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El principal partido político de México investiga a sus gobernadores por corrupción

El Partido Revolucionario Institucional inició un proceso para expulsar a tres de sus mandatarios por posibles actos ilícitos. Esta medida es vista como parte de una estrategia para "limpiar su imagen" de cara a las elecciones presidenciales.
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César Duarte, Javier Duarte y Rodrigo Medina. (Imagen por Iván Stephens/Cuartoscuro)

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI), la fuerza política del presidente de la República y la de mayor representación en el Congreso, ha iniciado un proceso contra cuatro de sus gobernadores por acusaciones de corrupción.

Se trata de Javier Duarte, gobernador de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; César Duarte, de Chihuahua y Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León.

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La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI aceptó una solicitud para expulsar del partido a los gobernadores si se comprueba que incurrieron en casos de corrupción, sin embargo, los mandatarios que se encuentran en la mira, tendrán derechos de audiencia, así lo informó Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión.

El proceso comenzó debido a las denuncias de Armando Barajas, consejero político nacional del partido, en las cuales pidió la suspensión de sus derechos como militantes y la expulsión de los mandatarios por las acusaciones de actos ilícitos.

"La solicitud de expulsión se basa en las anomalías presentadas en las gestiones de los gobernadores y en denuncias interpuestas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) — el máximo órgano fiscalizador de los recursos públicos del país—", mencionó Elías Calles.

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Carlos Ronzón, politólogo de la Universidad del Valle de México explica a VICE News que con lo anterior el PRI busca cambiar su imagen rumbo a la elección presidencial de 2018.

"El gobierno pensó que la promulgación el mes pasado de leyes contra la corrupción sería suficiente para mejorar su imagen, pero no fue así, por eso hubo un cambio de rumbo y ahora se tiene este proceso contra los gobernadores del PRI", dijo Ronzón.

Además, agregó que iniciar el proceso ahora, cuando los mandatarios están por concluir su administración, responde a un cálculo electoral, en el que el PRI busca robarle la bandera de combate a la corrupción a otros partidos para tener posibilidades de competir por la presidencia en 2018.

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—¿Los gobernadores pueden ir a la cárcel?

—Aún no se sabe debido a que apenas inician las investigaciones, pero es preciso señalar que Javier Duarte es el único que tiene un expediente con acusaciones sólidas ante autoridades judiciales y fiscales.

Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, está acusado por la ASF de un posible desvío de recursos públicos por aproximadamente 35 mil 421 millones de pesos [unos 2 mil millones dólares]. Asimismo, un reportaje del portal Animal Político señaló que funcionarios del gobernador destinaron 645 millones de pesos [36 millones de dólares] que fueron destinados a empresas fantasmas.

De acuerdo con la investigación periodística, la empresas eran seleccionadas por el gobernante y se les otorgaban licitaciones, para después entregarles presupuesto para distribuir productos en zonas necesitadas, y posteriormente las empresas desaparecían sin saberse el destino del dinero.

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Por otro lado, Roberto Borge es acusado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad por supuestamente apropiarse de inmuebles a través de un sistema de fraudes y despojo de propiedades, operado por funcionarios públicos para venderlas a mitad de precio. Según la organización, el daño es superior a los 340 millones de pesos [19 millones de dólares].

César Duarte ha sido señalado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de generar una deuda estatal de alrededor de 50 mil 700 millones de pesos [2.800 millones de dólares]. El gobernador aumentó la deuda un 223 por ciento durante su gobierno en gastos que aún no están justificados, y según datos de la institución, Chihuahua es el tercer estado más endeudado del país.

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Finalmente, Rodrigo Medina es investigado por la Fiscalía Anticorrupción del gobierno federal, por supuesta operaciones ilícitas manejadas entre socios, amigos y su familia, en las que presuntamente se desviaron alrededor de 3.600 millones de pesos [cerca de 200 millones de dólares].

Alejandro Wong contribuyó a este reportaje.

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