Puerto Rico estudia recortes en educación y sanidad para no volver a impagar la deuda

El pasado lunes, Puerto Rico no pudo hacer frente a un pago de 58 millones de dólares en bonos. El incumplimiento del pago por parte de este territorio de Estados Unidos sucede un mes después de que su gobernador declarara que los cerca de 72 mil millones de dólares de la deuda pública no se podrán pagar.

Melba Acosta Febo, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, declaró mediante un comunicado que la legislatura del territorio no se había hecho con los fondos suficientes para pagar el servicio de sus bonos de la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico [PFC, por sus siglas en inglés]. Usando el poco dinero disponible que había, Acosta dijo que el PFC pagó una cantidad simbólica — aproximadamente 628.000 mil dólares — del total de 58 millones que se debían abonar a los inversores el lunes.

"Esta fue una decisión que refleja las serias preocupaciones sobre la liquidez de la mancomunidad, en combinación con el balance de las obligaciones con los acreedores y las obligaciones de igual importancia con el pueblo de Puerto Rico de garantizar los servicios esenciales que se merecen que se mantengan", dijo Acosta en el comunicado.

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Aunque Puerto Rico cumplió varios pagos de la deuda tras el anuncio del gobernador Alejandro García Padilla a finales de junio, las autoridades dejaron claro que para afrontar la totalidad de su deuda sin una reestructuración era, en su opinión, imposible. PREPA, el muy endeudado ente de energía eléctrica de la isla, sólo pudo cumplir con un pago de 400 millones de dólares a principios de julio mediante nuevos préstamos de las compañías aseguradoras de bonos, las cuales tienen políticas de activación ante un impago — un forma poco ortodoxa y desesperada de posponer el problema.

El impago de los bonos de la PFC del lunes probablemente añada una mayor urgencia a la intención declarada del gobierno de reestructurar la deuda, posiblemente mediante la reducción de las tasas de interés o alargando los vencimientos a más años, dando a la isla más tiempo para pagar. Muchos inversores, incluyendo un grupo de vocales de los fondos de cobertura que se abalanzó a comprar la deuda de la isla en los últimos años, se oponen a tales medidas y afirma que la isla puede de hecho saldar sus bonos según los plazos acordados.

Un estudio financiado por los acreedores y presentado la semana pasada, determinó que Puerto Rico podría evitar el impago haciendo severos recortes en el gasto público en partidas tales como educación y el programa de seguros de salud Medicaid. Las autoridades del gobierno minimizaron el informe de los fondos de cobertura, el cual dicen que prescribe austeridad como receta cuando es eso lo que ya han empleado y que con ello sólo empeorarían la situación de la isla.

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Siendo a la vez causa y síntoma de la crisis económica de Puerto Rico, un éxodo masivo de sus habitantes se ha producido en los últimos años en dirección a Estados Unidos, reduciendo la población de la isla a sólo 3,5 millones de personas. Las condiciones para aquellos que se quedan se han vuelto cada vez más graves. Más del 40 por ciento de los residentes de la isla vive por debajo del umbral de la pobreza y la tasa de desempleo del 12,4 por ciento en Puerto Rico es más del doble de la cifra global en EEUU.

Pero incluso estas cifras subestiman el nivel de malestar en la isla — porque muy pocos buscan trabajo  o trabajan en zonas oscuras de la economía, sólo alrededor del 40 por ciento de los adultos en edad de trabajar están empleados oficialmente.

Un informe encargado por el gobierno presidido por la ex funcionaria del FMI, Anne Krueger, que fue emitido en conjunto con el anuncio de García Padilla, indicó que la espiral de la deuda de Puerto Rico solamente empeoraría si no se hacen concesiones por parte de los propietarios de bonos.

Debido a que el impago del lunes sólo es por los bonos de la PFC respaldados por la legislatura, parecía que el gobierno estaba tratando de dar prioridad a ciertos pagos en su intento de mediar negociaciones con sus acreedores. Otros bonos, como los respaldados con ingresos fiscales, ofrecen mayores recursos legales a los tenedores de bonos en caso de incumplimiento.

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A diferencia de EEUU, los municipios de Puerto Rico y las corporaciones públicas no pueden acogerse al capítulo 9 del Código de Bancarrotas, una capacidad que sus líderes han reclamado al Congreso. Iniciativas legales que lo establecerían se han introducido en la Cámara y el Senado, pero se enfrentan a una probable oposición.

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