¿Qué proponen los del 'no' en Colombia y por qué es diferente al acuerdo original?

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Este artículo fue publicado originalmente en ¡Pacifista!, la plataforma de contenidos para la generación de paz de VICE Colombia.

Luego de la victoria del "no" en el plebiscito, el conservador Partido Centro Democrático y su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe, se convirtieron en interlocutores de primer orden en el proceso de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Casi seis millones y medio de votantes respaldaron la propuesta del expresidente de renegociar el acuerdo generado en La Habana, Cuba, y cuya elaboración tardó más de cuarto años.

Cárcel, narcotráfico, elegibilidad política, Tribunal para la Paz y tierras son algunos de los puntos en los que el exmandatario Uribe tiene reparos. Así lo hizo saber en un video publicado el domingo pasado en sus redes sociales. Estas son su principales preocupaciones —que todavía no han sido consignadas en un documento oficial— y el análisis del acuerdo.

El expresidente Uribe dijo que los privilegios que tendría el eventual partido político de la guerrilla deberían excluirse de los pactos por la paz, también conocido como Acuerdo Final o simplemente Acuerdo. Sin embargo, aceptó que, de no ser así, "debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados por proceso, los paramilitares, aquellos que han perdido investiduras de representación y los 140.000 presos".

En el Acuerdo original quedó claro que las FARC tendrían beneficios, si se convertían en un partido o movimiento político. Entre ellos se encontraban una suma equivalente al 10 por ciento anual del presupuesto para el funcionamiento de los partidos y movimientos, así como el 5 por ciento de ese monto para la difusión y divulgación de su plataforma ideológica.

Se trataba de permitir que la nueva organización tuviera los recursos mínimos para operar, sobre la base de que la participación política de los futuros exguerrilleros era uno de los objetivos principales de la negociación.

Sobre los guerrilleros que han cometido delitos de lesa humanidad, el expresidente ha dicho que no deberían hacer política porque constituye "un mal ejemplo" y "puede generar nuevas violencias". Sin embargo, Uribe dice que si esa posibilidad no se excluye, "se debería ampliar a otros sectores que hoy no tienen derechos políticos".

Acerca de este tema, el Acuerdo estipulaba que "la imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política".

Este, como el anterior, será un punto muy difícil de renegociar en La Habana.

Durante la campaña por el "no", el expresidente Uribe sugirió que los guerrilleros que no sean sujetos de la Ley de Amnistía deberán pasar en la cárcel de 5 a 8 años, tal y como sucedió con los paramilitares en el marco de la ley de Justicia y Paz.

El pacto de paz rechazado contemplaba que un tribunal tenía que decidir el sitio en el que permanecerían los guerrilleros mientras cumplían sus condenas. Estos castigos también eran de 5 a 8 años, pero no incluían cárcel, sino restricciones efectivas de la libertad, es decir, limitaciones en la movilidad de los condenados.

Ahora, el expresidente abrió la posibilidad de que las penas se paguen en "sitios alternativos como granjas agrícolas".

"Es urgente el trámite en el Congreso de una norma de alivio judicial para nuestros soldados y policías. El (Partido) Centro Democrático ha presentado varios proyectos, alivio sin impunidad y sin igualarlos a las FARC", dijo el expresidente en el comunicado del domingo pasado.

La idea de la Jurisdicción Especial para la Paz era procesar a todos los actores del conflicto para que, a cambio de contar la verdad, recibieran penas alternativas. El Acuerdo contemplaba un mecanismo de tratamiento especial para agentes del Estado, según el cual es posible la "renuncia a la persecución penal a quienes hayan sido condenados, procesados o señalados" de cometer delitos relacionados con el conflicto.

La diferencia de la propuesta de Uribe es que "la norma de alivio judicial" que podría aprobar el Congreso no implicaría condiciones relacionadas con la verdad y la reparación de las víctimas.

"El narcotráfico, en las circunstancias de Colombia, no debe ser calificado como delito político", dijo el exmandatario este domingo. Así, es claro que el uribismo no comparte la decisión de que ese delito sea tratado como conexo a la rebelión; es decir, entendido como un método de financiación de la guerra.

El Acuerdo no se refiere al narcotráfico como un delito conexo. Sin embargo, en la Ley de Amnistía, que tenía que radicarse ante el Congreso el lunes después del plebiscito, quedaba claro que los delitos de financiación sí lo eran. El Tribunal para la Paz sería el encargado de determinar —en cada caso— si el narcotráfico estaba relacionado directamente con la rebelión.

Se trataba, en suma, de un asunto de implementación que sería resuelto en la Jurisdicción Especial para la Paz y en la Ley de Amnistía.

Dentro de los mecanismos para garantizar la subsistencia económica de los guerrilleros que propone el expresidente está la de "contar con ellos para que empiecen la destrucción remunerada de la droga". Lo que para él podría ser un contrato entre el Gobierno y la guerrilla, en el Acuerdo era un mecanismo de reparación y hacía parte del Sistema Integral de Justicia.

Uribe también señala que el Gobierno no debería perder "la facultad de fumigar cuando lo estime conveniente, siempre con el cuidado de no hacer daño al ser humano, a los animales ni a otros recursos naturales".

En su comunicado, Uribe dice que "los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa".

El expresidente y actual senador se refiere a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La norma estipula que, cuando haya reclamación sobre un predio presuntamente despojado, el dueño actual no sólo debe demostrar que compró de buena fe, sino que hizo todo lo posible por comprobar que los vendedores no estaban siendo objeto de presiones por parte de grupos armados.

Del otro lado, el Acuerdo incluía la creación de un Fondo de Tierras para campesinos pobres, que se alimentaría de distintas fuentes, entre ellas de procesos de recuperación de terrenos en los que se incumpla la "función social y ecológica de la propiedad" contemplada en la Constitución.

Durante la campaña, el uribismo alegó que la conformación del Fondo permitiría la "expropiación" de tierras a empresarios, pese a que el Acuerdo no la contemplaba.

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