Refugiados sin asilo: una historia de cárcel y maltrato en Europa (Parte II)

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Refugiados sin asilo: una historia de cárcel y maltrato en Europa (Parte I). Leer más aquí.

La desventura puede ser muy perspicaz. Tras sufrir el trato degradante y racista que le dispensaron en el centro de acogida de Logroño, Alejandro recibe otra mala noticia.

La Oficina de Asilo y Refugio le notifica que ha extraviado su expediente y que hay que repetir la entrevista. "La policía encargada me dijo que no sabía cómo hacerla, que era la primera vez que entrevistaba a un refugiado. Basó su cuestionario en uno que había encontrado sobre un iraní. No tiene nada que ver con el contexto de mi país. Pero yo lo firmé, qué iba a hacer".

Alejandro no recibió ningún tratamiento específico por ser víctima de tortura como determina la ley 12/2009, reguladora de derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Dos años después, la psicóloga de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ONG que lleva en la actualidad su caso, junto a la Unidad de Trauma Complejo del Hospital La Paz de Madrid, le han prescrito tratamiento farmacolo?gico por sufrir un trastorno de estrés postraumático grave y crónico.

Desde aquella tenebrosa noche en que fue torturado por los narcos, Alejandro sufre incontinencia urinaria, terrores, depresión…

Sorprendentemente, cuando solicitó su informe a la psicóloga que le había atendido en el centro de Logroño, ésta le contestó que no llevó ningún seguimiento oficial de su caso, que eran encuentros informales. "Me sentó fatal porque entonces [ello significaba] que no había una relación profesional entre nosotros".

En este mismo centro, justo dos días después de confirmarle que iban a prorrogar su estancia otros seis meses, le comunican que tiene que marcharse al día siguiente. "Decidí que tenía que solicitar asilo en otro país y decidí ir a Inglaterra porque, al menos, hablo un poco inglés".

El negocio de las políticas de cierre de fronteras

En noviembre de 2013, Alejandro aterriza en el aeropuerto de Heathrow donde demanda asilo. "Un policía me tocó el hombro y me dijo que me ayudarían. Aquello me tranquilizó, pero entonces me pasaron a una sala donde estuve 24 horas sentado esperando, porque no había ni dónde echarse", relata.

Lo metieron en una furgoneta, y pronto se dio cuenta de que lo llevaban a un centro de detención. Una vez en la celda, no alcanzaba a comprender porque lo habían llevaban allí cuando lo único que precisaba era ayuda.

"Recuerdo que cuando desperté preso al día siguiente, pensé que estaba soñando. No me dejaron pasar mi equipaje ni mi móvil. Te dan uno que recargas con lo que te dan por trabajar. Yo limpiaba los baños que estaban hasta arriba de mierda y me pagaban tres libras (cuatro euros) al día. Me los gastaba en llamar a mi esposa", recuerda.

Ante la tentativa de suicidio de su hija, Alejandro pidió el retorno voluntario cuatro veces. "Nunca no me lo concedieron".

La privatización de las prisiones y los centros de internamiento para inmigrantes en países como el Reino Unido es un negocio muy lucrativo para las multinacionales de la seguridad. Estas empresas igual son contratadas por los gobiernos para labores logísticas y de seguridad en invasiones como la de Irak o Afganistán, que para la gestión de prisiones.

En el caso británico, ya se han privatizado el 75 por ciento de las cárceles para extranjeros detenidos por estar en situación administrativa ilegal. Con el objetivo de reducir sus costes, las subcontratas ponen a trabajar a los reclusos en tareas de mantenimiento a cambio de menos de una libra por hora, una realidad que diversas ONG han denunciado.

En Reino Unido, no hay un tiempo límite para el encarcelamiento de los inmigrantes en situación irregular y los solicitantes de asilo, pese a que la Unión Europea establece 18 meses como periodo máximo.

