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¿Qué no funciona del sistema que protege la vida de los periodistas mexicanos?

A casi cinco años de la creación del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas hablamos con reporteros para saber cómo ha sido su experiencia y tratar de entender qué es lo que funciona y qué no.
Imagen vía Clementina León /ViceNews
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El pasado 3 de junio, el periodista Victor Badillo estuvo retenido seis horas y media dentro de un baño cuyas paredes estaban repletas de excremento. El olor, recuerda, era insoportable. Pero lo era más el miedo de estar dentro de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Escobedo, Nuevo León, un estado al norte de México.

Aquella mañana acudió a esas instalaciones policiacas porque recibió un pitazo sobre una detención arbitraria por parte de la policía municipal, y pensó que ir a cubrir la nota era buena idea. En los últimos meses había publicado historias de corrupción detrás del titular de dicha Secretaría, Hermelindo Lara Cruz, lo que le generó enemistad con el funcionario, pero aún así el reportero decidió ir a investigar lo sucedido.

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Cuando ya estaba dentro de las instalaciones policiacas, el reportero vio llegar a Hermelindo Lara, y se generó un diálogo tenso entre ambos. Tanto que en cuanto se sintió en peligro, activó el llamado 'botón de pánico', un sistema con el que cuentan los periodistas que se encuentran bajo el amparo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Badillo se encuentra en este programa desde 2016.

Minutos antes de entrar al municipio de Escobedo, Badillo había avisado que entraría en "zona de riesgo" para él; es decir, dentro de las instalaciones de la autoridad municipal. Durante el enfrentamiento verbal, Hermelindo Lara lo acusó de haber entrado al recinto policial sin permiso. Bajo ese argumento le quitó sus pertenencias y lo desvistió frente a toda la gente. Fue entonces cuando lo encerraron en aquel sanitario pestilente, según cuenta el reportero.

Este episodio, representó para el periodista la primera gran decepción que tuvo con el mecanismo luego de un año y medio de estar bajo su protección.

"Toda esa buena impresión que tenía se me derrumba. Ese 3 de junio, antes de entrar a Escobedo, les dije que iba a entrar, y que es una zona peligrosa para mí. Les dije que en caso de apretar el botón, no le hablaran a la policía de ese municipio. Alcancé a apretar el botón tres veces. Y ya luego vi (una vez que lo liberaron) que recibí 30 llamadas del mecanismo. Yo estaba privado de la libertad. No me iban a dar el teléfono para que contestara, ¿verdad?", relata el periodista.

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El botón de pánico es la medida de protección más utilizada por el mecanismo. En el último reporte de mayo 2017, se informa que en total han instalado 605. El protocolo del sistema es simple. Si alguien lo oprime un operador deberá marcar para saber cuál es la situación. Posteriormente, marca a las policías pertinentes —municipales, estatales o federales— para que acudan al lugar. Pero no es efectivo si, como en el caso de Badillo, se necesita una respuesta inmediata.

La decepción no acaba ahí. Badillo viajó a la Ciudad de México a tratar de hablar con el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez, que trabaja en coordinación con el mecanismo. Pero nunca lo atendió.

"Con lo que me hicieron los tipos de Escobedo, yo siento que me jodieron. No duermo igual. Siento que he perdido apetito", lamenta el reportero.

Pintada en el Zócalo de la Ciudad de México (Imagen vía Derecho a Informar/Cuartoscuro.com).

La Junta de Gobierno es una de las tres partes medulares que conforman el mecanismo, y es el órgano que acepta o rechaza los casos y cómo se tratan. Dicha Junta está conformada por cuatro representantes del gobierno y cuatro de la sociedad civil. La segunda parte es un Consejo Consultivo, a su vez formado por nueve personalidades de la sociedad civil, de los cuales, cuatro de ellos están dentro de la Junta. La tercera es la Coordinación Ejecutiva Nacional, donde están las unidades de recepción, evaluación y prevención.

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El funcionamiento del mecanismo es una explicación clave que se tendría que dar a los reporteros que quieren acogerse a él, a fin de que la protección sea eficiente. Sin embargo los problemas del reportero Andrés —nombre ficticio para proteger su identidad— con el mecanismo, comenzaron cuando esa información no le fue dada de manera oportuna; y esto hizo que su caso fuera desechado en una una ocasión, y luego vuelto a incorporar.

