Puerto Bello, un caserío colombiano que busca dejar la coca atrás

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Este artículo fue publicado originalmente en ¡Pacifista!, la plataforma de contenidos para la generación de paz de VICE Colombia.

En la década de los 70, la cocaína llegó a Putumayo, un departamento de Colombia. Las condiciones de vulnerabilidad de la región facilitaron su arribo y, de paso, el accionar de grupos armados al margen de la ley. Con el tiempo, el territorio se convirtió en fortaleza del Frente 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), paramilitares y narcotraficantes. Los ríos Putumayo, San Miguel y Guamuez, se convirtieron en rutas clave del tráfico de coca.

Los años 90 marcaron el inicio de una época de producción y tráfico de coca en masa en Putumayo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), en el año 2000 la siembra de coca llegó a 66.000 hectáreas —equivalente al 40 por ciento del total nacional—. El reporte más bajo se presentó en 2004 con 4.400 hectáreas. Para 2015, el departamento incrementó sus cultivos: pasó de 13.609 hectáreas cultivadas en 2014 a 20.068 hectáreas en 2015.

Por años, la falta de oportunidades de trabajo y el olvido del Estado convirtieron la siembra de coca en la única fuente de ingresos de muchos hogares putumayenses. En el departamento, muchos nativos crecieron sabiendo únicamente lo concerniente al tratamiento de este tipo de cultivos ilícitos. Trabajar con la hoja de coca era lo único seguro.

¡Pacifista! estuvo en Putumayo y recogió algunas historias de Puerto Bello, un caserío en el que por años la economía de sus pobladores giró en torno a los cultivos ilícitos. Hoy, allí, los campesinos viven una paradoja: subsistir con paz y pobreza o con violencia y riqueza.

La historia de Evert Joselito González, de 38 años y con tres hijos, es la misma de muchos de los habitantes de Puerto Bello, una pequeña vereda ubicada en la zona fronteriza de Putumayo con Ecuador. Esta pequeña población de cabañas de madera, alejada de cualquier casco urbano y a la que sólo es posible llegar en lancha, se alza sobre el borde del río San Miguel. Allí, viven 15 familias, la mayoría de ascendencia indígena, en condición de pobreza extrema.

Hace ocho años, González se valía de la coca para mantener a su familia. Fue cultivador. Trabajaba, diariamente, en nueve hectáreas de su propiedad. En esa porción de tierra, dice, producía 23 kilos de coca en 3 meses. "Se veía la plata, pero se vivía con miedo", asegura. Sin embargo, el precio del kilo de pasta base se redujo a la mitad entre 2001 y 2016.

La violencia y el temor de ser criminalizado por las autoridades lo alejaron a él, y a muchos pobladores de Puerto Bello, de los cultivos ilícitos. Hoy, se dedica a la ganadería: tiene 15 reses dispersadas en 45 hectáreas de tierra. González recuerda que de 2002 a 2010 vivió, para él, los años más álgidos del conflicto armado. "En Puerto Bello, había que familiarizarse con el plomo", confiesa.

En ese periodo, cuenta, las FARC eran las principales administradoras de los mercados de coca en la región. No obstante, aclara que la guerrilla nunca asumió la producción ni fue dueña de laboratorios. "Ellos solo se encargaban de transportar la coca de un lado a otro, y de comprar y recoger lo producido por los campesinos. Para ese trabajo, ellos hacían un censo a los finqueros en el que recogían cifras como el número de hectáreas y los kilos producidos".

Hoy, los campesinos de Puerto Bello que han dejado de sembrar coca afirman que quienes siguen metidos en los cultivos ilícitos tienen "libre albedrío" para vender coca al comprador que quieran. Pero, opinan, es más difícil vender por la escasa demanda. "Antes de septiembre de 2016, si uno le vendía coca a otros que no fueran las FARC, la guerrilla ponía multas. Nosotros, los campesinos, estábamos sujetos a ellos", rememoran.

Los ex cultivadores de coca que residen en Puerto Bello son optimistas. Hoy, comentan, hay paz y, al dejar la coca, están comprometidos con el renacimiento de su comunidad. No obstante, acusan al gobierno de no prestarles suficiente atención. "El Estado pide que dejemos de tratar la coca y dice que tenemos que dejar los cultivos pelados. Pero no nos da otras opciones de trabajo. Solo quieren que arranquemos las hojas de coca y ya. Si lo hacemos, ¿de qué vamos a vivir? Queremos que haya inversión social. Ni siquiera tenemos vías", denuncia Jose Luis Meneses, líder de la comunidad.

Los campesinos de Puerto Bello, afirman, no pelean por la mata de coca, sino por el sostenimiento de sus familias. "En el año 2000 llegaron las primeras fumigaciones con glifosato. Ese químico acabó con la comida y no con la coca. La hoja de coca uno la podía salvar fácil, pero el alimento no. Se acabó el plátano, la yuca, la papa", cuentan.

"Ahora, ya no hay muchos narcos que vengan a comprar coca. Lo que queremos es oportunidades, porque lo que peleamos es el pan del día", alega Meneses. Los años de la coca en Puerto Bello trajeron consigo violencia y, al tiempo, dinero. Hoy, sin coca en el caserío hay paz, pero se agudiza la pobreza.

Aunque el objetivo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no es erradicar, fumigar y sustituir los cultivos de coca en Colombia, sino atender la problemática alimentaria y de minas antipersonal en departamentos como Putumayo, este organismo es uno de los pocos que adelanta proyectos de desarrollo alternativo en comunidades como la de Puerto Bello. Por la selva y el rió que lo rodean, son pocas las instituciones que llegan al caserío.

Las iniciativas del CICR, mal o bien, le permiten a los campesinos de la zona dejar de lado la coca e implementar otras formas de subsistencia. Actualmente, el equipo de la oficina del CICR que la institución ayuda a 78 familias repartidas en tres caseríos: Puerto Bello, Ají y Limoncito.

A estas comunidades, el CICR las interviene con programas destinados a cubrir necesidades alimentarias. Es decir, les da apoyo en actividades como la ganadería, la producción de gallinas criollas, la piscicultura y la entrega de semillas. En Puerto Bello el CICR ayuda a las 15 familias del caserío. "Lo que hacemos en la vereda es mostrarles a las personas otros puntos de referencia y demostrarles que pueden subsistir de otra forma, y capacitarlos para otras labores", explican los delegados del CICR en la zona.

Muchos de los pobladores de Puerto Bello han optado, además, por la agricultura. Han empezado a sembrar plátano, yuca y maíz. No obstante, los rezagos químicos de las fumigaciones con glifosato y la permanencia de muchas minas antipersonal en el territorio, afectan el trabajo de la tierra. Estos obstáculos, a todas luces, desalientan a muchos campesinos a dejar de trabajar la coca. Sin embargo, con el reciente acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, manifiestan, hay esperanza.

En Putumayo, la región fronteriza con el Ecuador, incluidos los municipios como el Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y Puerto Leguízamo, es la más afectada por los cultivos de coca.

Desde 2001, gracias a una fuerte campaña de aspersión y a la implementación de programas de desarrollo alternativo en la región, la cantidad de cultivos de coca se redujo. No obstante, en los últimos tres años, la densidad de siembra aumentó, en especial en la zona fronteriza del departamento con Ecuador. Para 2015, según el UNODC, cerca del 50 por ciento de los cultivos de coca del departamento se localizaron en dicha franja.

*Este viaje fue posible gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja

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