Se agitan las elecciones en Perú porque sacan a un candidato de la contienda

La elección presidencial en Perú corre el riesgo de terminar en un escándalo, después de que las autoridades electorales prohibieran la participación del candidato que se ubicaba en el segundo lugar de la contienda, debido a una cuestión burocrática menor, apenas un mes antes de la votación.

La candidatura de Julio Guzmán fue anulada porque miembros de su partido Todos por el Perú, avisaron a las autoridades electorales sobre la elección de su candidato con 14 días de anticipación. La ley requiere un aviso de 15 días. Las autoridades dictaminaron que el partido también había fallado en registrar correctamente a algunos miembros de Todos por el Perú.

Guzmán, ubicado en la corriente centro-derecha, había emergido recientemente como el único candidato capaz de desafiar a Keiko Fujimori, la candidata que encabeza las preferencias electorales, la cual está haciendo campaña en medio de la controversia que existe por ser la hija de Alberto Fujimori, expresidente peruano que fue encarcelado en 1990 dejando un legado marcado por la ideología de extrema derecha en el país.

Las encuestas indican que Fujimori cuenta con el apoyo de entre el 30 y 35 por ciento de los votantes en víspera de la primera ronda de votación que se realizará el 10 de abril. Por otro lado, Guzmán ha incrementado recientemente su popularidad entre los jóvenes, lo que ha dejado a los otros candidatos compitiendo por alcanzar la cifra de dos dígitos en las preferencias.

Las encuestas también mostraron que habría un empate entre Guzmán y Fujimori si se enfrentaran entre sí en la segunda vuelta electoral programada para el 5 de junio.

La decisión del máximo tribunal electoral peruano de prohibir competir a Guzmán, generó indignación entre los ciudadanos. Los analistas advierten que esa decisión, tomada por burócratas sin rostro, ha socavado la de por sí frágil democracia en el país. También hubo señalamientos de que el fallo favoreció deliberadamente a Fujimori, y al expresidente Alan García, quien se ubica en el sótano de las encuestas en su intento de conseguir un tercer mandato.

Gustavo Gorriti, periodista de investigación y líder de opinión en el país, se mostró crítico al decir que la decisión es un flagrante intento de arreglar la elección.

"Los trucos sucios para tratar de ganar a través de trampas burocráticas significa que no pueden ganar la elección en las urnas, y representan un fraude anticipado", escribió en el sitio web sobre derechos humanos IDL.

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En una conferencia de prensa el jueves pasado, Guzmán se comprometió a continuar su campaña para que sean respetados sus derechos electorales, y dijo que llevará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "El votante decide las elecciones; la palabra 'fraude' no es exagerada para mi", señaló.

También advirtió que la Organización de Estados Americanos, la cual monitorea los procesos democráticos en la región, lo contactó desde que se anunció el fallo, y están preparando enviar una delegación a Perú la próxima semana.

"En un país serio esto se aborda y se resuelve, en julio o agosto, no un mes antes de las elecciones", dijo a VICE News, José Alejandro Godoy columnista político del diario Exitosa. "Nadie en el partido de Guzmán se ha quejado de la forma en la que fue elegido. Este tipo de incompetencias del tribunal, socava aún más la naturaleza ya precaria de nuestras instituciones democráticas".

Otra voz feroz contra el fallo ha sido la de Diego García Sayán, exministro de Justicia, y ahora juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. García Sayán supervisó la redacción de la ley electoral de 2001 citada en el fallo contra Guzmán.

En una columna en la prensa, escribió que la legislación incluía una cláusula específica destinada a proteger el derechos de los ciudadanos y los candidatos a la participación política en contra del la aplicación excesiva de la burocracia.

En ese sentido, Steven Levitsky, politólogo de Harvard, explicó que salvo que hubiera un candidato menor de edad, los detalles burocráticos de este tipo no tienen precedentes en América Latina desde que la democracia remplazó a las dictaduras militares en la región.

El fallo parece favorecer el camino a la presidencia de Keiko Fujimori, cuyo padre se vio envuelto en varios casos de corrupción durante su gobierno, además de los señalamientos por las innumerables ejecuciones extrajudiciales contra el grupo insurgente Sendero Luminoso, en las que se asesinó a supuestos sospechosos de pertenecer a esa organización, e incluso a personas totalmente inocentes. Su padre también llevó a cabo una campaña de esterilización forzada contra mujeres pobres, principalmente indígenas.

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Más allá de las críticas por el fallo judicial, también hubo reclamos contra las autoridades electorales por favorecer deliberadamente a los rivales de Guzmán.

Uno de los jueces que inhabilitó a Guzmán, Jorge Rodríguez Vélez, tiene numerosos vínculos con el APRA, partido del expresidente Alan García. Por ejemplo, fue miembro de la comisión que recomendó al presidente indultar a prisioneros durante su segundo mandato, entre 2006 y 2011. Los indultos fueron un escándalo porque encontraron sobornos para favorecer la liberación de cientos de narcotraficantes condenados. Por ello, García apenas alcanza un 5 por ciento en las encuestas.

"Es una investigación que se está llevando a cabo, pero no tiene ninguna conexión con APRA; mi independencia e imparcialidad están aseguradas", señaló Rodríguez Vélez.

Alan García, por su parte, ha tratado de alejarse de la controversia por el fallo, señalando que intentar recoger votos perdidos de Guzmán sería de muy mal gusto.

No sólo a Guzmán se le prohibió participar, otro candidato, César Acuña, también fue impedido debido a que se le entregó dinero en efectivo durante sus actos de campaña. Esto contraviene una nueva ley diseñada para evitar que candidatos populistas hagan promesas sin fundamento a votantes pobres, en lugar de brindar propuestas políticas.

Sin embargo, Acuña no es muy popular entre los peruanos. Es un millonario dueño de una cadena de universidades privadas y fue evidenciado por supuestamente plagiar la tesis doctoral de su mentor. Pero la decisión de dejarlo fuera de la carrera presidencial ha provocado cuestionamientos en el sentido de que Fujimori tampoco ha sido investigada a pesar de haber recibido dinero de sus seguidores en un acto de campaña el 14 de febrero en Callao, puerto industrial contiguo a Lima, la capital.

Fujimori aún no ha respondido a las acusaciones, pero una de sus partidarias, Ana Aguilar Terrones, explicó que no existe ninguna violación a la ley ya que el dinero fue recaudado de forma independientemente a su partido.

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