamente, también sus responsables, se mostraron sorprendidos ante unos hechos sin precedentes.

La actuación de dos miembros de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d'Esquadra [la policía autonómica catalana], consistente en la identificación y la solicitud de información personal a un grupo de periodistas que cubrían un operativo realizado por este cuerpo de seguridad, no ha dejado indiferente a nadie. Sobre todo, dado que diversos medios informativos han señalado que los datos se requirieron con el objetivo de elaborar un fichero policial de periodistas.

La actuación, que se llevó a cabo el pasado martes por la mañana, se enmarcaba en las pesquisas realizadas por la DAI contra las filtraciones de investigaciones a los medios de comunicación por parte de agentes, según explican fuentes del departamento de comunicación de los Mossos d'Esquadra a VICE News. Así sucedió, precisan, en la operación contra la mafia china durante la cual ocurrieron los hechos y que tuvo lugar en la joyería Rabat, situada en el céntrico Paseo de Gracia de Barcelona.

"Como ha pasado con distintas investigaciones, los periodistas llegaron antes que los policías. Son este tipo de filtraciones las que ponen en peligro las investigaciones y la seguridad de los propios agentes", aducen las mismas fuentes policiales, que niegan tajantemente la existencia de ninguna base de datos de periodistas.

"Estábamos en la calle, al lado de la joyería, y dos tipos nos estaban filmando. Al cabo de unos segundos, se acercaron, nos enseñaron la placa y nos llevaron hasta un portal que estaba a unos 20 metros. Allí, nos dijeron que nos identificáramos y que les diéramos nuestros números de teléfono móvil, luego nos llamaron en modo oculto para comprobar que no eran falsos", explica a VICE News el periodista de El País, Alfonso Congostrina, que acudió al lugar con un fotógrafo que trabaja para el mismo periódico.

Andrés García Berrio, abogado penalista y defensor de los derechos humanos, asegura a VICE News que los agentes que llevaron a cabo la identificación, definida por el reportero como "rara, inhabitual y intrusiva", no estaban "habilitados legalmente para exigir información personal como un número de teléfono". Un números que servirían para cotejarlos con la agenda de los agentes investigados y detectar si estos últimos facilitaron, a través del móvil, información confidencial a los periodistas identificados.

Este tipo de información, sigue el letrado, sólo se puede requerir si existe una investigación y una orden judicial, algo que no se cumplía en este caso. Además, señala Berrio, si la petición fue una orden y, por lo tanto no se desarrolló en un marco de colaboración, podría ser considerada como una intromisión al derecho a la información. Además, añade, si la relación de periodistas existe, ello podría vulnerar la Ley de Protección de Datos.

"No nos sorprende nada lo que ha sucedido. No se trata solo de los periodistas sino también de los sindicatos policiales y de todos aquellos actores que la dirección de los Mossos d'Esquadra interpreta como una amenaza o que son críticos con su gestión. Con estas y otras actuaciones, pretenden disuadir y promover la autocensura", asegura David Miquel, portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña.

A modo de ejemplo, el vocero sindical se refiere a las dificultades de acceder a informaciones presupuestarias relativas al cuerpo de seguridad autonómico y a las exigencias procedentes de la dirección de los Mossos d'Esquadra de no colgarlas en su web, pese a que este tipo de datos son públicos.

Miquel asegura que los agentes solo cumplen órdenes, por lo que no deberían convertirse en el foco de la controversia. De hecho, el director de la policía autonómica, Albert Batlle, aseguró, en la última reunión informal que se celebra cada año por fechas navideñas con los periodistas, que querían intensificar la lucha contra las filtraciones, de acuerdo con Congostrina.

Aunque Batlle es un cargo político, las fuentes de los Mossos d'Esquadra consultadas atribuyen la polémica actuación a una decisión puramente policial y evitan opinar sobre las infracciones o vulneraciones legales que ésta forma de proceder podría conllevar. Por su parte, la Dirección de Comunicación del Departamento de Interior, que ha condenado los hechos, asegura que su consejero, Jordi Jané, no tenia ningún conocimiento sobre la actuación.

Marc Vidal, vicedecano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, considera "intolerable" la actuación y reivindica el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes para no dañar el derecho a la información en una conversación telefónica con VICE News.

"Hay que defender la labor de los periodistas para que esto no se convierta en la novela 1984 de George Orwell", declara a VICE News Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), respecto los hechos acontecidos. Tanto González como Vidal insisten en la idea de que este tipo de actuaciones deben centrarse en el filtrador y nunca en el informador. De lo contrario, considera la presidenta de FAPE, se está poniendo en peligro el artículo 20 de la Constitución en relación al derecho a la información.

Los Mossos d'Esquadra entregaron los datos de los periodistas a la juez que dirige la operación contra la red criminal de origen chino. Pero, de acuerdo con el canal de televisión TV3, la magistrada no había formulado ninguna petición al respecto.

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