Las condiciones de hacinamiento son relatadas en un reportaje que la BBC tituló El mundo secreto de los centros de detención de inmigrantes del Reino Unido. Alejandro pasó 3 meses en el centro de No Dover, gestionado por GS4, la segunda corporación en el mundo por personal contratado -más de 620.000–, sólo por detrás de WalMart.

Presente en más de 120 países, GS4 crece una media de un 10 por ciento anualmente. El origen de su éxito radica en la privatización de las políticas de control de fronteras, de la guerra, de las prisiones, así como de las labores de vigilancia que hasta hace unos años eran competencia exclusiva de la Policía y el Ejército.

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En 2010, el gobierno británico rompió la relación contractual con esta empresa como proveedora de servicios de acompañamiento en las deportaciones después de que Jimmy Mubenga muriera por asfixia en un vuelo rumbo a Angola.

Las tres autopsias realizadas revelaron que la posición a la que sus guardias de seguridad sometían a los expulsados — esposados a la espalda y con la cabeza sobre el sillón de delante —, le impedía respirar. Algo que según testigos, Mubenga advirtió a gritos durante la media hora que lo mantuvieron en esta postura antes de morir.

Recientemente, los vigilantes han sido absueltos en un polémico juicio en el que el juez rechazó que el jurado conociera los mensajes racistas que éstos tenían en sus móviles. Pese a las numerosas denuncias que pesan sobre esta empresa, la firma sigue conservando contratos multimillonarios con el gobierno británico.

Alejandro pasó tres meses en uno de los centros gestionados por G4S antes de que le comunicasen que sería retornado a España por el Reglamento de Dublín. Esta normativa europea establece que sólo se puede solicitar asilo en el primer Estado miembro en el que se es registrado.

Esto ha provocado que en la UE más de 300.000 personas se hallen en un limbo jurídico puesto que entraron por países con muy bajo porcentaje de acogida de refugiados y no pueden intentar iniciar el proceso en otros. Se ha documentado casos en los que, desesperados, han intentando borrarse las huellas dactilares con ácido sulfúrico y lijas para poder así solicitar asilo en otros países sin ser reconocidos. No funciona.

En el caso de Alejandro, una hora antes de embarcar rumbo a España, la policía le informa de quehan decidido reestudiar su caso después de que la Fundación Helen Bamber le identificara como víctima de tortura. Mientras, volvería a ser encarcelado en otro centro, esta vez en Gatwick.

Desbordado por los acontecimientos, Alejandro envía una carta al director de la institución advirtiéndole que, de no ser enviado a España o México, se suicidaría. "En realidad no quería suicidarme, sólo quería dejar de sufrir". El responsable del centro penitenciario hizo caso omiso de la misiva y pasaron otros tres meses, esta vez trabajando en la cocina, por unos cinco euros al día.

Finalmente, tras seis un encierro de medio año, Alejandro es enviado a España. Lo dejaron en Barajas con una carpeta debajo del brazo que debía entregar a los policías del aeropuerto. No había nadie.

"Aún así busqué en el aeropuerto a quién dársela, para volver a solicitar asilo. Finalmente encontré a un policía que me comunicó que mi solicitud había sido denegada y que tenía que firmar. Los de la Cruz Roja me dijeron que no tenía alternativa. Así que firmé, me fui, me senté y lloré, y lloré, y lloré".

Alejandro no sabía dónde ir, ni a quién llamar. Así que decidió ir a una iglesia mormona de Madrid, cuya religión procesa. Allí le dieron de comer, acceso a una ducha, ropa limpia y le buscaron una habitación para que pudiera instalarse. Empezó a trabajar en la construcción, pintando, haciendo chapuzas… A veces le pagaban entre 20 y 40 euros al día por jornadas de hasta doce hora. Algunos incluso intentaban pagarle con un poco de leche o carne.

La notificación de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) que le denegaba la admisión a trámite de la solicitud de asilo a Alejandro no cuestiona la verosimitud de su relato. El documento, en cambio, asegura que su caso no se ajusta a la normativa dado que Alejandro fue víctima de una persecución perpetrada por "distintos agentes del Estado". Un hostigamiento que, sin embargo, no había sido "autorizado ni promovido" por el gobierno.