La primera vez que lo acogieron fue en 2015. El periodista estaba en riesgo por las coberturas que realizó sobre la gestión del entonces fiscal de Nayarit Edgar Veytia, actualmente preso en la ciudad de Nueva York —acusado de tráfico de drogas— en la misma cárcel que Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Lo que entonces determinó el mecanismo, para protegerlo fue que la Policía Federal hiciera rondines continuos a su hogar. Naturalmente, la presencia de las patrullas lo puso más en riesgo porque los narcotraficantes de la zona se desconcertaron con la presencia de los federales. Así que les pidió que ya no hicieran los rondines.

La sorpresa llegó el primero de diciembre de 2015. Ese día le llegó una carta del mecanismo, en la que le explicaban que su caso había sido cerrado, ya que habían determinado "falta de interés" de su parte, pues no había contactado al analista de riesgo, ni asistido a las Juntas de Gobierno. El periodista afirma que nunca le notificaron que tenía que asistir al lugar. Ese mismo mes de diciembre, Andrés quedó sorprendido al ver que los federales que lo cuidaban, estaban desayunando con el Fiscal Veytia, de quien ya había recibido amenazas.

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Poco más de un año después Andrés regresa al mecanismo en febrero de 2017, ya que se sintió en riesgo nuevamente. Sin embargo, esta vez, se juzga que su caso necesita ser tratado con urgencia y lo sacan inmediatamente de Nayarit.

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Desde entonces, si bien reconoce que hay funcionarios que quieren ayudarlo, el mecanismo en general le deja mal sabor de boca. El sitio donde está resguardado, dice Andrés, es inseguro; se enteró de un asesinato a unas cuadras y ha escuchado balaceras. La comida que le han brindado se la ha tenido que comer ya caduca. Sucede que las porciones se estiman para dos semanas, pero el pollo, por ejemplo, caduca en menos de una. El 1 de julio le llevaron la despensa, y solamente le alcanzó para cinco días.

Además, hace algunas semanas recibió a su correo documentos reservados de otro colega que está dentro del mecanismo, sin que le hayan explicado la razón, lo que demuestra el descuido de los funcionarios.

La lista de sinsabores no termina ahí. De acuerdo con Andrés cuando una analista de riesgo lo entrevistó, lo condicionó a entregar grabaciones de entrevistas que tenían información delicada. El reportero le comentó de unos documentos clasificados que poseía. Posteriormente, el reportero descubrió que ciertas personas en Nayarit sabían que tenía esos documentos.

"Me dijeron que si no les doy la información, mi caso sería desechado. Yo me pregunto, cuando tengo potencialmente amenazas de muerte, más los riesgos de una ciudad (Tepic) donde los cárteles se están disputando la plaza, el riesgo es evidente. No puedo regresar a Nayarit", dijo Andrés. "Se me sugirió que si no me podía dedicar a otra cosa… luego de ejercer periodismo por 15 años…".

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Manifestación se apoyo a periodistas en México (Imagen vía Tercero Díaz/Cuartoscuro.com).

En 2012 se creó el mecanismo para enfrentar un realidad desastrosa. En 12 años (2000-2012) fueron asesinados 73 periodistas por lo que este sistema nació con la consigna de proteger la integridad física de los periodistas y defensores de derechos humanos. A casi cinco años (2013-2017) de haberse creado parece insuficiente en una realidad a la que se suman 34 asesinatos, de acuerdo con Artículo 19.

Activistas han señalado que el mecanismo necesita convertirse en un sistema integral que pueda proteger a los beneficiarios tanto de manera jurídica, económica y de salud.

Por ejemplo, cuando sale un periodista de emergencia de su ciudad de origen, no puede regresar ni por sus documentos. Si es necesario expedir un nuevo pasaporte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no facilita el trámite. De igual manera, cuando los afectados tienen hijos es complicado cambiarlos de plantel escolar.

Jorge Israel Hernández perteneció del 2012 a mediados del 2015 a la Junta de Gobierno como representante de periodistas. Insiste en que si las procuradurías no resuelven los niveles de impunidad, el mecanismo nunca va a funcionar correctamente.

"La mejor medida de protección es una investigación fuerte y la sanción de quien violenta. Sale gratis matar a un periodista en este país", dice Hernández.

