‘Pórtense bien’ dice el gobernador de Veracruz tras los asesinatos a periodistas

Era el editor de una web de noticias independiente llamada Escribiendo la verdad. Fue aprehendido por dos hombres. Una semana después apareció muerto en la cuneta. Presentaba signos de haber sido torturado.

Y, pese a todo, a una comisión especial encargada de proteger a los periodistas del estado de Veracruz, le faltó tiempo para proclamar que Juan Mendoza Delgado murió atropellado.

Después de la muerte de Mendoza en la ciudad de Medellín de Bravo, ya son seis los periodistas que han muerto en México este año. Tal y como afirman los observadores internacionales, México es uno de los peores países del mundo donde ejercer el periodismo.

En 2014 cinco periodistas fueron asesinados, lo que significa que este año va camino de duplicar las cifras del anterior.

La web de Mendoza se dedicaba a cubrir las noticias locales de Medellín, una ciudad situada cerca del puerto de Veracruz. En su página había cabida para resultados deportivos, accidentes de automóvil, manifestaciones menores. Claro que Escribiendo la verdad también escarbaba en la información política y en los reportajes criminales.

Al igual que muchos otros periodistas comunitarios que necesitan varios trabajos para sustentarse, Mendoza era también taxista, igual que Moisés Sánchez.

Sánchez — editor de otro medio de comunicación también radicado en Medellín, La Unión — fue el primer periodista asesinado en Veracruz este año. Era activista y conducía un taxi. A principios de enero el editor fue secuestrado en su casa. Fue encontrado tres semanas después: había sido decapitado en la cuneta de una carretera cerca de Medellín.

El sospechoso del asesinato acusó al alcalde de Medellín de haber ordenado el crimen. Después de la denuncia, el alcalde se dio a la fuga. Entonces, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, salió a la palestra para hablar de Sánchez: "No es periodista. Es taxista y activista".

Tales declaraciones son habituales en Duarte, que gobierna el estado que, de momento, lidera las estadísticas de violencia contra los periodistas en todo el país.

Desde que Duarte asumiera su cargo, en diciembre de 2010, ya han muerto 12 periodistas en Veracruz. Algunos recuentos hablan de 13, pues incluyen la muerte de un reportero que trabajaba para medios de comunicación de Veracruz pero que fue asesinado este año, justo al otro lado de la frontera con el estado vecino de Oaxaca.

Armando Saldaña — que fue asesinado mientras se dirigía a su casa en Oaxaca el 4 de mayo — trabajó para dos emisoras de radio y varis periódicos, en Veracruz.

La zona fronteriza entre los dos estados se está convirtiendo en punto neurálgico de la violencia contra los periodistas a una velocidad endiablada. El día 2 de julio el periodista Filadelfio Sánchez iba en coche tras abandonar las instalaciones de la emisora de radio La Favorita, en el municipio de Miahuatlán, en Oaxaca. Le perseguían dos pistoleros. Le vaciaron el cargador.

Otros dos periodistas han sido asesinados este año en México. Ambos ataques fueron cometidos en junio.

En Guanajuato, Gerardo Nieto Álvarez, editor del periódico El Tábano, fue encontrado por su hija: había sido degollado.

Y en Tabasco, Ismael Díaz López, reportero del periódico Tabasco Hoy, fue apuñalado en su casa por varios asaltantes no identificados. La policía se apresuró a declarar que lo más probable es que el ataque fuese producto de una disputa doméstica.

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A Duarte se le ha tachado de insensible y de indiferente por la forma en que ha abordado el elevado índice de crímenes entre periodistas y por la hostilidad contra la libertad de expresión que gobierna su estado. En 2011 su administración encarceló a dos usuarios de Twitter acusados de "terrorismo" por propagar cuentas no contrastadas de presuntos secuestros de niños en Veracruz.

Pero sus últimas declaraciones fueron inauditas, incluso para un gobernador.

El día 1 de julio, el día antes de que Juan Mendoza fuese hallado muerto — durante un evento que, de hecho, celebraba el día de la libertad de expresión — Duarte soltó una escalofriante advertencia ante un grupo de periodistas.

"Pórtense bien. Todos sabemos quienes andan en malos pasos. Todos sabemos quienes, de alguna o de otra manera, tienen una vinculación con estos grupos. Todos sabemos quienes tienen vínculos con el hampa. Por favor, se los pido… Es por ustedes".

En la grabación se escuchan los murmullos del público.

"Vamos a sacudir el árbol y van a caer muchas manzanas podridas", amenazó el gobernador.

Duarte dejó entrever, con su desafortunado comentario, algo que está muy presente en las vidas de los periodistas que trabajan en estados que padecen los estragos de la violencia de la guerra de la droga. Que los carteles se infiltran entre las fuerzas policiales, entre los partidos políticos y entre los gobiernos. Y en los estados donde su influencia es incuestionable — como Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz — también se sabe que los carteles dictan cuáles deben de ser las noticias.

Los periodistas y las agencias de noticia están amenazados y tienen que ignorar las noticias que no gustan a los carteles y ceñirse a los artículos que los narcotraficantes desean ver publicados. Así lo han documentado organizaciones internacionales que trabajan por los derechos de la prensa, como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ en inglés), cuya sede está en Nueva York.

El índice global de impunidad del CPJ ha determinado que México es el séptimo país del mundo en el ranking de países con mayor indefensión jurídica y de falta de justicia en los casos de asesinatos de periodistas.

"Es un año donde ha habido más violencia y más silencio", aseguró a VICE News Darío Ramírez, director de Artículo 19, organización mexicana que trabaja a favor de los derechos de la prensa, en una entrevista celebrada el jueves.

Ramírez advirtió que México tiene "el sistema más robusto de protección para periodistas del mundo". El país dispone de una oficina del fiscal general a nivel federal, de una ley nacional y de una unidad especial para casos parecidos, de la que se ocupa un comisión nacional de derechos humanos.

Sin embargo, la oficina federal del fiscal destinada a proteger a los periodistas, ha sido incapaz de condenar con éxito a un solo asesino por haber matado a un periodista.

Uno de los asesinatos más tristemente célebres sucedió en el año 2012 en Veracruz. Entonces la periodista de investigación Regina Martínez, de la revista Proceso, fue estrangulada a muerte en su domicilio, en la capital del estado de Xalapa. Tres años después, las autoridades del gobierno han bautizado una plaza del pueblo en honor a Martínez, pero han sido incapaces de solucionar el asesinato de manera concluyente.

"Se lo digo por ustedes, por sus familias y también por mí y por mi familia, porque si algo les pasa a ustedes, ¡¡al que crucifican es a mí!!", proclamó Duarte en Veracruz la semana pasada.

"No hay que confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios", continuó. "No se expongan. Quienes, de alguna u otra manera, tienen vinculación, dejen de tenerle. No les conviene. Se los digo con toda sinceridad".

Sigue Daniel Hernandez en Twitter: @longdrivesouth