El 'saqueo' de Franco: 750 familias exigen la devolución del dinero que les incautaron

"La vida no te la pueden devolver, pero el dinero sí. Por eso, han puesto algunas placas a las víctimas [mortales] del franquismo y han comprado algunos ramos de flores pero ningún gobierno ha retornado el dinero que nos robaron", asegura a VICE News Agustín Aranda.

Jubilado y con 70 años de historia a sus espaldas, Aranda exige que el Estado le devuelva, con el valor actual, las 2.390 pesetas [la moneda española que funcionó hasta 2002] que incautaron al abuelo de su mujer en 1939. Una cifra que equivale a unos aproximadamente a unos 20.000 euros, de acuerdo con las tablas de correspondencia que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aranda es sólo una de las cerca de 750 familias de afectados que exigen la devolución del dinero que les fue requisado en base a una orden que el bando golpista liderado por Franco publicó en su Boletín Oficial (BO) el 5 de septiembre de 1938, durante la Guerra Civil, y que estudian llevar el asunto a los tribunales. Todos ellos se han organizado entorno a la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista que, hasta el momento, ha asesorado más de 2.000 personas, los únicos que se han dirigido a la organización y que no son representativos de la dimensión real de la incautación, que afectó a muchos más.

La medida publicada en el BO obligaba a los habitantes, fuera cuál fuera su adscripción ideológica, de los pueblos o ciudades en los que los insurgentes franquistas habían entrado tras expulsar a las fuerzas democráticas a que entregaran el papel moneda que circulaba y había sido emitido durante la República.

"Se trataba de papel moneda garantizado por los fondos de oro del Banco de España. Durante la guerra, a medida que los insurgentes iban ganando posiciones, se adueñaban cada vez de mayor cantidad de papel moneda", asegura a VICE News Laura Cervera, historiadora y vicepresidenta de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del gobierno franquista. De acuerdo con esta experta, los franquistas utilizaron la política monetaria como arma de guerra de forma meditada y planificada.

"Con este estrategia ahogaron financieramente a los republicanos que cada vez tenían menos dinero para financiar la guerra civil, mientras, ellos utilizaron el montante incautado para financiar el avance de sus propias tropas. Parte del dinero incautado lo cambiaron por divisas y uno de sus principals objetivos fue devaluar la moneda republicana", añade Cervera.

De hecho, precisa esta historiadora, antes de aplicar estas medidas, el papel moneda republicano era mucho más valioso que el de la zona nacional, que no gozaba de reconocimiento fuera de nuestras fronteras por tratarse de una autoridad antidemocrática.

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Los golpistas declararon de nulo valor todos los billetes emitidos por el bando enemigo a partir del inicio de la guerra en julio de 1936 y sólo dieron validez a aquellos que aún siendo emitidos con posterioridad contaban con un estampillado que ellos mismos crearon.

Hay que entender, aclara Aranda, que en aquel momento "había dos boletines oficiales, dos Bancos de España, y se crearon dos zonas monetarias independientes".

Todos los ciudadanos que entregaron su dinero recibieron un recibo con la leyenda Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo donde se indicaba la cifra abonada al bando nacional. Los franquistas se comprometieron a retornarlo una vez se acabara la guerra, pero eso nunca sucedió.

Más de 7.700 millones de pesetas, de acuerdo con Sánchez Asiaín, autor de 'Economía y finanzas en la guerra civil española' y ganador del Premio Nacional de Historia, fueron incautados en ese período. Cervera asegura que no conocen ningún caso de devolución. No pagar, no era una posibilidad, entonces.

"Para subvenir a los cuantiosos gastos que origine esta Cruzada patriótica, liberadora de la tiránica opresión rusa, se le ha asignado a usted, a propuesta de la Comisión técnico-asesora que conoce sus bienes de fortuna, una cuota de 2.500 pesetas que le rogamos haga efectiva en el más breve plazo…Si alguno se niega a ello [a dar el dinero] se publicará su nombre en la prensa o se tomara con ellos alguna medida enérgica por quien corresponda. ¡Arriba España y viva España!"

El 17 de octubre de 1936, la Junta Recaudatoria Civil de Defensa Nacional mandaba una carta con este mensaje a un hombre [cuyo anonimato nos han pedido que respetemos] para informarle de que se apoderaban de este dinero transfiriendo el montante que tenía ingresado en su cuenta privada a una gestionada por los golpistas. El dinero nunca volvió.

"Todo el mundo nos da la razón, pero sólo nos quedamos con la razón", lamenta Cervera. Para la vicepresidenta de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del gobierno franquista ningún ejecutivo se han atrevido a reconocer el derecho a la devolución porque "consideran que esto puede ser como una caja de pandora, que tras nosotros vendrían los propietarios de inmuebles, aquellos a los que les robaron las joyas, etc…". Cuando hablamos de memoria histórica, sostiene esta experta, no podemos hablar sólo de la de unos cuantos.

"La represión era una máquina de apropiación de bienes", asegura a VICE News Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Silva recuerda que cuando se abordó la Ley de la Memoria Histórica que, finalmente, fue aprobada en 2007, los ponentes del entonces gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que formaban parte de la comisión que la elaboró, se negaron a incluir la devolución de dinero y bienes incautados.

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"Ellos alegaron inseguridad jurídica y la trampa es que lo que en realidad genera es inseguridad económica para quienes se apropiaron de lo que no era suyo. Si a mi familia le devolvieran lo que le quitaron a mi abuelo, quizás también nos sentiríamos más seguros", afirma Silva con sarcasmo.

"Fue un gran descalabro económico para mi abuelo". Cervera se refiere a los 7.000 euros que incautaron a Amadeo Bordalba Armengol. "Por aquel entonces una cantidad así te servía para empezar una vida nueva. Pero lo cierto es que la gente lo único que pensaba es que estaba viva y que tenía que seguir adelante".

Pero pese a las peticiones de diputados de los partidos independentistas catalanes Convergencia i Unió y Esquerra Republicana de Catalunya en el seno del Congreso de os Diputados y las reclamaciones de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, el gobierno nunca ha atendido las reclamaciones de devolución.

Tampoco sirvió de nada hacer llegar la reivindicación al Síndic de Greuges [Defensor del Pueblo de la comunidad Autónoma de Cataluña], ni reunirse con miembros del PSOE, ni mandar una carta el entonces presidente del gobierno.

Hoy, la vía judicial parece el único camino. Parte de estas 750 familias que están estudiando llevar el tema a los tribunales lo harían a través del despacho dirigido por el ex juez Baltasar Garzón.

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