Ritmo: de una de las peores cárceles de EE.UU. a centro de detención para inmigrantes

La prisión privada Willacy County Correctional Center, alguna vez conocida como Ritmo —como referencia a Guantanamo Bay— tuvo que cerrar sus puertas en 2015 después de que cientos de reclusos organizaran disturbios para protestar contra las pésimas condiciones en las que vivían, la falta de atención médica y la sobrepoblación.

Pero ahora, gracias a la campaña antimigrante de Donald Trump, Ritmo, ubicada en Texas, se prepara para reabrir. Autoridades del condado informaron que tienen programada una reunión para revisar la oferta de dos contratistas en la industria de las prisiones privadas que quieren arreglar las instalaciones dañadas y convertir el lugar en un centro de detención de migrantes.

"Veremos quién ofrece el mejor trato, y quien lo haga, será contratado", explicó Eliberto Guerra, comisionado del condado Willacy. "Hay muchas opciones sobre la mesa".

Guerra dijo que el condado ha estado en pláticas con dos empresas: Management and Training Corporation (MTC), con base en Utah y quien se encargó de la apertura de Ritmo en 2006; y por otro lado GEO Group, la segunda empresa de prisiones privadas más grande de Estados Unidos.

Issa Arnita, vocera de MTC, se negó a emitir cualquier comentario, asegurando que "es prematuro dar detalles". El vocero de GEO Group, Pablo Paez, negó que la compañía esté "en negociaciones o discusiones para encargarse, reabrir u operar el centro".

Guerra dijo que la posible reapertura de la prisión es posible gracias a una orden ejecutiva que Trump firmó el 25 de enero, la cual autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) "destinar todos los recursos disponibles para establecer contratos para construir, operar o controlar instalaciones y detener a los migrantes cerca de la frontera con México".

La actividad de las empresas penitenciarias privadas ha aumentado desde que Trump fue elegido presidente, y algunos inversionistas esperan que la nueva administración aumente de forma significativa la detención de migrantes en situación irregular. Hasta hoy Estados Unidos mantiene cerca de 34.000 detenidos en prisiones privadas.

El Departamento de Justicia anunció casi al final de la administración de Obama que reduciría gradualmente el uso de prisiones controladas por el sector privado debido a preocupaciones sobre seguridad y costos. Sin embargo, la administración de Trump dio marcha atrás a esta medida casi inmediatamente.

Las prisiones privadas han sido criticadas en varias ocasiones por los malos tratos dados a los reclusos y aprovecharse de la sobrepoblación, siendo Willacy la peor de todas. Un reporte de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de 2014 se refirió a ellas como "una símbolo de todo lo que está mal respecto a la industria penitenciaria privada y la penalización a los migrantes".

Antes de los disturbios, ocurridos el 3 de febrero de 2015, Willacy tenía más de 3.000 presos, la mayoría de ellos ubicados en tiendas de campaña fuera de las celdas. La ACLU entrevistó a varios reclusos, quienes se quejaron de las "alimañas, de los baños insalubres, falta de luz natural y alimentos incomibles".

Durante los disturbios, los prisioneros usaron navajas de afeitar para cortar las tiendas en las que dormían, para después saquear la prisión e iniciar una serie de incendios. Fueron necesarios casi dos días para que las autoridades pudieran tomar el control de la situación, y para entonces la prisión era inhabitable. La Agencia Federal de Prisiones canceló su contrato de 532 millones de dólares con la empresa MTC y transfirió a los prisioneros a distintas instalaciones en todo el país. Guerra dijo que la prisión ha estado vacía y en ruinas desde entonces.

El condado de Willacy, el cual recibía cerca de 2,5 millones de dólares al año en ganancias, tuvo que dividir su presupuesto en tres partes. El condado demandó a MTC, alegando que "el terrible manejo y condiciones deplorables" provocaron los disturbios. Guerra prefirió no emitir ningún comentario sobre los reportes que existen acerca de que el condado podría retirar la demanda si la empresa acepta reabrir la prisión.

Carl Takei, abogado del Proyecto Nacional de Prisiones, habló sobre la posibilidad de que el condado Willacy se asocie nuevamente con MTC a pesar de la demanda y los disturbios. También señaló que varios estudios muestran que las prisiones privadas tienen un impacto económico negativo a largo plazo en las comunidades, y advirtió que el gobierno podría elegir cancelar su contrato con MTC nuevamente si la compañía no logra resolver los problemas derivados de los disturbios.

Sin embargo, Guerra dijo que los oficiales del condado estaban concentrándose más en el impulso económico que traería la reapertura de Ritmo. "Lo más importante son los empleos que se generarían para los habitantes del condado", dijo. "Es lo que todo el mundo busca, los trabajos que perdieron hace dos años".

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