Puerto Rico dice que su deuda es impagable mientras otros afirman que la crisis se avecina

Después de varios años arrastrando malestar y preguntas sobre su salud económica, el gobernador de Puerto Rico ha proclamado ahora que su deuda es "impagable" y que los acreedores de la isla tendrán que rebajar las cantidades que la isla les adeuda.

En una entrevista publicada el domingo en el New York Times, el gobernador, Alejandro García Padilla, señaló que los actuales apuros económicos de Puerto Rico son una "espiral muerta". Según él, no existe la manera de que la isla continúe financiando su deuda.

Debido a su estatus de país perteneciente a la Commonwealth de Estados Unidos, Puerto Rico no puede declararse en bancarrota, tal y como han hecho otras municipalidades norteamericanas como Detroit, Stockton y California en los últimos años. Cualquier intento de saneamiento a escala mundial de los cerca de 72 mil millones que alcanza su deuda pública serían complicados y no tendrían precedentes.

"No existe ninguna otra opinión", declaró Padilla al Times: "Me gustaría tener una opción más fácil. Pero no se trata de política, sino de matemáticas".

Alrededor de un 4 por ciento de los puertorriqueños han emigrado lejos de su país, en su mayoría rumbo a Florida o a Texas, o incluso a destinos más alejados, en la costa este, como Nueva York, desde el año 2000. Durante el mismo periodo de tiempo la deuda pública de Puerto Rico casi se ha triplicado, hasta alcanzar prácticamente el 100 por ciento de su producto nacional bruto.

Mientras su población y su base tributaria han disminuido — a día de hoy hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en la isla —, el gobierno está sufriendo para financiar su deuda y ha aplicado medidas económicas cada vez más austeras a los ciudadanos que quedan.

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Cuando VICE News visitó Puerto Rico a principios de año, tales medidas se percibían como las más débiles. Y lo mismo sucedía con las organizaciones que las pregonaban, que han sufrido severos recortes en materia de financiación. En conversaciones con decenas de puertorriqueño, muchos de ellos revelaban que estaban planeando irse y todos aludieron con recelo a sus perspectivas económicas.

El éxodo producido a lo largo de la última década ha atravesado todas las clases sociales, desde los trabajadores a los educados con alcurnia, y han empeorado la sensación de quedarse rezagados entre aquellos que se han quedado atrás.

El anuncio de Padilla se produce un día antes de que su administración informe de la publicación de una informe comisionado sobre la salud económica de la isla, coincidiendo con el discurso televisado el gobernador emitido el lunes por la noche. El informe, redactado por tres antiguos funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), traza un retrato demoledor.

"Problemas estructurales, conmociones económicas y un sistema financiero débil han cedido el paso a una década de estancamiento, emigración y deuda", escribieron los autores del informe: Anne Krueger, Ranjit Teja y Andrew Wolfe. "Hubo un momento en que los mercados financieros ignoraron estas realidades. Sin embargo, desde entonces han recortado el acceso a la Commonwealth su acceso normal a los mercados. La crisis acecha".

"No existe ningún precedente en Estados Unidos de nada producido a esta escala o con esta dimensión", sentencia el informe que fue obtenido por VICE News.

Durante muchos años los inversores y los bonos de inversión arrojaron dinero sobre la emisión de deuda puertorriqueña, que combinaba intereses relativamente altos con exenciones de las tasas norteamericanas. La situación ha cambiado desde entonces, puesto que los compradores han observado con cautela cómo disminuía la cotización de su deuda según las más importantes agencias de calificación de riesgos.

"La Commonwealth" dice el informe "tiene su acceso normal al mercado virtualmente vetado". Padilla quiso restaurar la confianza y despidió a funcionarios, aumentó los impuestos y rebajó las pensiones. Sin embargo, las medidas no lograron impulsar un crecimiento de la deuda, y marginó todavía más a los puertorriqueños, quienes llevan viendo durante años como sus líderes se quedan enredados en sus propios escándalos de corrupción.

El llamado informe "Krueger" recomendaba tomar medidas más allá de la austeridad, como la reorganización de los vínculos, que Padilla también respalda.

"Una combinación de reformas estructurales, ajustes fiscales y reestructuración de la deuda asegura que todos los problemas sean abordados", explica el informe. "Y, significativamente, comparte los costes y los beneficios estructurales con todos sus depositarios".

El documento también recomienda encontrar una exención al salario mínimo federal de 7,25 dólares la hora, que, según se dice, es demasiado alto "en relación a los ingresos de la zona a los competidores regionales". También emplaza a la exención fiscal de la Ley Jones, una ley que impide a cargueros internacionales atracar directamente en Puerto Rico y, por consiguiente, aumentar el precio de los productos en la isla.

Muchos de los esfuerzos de Padilla por escurrirse de la deuda de Puerto Rico se ha centrado en los presuntos 25 mil millones en deuda fueron emitidos por corporaciones públicas, como la compañía de electricidad. Puerto Rico ha propuesto que el congreso norteamericano permita a todas esas corporaciones para que, con un poco de suerte, se declaren en bancarrota.

El día 1 de julio Puerto Rico se enfrenta a un pago de 665 millones de dólares en su obligación garantizada por deuda que, según la Constitución de la isla, debe de ser pagada incluso antes que a sus empleados civiles

Si los obligacionistas se opusieran a reorganizar su deuda, el impasse resultante podría llevar al caos a los mercados de renta fija, mientras las autoridades inversoras le dan vueltas al posible impago.

"Mi administración está haciendo lo posible por no caer en el impago", explicó García al Times. "Pero tenemos que hacer que la economía crezca".

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