Explica al mecanismo como una medida extraordinaria para un realidad desbordada de asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas. Su carencia más grande —y en esto Hernández es tajante—, ha sido la Fiscalía (FEADLE).

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"Sin duda todos los que pasaron por la Fiscalía de Ricardo Nájera (quien estuvo al frente hasta el 4 de mayo del 2017) y para atrás, no tenían compromiso, no tenían interés, les valía un carajo. Era una indolencia brutal. A grados de que yo creo que se les podría fincar cargos por omisión", acusó el activista.

De acuerdo con las estadísticas de la FEADLE, de julio de 2010 a inicios de 2016 se iniciaron 798 averiguaciones previas por delitos cometidos en agravio de periodistas o medios de comunicación, y desde que se cambió al modelo penal acusatorio en febrero de 2016, se han iniciado 157 carpetas de investigación. De este total de 955, sólo ha habido 110 consignaciones; lo que quiere decir que en casi siete años, solamente el 11 por ciento de los casos llega a manos de un juez . Las estadísticas de FEADLE no mencionan sentencias, sin embargo Artículo 19 dijo en su Informe 2016 que la impunidad alcanza el 99 por ciento.

Los periodistas son los más perjudicados cuando piden protección porque ya no pueden trabajar con normalidad, además de que los medios para quienes trabajan no los apoyan. Durante los más de tres años en los que Jorge Israel Hernández trabajó en la Junta de Gobierno, de los más de 300 periodistas que atendió solamente uno estaba acompañado del director del medio para el cual trabajaba.

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Existe otro caso de un periodista que, junto con su familia, lleva casi un año fuera de Tamaulipas. Todavía no puede regresar y al parecer nunca lo hará porque quienes lo amenazaron siguen caminando en la ciudad como si fuera su casa.

Para Hernández, el mecanismo se debió entender como una medida provisional mientras la procuradurías locales y la federal se reforzaban. Ahora sucede que el mecanismo recibe las críticas cuando quienes deberían estar bajo escrutinio son las policías de los distintos órganos de gobierno.

"Debimos ponerle fecha de caducidad al mecanismo", concluye de golpe.

La desconfianza ante las autoridades es una de las principales razones por las cuales los periodistas rechazan unirse a este organismo. La agencia feminista CIMAC señaló en su último informe que más del 50 por ciento de los casos de agresores a mujeres periodistas son agentes del Estado.

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La periodista Laura Castellanos ha rechazado unirse al mecanismo a pesar de que desde 2010 ha recibido amenazas por su libro México Armado, así como por investigaciones como la masacre en Apatzingán.

"Respeto la decisión de quien se acoge al Mecanismo de Protección. Comprendo que hay casos gravísimos y que ven que esa es la única alternativa de sobrevivencia. Pero también observo que quien los protege es un gobierno corrupto al que no le importa nuestra integridad ni que se esclarezcan nuestros casos", señaló Castellanos.

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En lo que va de 2017, han sido asesinados siete periodistas. Sin embargo ninguno de ellos estaba bajo la protección del mecanismo, según ha asegurado Roberto Campa, subsecretaria de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, de la cual depende principalmente el mecanismo.

De hecho, al contrario. Como señaló Artículo 19, cinco meses después de que el periodista Cecilio Pineda dejó de ser beneficiario, fue asesinado en marzo pasado en Ciudad Altamirano, en Guerrero. No obstante, en ese momento, la sociedad civil acusó al Mecanismo de no ofrecerle al periodista medidas alternativas de protección.

El mecanismo en datos

Desde que existe el mecanismo hasta mayo de 2017, han ingresado 727 personas, de las cuales 303 son defensores de derechos humanos y 424 periodistas.

Actualmente hay 556 beneficiarios activos, de los cuales son 348 periodistas y 208 defensores.

Cinco entidades agrupan el 49 por ciento de los beneficiarios: Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Estado de México y Oaxaca.

Desde que existe el mecanismo, se ha identificado que la mayoría de los probables agresores son funcionarios públicos.

Los dos tipos de agresiones más comunes son las amenazas y los ataques físicos.

De acuerdo con un informe, el costo mensual para utilizar el 'botón de pánico' es de 3.500 pesos.

Recursos anuales para el Mecanismo del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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