Un proyecto hidroeléctrico genera un conflicto en un pueblo indígena hondureño

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El día de hoy, un reporte de la organización internacional Global Witness reveló que una de las figuras políticas más importantes de Honduras podría estar envuelta en un caso de conflicto de interés, por la construcción de un proyecto hidroeléctrico.

De acuerdo con el reporte Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta, la organización señala que Arnold Castro, esposo de Gladis López, la presidenta del Partido Nacional —el partido en el gobierno— y vicepresidenta del Congreso, es el único administrador de la hidroeléctrica Los Encinos, según detallan documentos filtrados a Global Witness.

En 2013, Alexis Ventura, alcalde del municipio de Santa Elena, localizado en el departamento de La Paz, otorgó el permiso a la empresa Inversiones los Encinos SA de CV, para explorar su municipio. Un mes después, indígenas del pueblo Lenca, se manifestaron para impedir la construcción de la presa debido a que podría dejar su territorio sin agua y por no haber sido consultados para aprobar el proyecto.

Billy Kyte, miembro de Global Witness en Honduras, explica a VICE News que Gladis López estaría incurriendo en un conflicto de interés por ser congresista cuando se le brindaron contratos públicos a un familiar directo, ya que según la legislación hondureña es ilegal que los miembros del Congreso o sus cónyuges obtengan contratos o concesiones otorgados por el Estado.

"Las licencias para desarrollar el proyecto se otorgaron siendo Gladis López congresista. Tenemos documentos que demuestran que su esposo es el único administrador, además él es acusado de manera directa por los ambientalistas de montar una consulta falsa para aprobar la hidroeléctrica", asegura Kyte.

Pero el conflicto de interés parece quedar a segundo plano cuando se habla de las víctimas que ha dejado la hidroeléctrica. Tres indígenas activistas que protestaban contra su construcción fueron asesinados, el primero en julio de 2014; el segundo, Juan Francisco Martínez en enero de 2015 y Silvestre Manueles Gómez en mayo de ese mismo año. Los indígenas pertenecían al Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz (MILPAH).

Además, el 22 de octubre, señala el reporte, cerca de 30 soldados, policías y civiles fuertemente armados entraron a casa de Ana Miriam, una opositora al proyecto, la golpearon a pesar de estar embarazada y también a su familia; su cuñada, que también estaba embarazada, perdió al bebé a causa de los golpes. Ahora, Ana Miriam teme ser asesinada.

"Respecto al homicidio de los tres activistas asesinados, MILPAH denunció ante las autoridades los homicidios, pero la fiscalía encargada de investigar el caso nos dijo que el expediente se había perdido", menciona Kyte.

-¿Se ha acusado al esposo de la vicepresidenta del Congreso por estos hechos?

-Él nunca ha negado su participación en la empresa, pero sí su responsabilidad en los ataques contra los ambientalistas.

Kyte afirma que desde el año 2009 han sido asesinados 123 ambientalistas en Honduras, la mayoría indígenas que se oponían a empresas hidroeléctricas, agroindustriales y mineras en su territorio. "Hay una gran impunidad en este país: las autoridades muy pocas veces capturan a los responsables de los ataques, y cuando lo hacen no detienen a los actores intelectuales. La impunidad es permitida por la corrupción y por la falta de participación que tienen los pueblos sobre proyectos que afectan a su territorio".

El informe de Global Witness explica que desde el golpe de Estado ocurrido en 2009, el país ha adoptado una estrategia agresiva de crecimiento económico que ha defendido los derechos de la industria por encima de los de las poblaciones rurales pobres del país. "Por todo Honduras se han multiplicado los megaproyectos, se han reducido los controles ambientales y las empresas pasan por alto de forma rutinaria la política estatal sobre cómo interactuar con las comunidades locales".

Además, el documento asegura que el gobierno de Estados Unidos sigue inyectando dinero en la industria hondureña, a pesar de los motivos de preocupación planteados en el Congreso sobre el dudoso historial de derechos humanos del país. "La embajada de Estados Unidos ha estado fomentando una intensificación de las inversiones en las industrias extractivas de Honduras. Por ejemplo, el gigante minero estadounidense Electrum ya planea una inversión de 1.000 millones de dólares".

"Global Witness exige la cancelación de las presas de La Aurora y Los Encinos, así como una investigación de la congresista Gladis Aurora López por conflictos de interés, supuestos sobornos y violaciones del derecho al consentimiento libre, previo e informado. El gobierno de Honduras debe investigar adecuadamente los abusos de derechos humanos perpetrados contra quienes se oponen a la presa de Los Encinos, incluidos los asesinatos de tres activistas indígenas", menciona la organización internacional.

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