Según la Ley de Asilo, se considera la persecución por parte de terceros agentes cuando el Estado no puede ofrecer una protección efectiva. Una aplicación restrictiva de esta legislación deja fuera a las personas afectadas por casos de violencia estructural como la que asola México.

Sin embargo, la misma ley establece "ser víctima de tortura, tratos inhumanos o degradantes" es motivo suficiente para obtener protección. Y, en este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado que no es relevante la identidad del agente opresor. Jurisprudencia que es obligatoria para España, como establece la propia Ley de Asilo.

Con todo, tal y como Arsenio G. Cores, su actual abogado de CEAR, explica a VICE News "la OAR obvia dicha jurisprudencia y, paradójicamente, pese a dar credibilidad al relato de Alejandro, no lo considera una víctima de tortura".

Pese a todo, y gracias al apoyo de varias personas, Alejandro decide traerse a su esposa y a sus tres hijos en España. "El pequeño no me reconocía. Tiene cinco años y hacía más de dos que no me veía". Tras vivir todos en una habitación alquilada en Madrid, contactan en enero de este año con CEAR.

Gracias a la asesoría de esta organización, lograron una plaza en un centro de acogida mientras se resolvía la nueva solicitud de asilo interpuesta por Alejandro, basada en las incoherencias legales que hemos descrito, así como la de su mujer e hijos.

El desconcierto ha vuelto a dominar la vida de esta familia cuando Alejandro ha sido expulsado del centro al negársele por segunda vez la admisión a trámite de la protección internacional, mientras la de sus familiares sigue adelante.

Su abogado opina que esta denegación "es un claro ejemplo de la arbitrariedad, incoherencia y restricciones con la que actúa la OAR. Es incoherente porque el caso de su familia, basado en la persecución que Alejandro sufrió, sigue bajo estudio pero el de él fue denegado por tratarse de una segunda solicitud. Arbitrario porque en el caso de otra persona mexicana, también torturada por los cárteles, su segunda solicitud fue admitida a estudio –también tras una primera denegación–, sólo dos semanas antes de denegar la de Alejandro. Y restrictivo, por todo lo relatado. Y las interpretaciones restrictivas de los Derechos Humanos son contrarias a Derecho por ir en contra del principio pro-persona.".

"La ley prohíbe separar a unos padres de sus hijos por razones de pobreza. Pero sí lo está haciendo con los refugiados", lamenta Alejandro que ha tenido que desplazarse al norte de España para alojarse en la casa de unos conocidos. La psicóloga de CEAR sigue asistiendo a la mujer y a los niños, profundamente traumatizados por todo lo vivido desde que, hace dos años, Alejandro fuera torturado por los narcos.

Cada semana, decenas de personas a las que se les ha denegado su solicitud de asilo se quedan en la calle, con sus carpetas bajo el brazo, llenas de documentos que relatan historias igual de dramáticas, esperpénticas e injustas que las de Alejandro. Vinieron buscando un refugio y se encontraron con el desamparo.

Hasta 2012, el período de estancia máximo en un centro de acogida era de 12 meses. Entonces se redujo a 6 con posibilidad de prórroga. Muchos salen sin saber aún el idioma y con una ayuda para el alquiler de 350 euros, que puede prolongarse algunos meses. La resolución de las solicitudes de asilo de iraquíes o afganos, por ejemplo, llevan más de dos años de retraso.

En 2014, 5.615 personas solicitaron protección internacional en España. Sólo 385 personas consiguieron que se les concediera el estatuto de refugiado y unas 1.200 protección subsidiaria. Según el informe anual de CEAR, España ha tramitado 180.580 solicitudes en los últimos 30 años. Alemania sólo en 2014, 202.645.

"Si no como, tengo hambre como tú. Si hace frío, tiemblo como tú. ¿Por qué entonces no se me trata como a un ser humano?, se pregunta Alejandro.

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