Las protestas en Rumania logran tumbar un decreto que blindaba a funcionarios corruptos

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Las protestas callejeras de cientos de miles de rumanos contra un decreto que pretendía blindar a funcionarios corruptos han surtido efecto: el presidente echará por la borda su reforma constitucional y su gabinete tiene un enorme boquete.

A principios de enero, el gobierno rumano anunció una propuesta de ley que busca despenalizar algunos los casos de corrupción. Si los desfalcos a las arcas públicas son menores a 44.000 euros [unos 47.500 dólares], los funcionarios no irían a la cárcel y sólo se les abriría un proceso administrativo.

Desde el anuncio, cientos de rumanos en redes sociales expresaron su inconformidad, pero el malestar creció conforme de acercaba el día de la promulgación. Este miércoles —a menos de una semana de hacerse oficial el decreto— se realizó la concentración más numerosa contra el gobierno: un cuarto de millón de ciudadanos se manifestaron en la capital, la protesta más numerosa desde 1989.

Horas más tarde, la desobediencia civil se anotó un primer triunfo: el ministro de Comercio, Florin Jianu, anunció su renuncia al cargo como una manera de mostrar su inconformidad a dicha ley.

"¿Cómo voy a mirar a mis hijos a los ojos?", escribió Jinau, hombre clave en la presidencia, en su perfil de Facebook para explicar su decisión. "¿Voy a contarles que su padre fue un cobarde que apoyaba decisiones en las que no creía, o que decidió salirse de una historia que no compartía?".

La dimisión del ahora exministro llevó pronto a un segundo y definitivo triunfo para la oposición: el presidente de Rumania, Klaus lohannis, elogió a los manifestantes y anunció que daría marcha atrás al decreto del gobierno.

"Estoy muy impresionado (…) Los rumanos han entendido muy bien lo que pasa con esta reforma del Código Penal y han dejado muy claro lo que quieren: un Estado de derecho", dijo el presidente rumano.

"He decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional. Se trata evidentemente de un conflicto legal de carácter constitucional entre el gobierno, el poder judicial y el Parlamento".

En Rumania, los ciudadanos saben que salir a las calles funciona: en noviembre de 2015, el mismo mandatario Klaus Iohannis tuvo que aceptar la renucia de su primer ministro, Victor Ponta, después de una serie de protestas callejeras.

En aquella ocasión, las manifestaciones comenzaron porque un espectáculo pirotécnico en una discoteca en el centro de la capital, Bucarest, dejó 32 muertos. Las investigaciones apuntaron que había errores en la regulación de los establecimientos mercantiles y miles de rumanos exigieron castigo para los políticos, no sólo para los dueños del lugar.

"Espero que la dimisión del gobierno satisfaga a la gente que estaba en la calle", dijo Ponta hace 14 meses. "Sólo puedo constatar la ira legítima que existe en la sociedad".

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